«Nadie pagará los daños cuando todo el trabajo de la mina haya terminado», cuestionó María del Rosario Velásquez, vecina del proyecto Oasis, situado 102 kilómetros al sudeste de la capital guatemalteca, donde la firma canadiense Tahoe Resources se propone extraer oro, plata, zinc y plomo.
Velásquez no tiene certeza de los beneficios que podría dejar esta mina a la población de San Rafael Las Flores, el municipio donde se realizan las tareas de exploración y excavación. Pero de lo que sí está segura es de los riesgos que representa para el ambiente. »Sabemos que habrá mucha contaminación y por eso no estamos de acuerdo con la obra. El único beneficiado de eso es el alcalde», señaló a IPS.
En Guatemala, el fuego del debate minero ardió nuevamente después de que el flamante presidente, el general retirado derechista Otto Pérez Molina, firmó el 27 de enero junto a la Gremial de Industrias Extractivas un «convenio voluntario» de aumento de regalías, que regirá hasta que sea aprobada una nueva ley para el sector. En ese acuerdo, que carece de sustento legal para obligar a las empresas a cumplirlo, ambas partes dispusieron aumentar las regalías de uno a cinco por ciento por la extracción de oro y de uno a cuatro por ciento para la plata, mientras que en el caso de los metales básicos como níquel, plomo, zinc y otros pasaron de uno a tres por ciento.
Para las canteras de cal, cemento, mármol y piedra, cuya explotación también ha generado problemas ambientales en el país, los aportes empresarios al Estado se mantendrán en uno por ciento sobre el producto comercializado. Pérez Molina considera un logro importante que el Estado aumente en un año el cobro de regalías, que según sus cuentas pasarán de 53 millones de dólares a un monto estimado de entre 80 y 93 millones. Pero, además de ser voluntario, el acuerdo establece que el aumento de esos aportes quedará sin efecto si el precio internacional del oro baja a menos de 975 dólares la onza troy, que en la actualidad se cotiza en torno a los 1.730 dólares, y en el caso de la plata a menos de 16 dólares la onza, cuando hoy su valor de mercado es de 33,70 dólares.
Ambientalistas, universidades y vecinos rechazaron este acuerdo al considerar que el debate en torno a la actividad minera supera lo tocante a las regalías y debe considerar los recursos naturales, el desarrollo de los pueblos y ponderar sus beneficios reales para el país. Velásquez, de hecho, cree que su comunidad no obtendrá ningún beneficio del aumento de las regalías de la extracción minera, «aunque sí nos va a perjudicar».
Raúl Maas, del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la jesuita universidad Rafael Landívar, dijo a IPS que la minería de metales preciosos, como el oro y la plata, debería suspenderse en el país porque «no hay condiciones para su desarrollo». »Esta industria debería estar basada en tres criterios fundamentales: Que sea sostenible, económicamente rentable, y social y ambientalmente responsable. Pero en el caso guatemalteco solo se cumple con el segundo», afirmó.
Según el experto, el «Convenio marco de implementación de regalías voluntarias derivadas de la actividad minera en el país» no es sostenible, «porque no hay ninguna ley que lo ampare. Pero estas son discusiones que van más allá de si cobramos cinco, seis o siete por ciento de regalías», insistió. Maas entiende que Guatemala necesita definir cuál será el rumbo de su desarrollo. «Pero el impacto ambiental de la minería es un tema que no se ha tocado y la restauración de las áreas devastadas no aparece en la Ley de Minería en vigor», ejemplificó. Por esa razón, «como instituto estamos planteando trabajar en un Pacto Ambiental Nacional, como base de estos temas, porque la actividad minera atenta contra un recurso estratégico de las comunidades que es el agua». Mientras se instala el debate, la producción minera de metales camina a pasos agigantados en Guatemala, como lo demuestra el hecho de que pasó de unos nueve millones de dólares, en 2004, a 522 millones, en 2010, según el Ministerio de Energía y Minas.
Las estimaciones de la Gremial de Procesadoras, Minas y Canteras de Guatemala indican que para el período 2010-2016 esta industria invertirá 2.370 millones de dólares, pagará 280 millones de dólares en impuestos y generará unos 16.000 empleos directos. Sin embargo, la ecologista Magalí Rey Rosa indicó a IPS que «la minería de metales preciosos debería suspenderse hasta que tengamos una ley decente y la sociedad participe en un debate sobre las implicaciones y las ganancias directas de esta industria». »Para respaldar la continuidad de la minería en el país es necesario que se realice una consulta popular, en la que la población diga si está, o no, de acuerdo con esta actividad», planteó. Además, la activista calificó de «burla para el pueblo de Guatemala» el acuerdo firmado entre Pérez Molina y los empresarios del sector extractivo, cuyo único objetivo «es lavarle la cara a las firmas para que sus actividades sean aceptadas».
Rey Rosa cree que es necesario diferenciar entre los diferentes tipos de minería. «No es lo mismo sacar oro que hierro». »Los conflictos mineros a nivel global se deben al oro en 80 y 90 por ciento de los casos», sostuvo. Para impuslar su economía, Guatemala debe buscar alternativas en el ecoturismo, según Rey Rosa. «Tenemos riqueza en culturas vivas, biodiversidad, somos un país bendecido, pero lo estamos haciendo pedazos», señaló. Natalia Atz, de la no gubernamental Asociación Ceiba, dijo a IPS que les preocupa el hecho de que no se está respetando las opiniones de las comunidades con respecto a si están de acuerdo, o no, con los proyectos mineros situados en sus territorios. »En el país se han hecho 58 consultas comunitarias desde 2005 para preguntarle a la población si están de acuerdo con la minería, y en todos los casos el resultado fue un rotundo pronunciamiento en contrario, pero el gobierno nos ha ignorado», señaló. »Los daños provocados por las mineras en las fuentes de agua y la deforestación, no se pagan con cinco por ciento de regalías. Deben considerar la opinión de los pueblos y fomentar proyectos productivos para su desarrollo», concluyó.
Mientras, Mario Marroquín, de la Gremial de Industrias Extractivas, ha dicho que, aunque no se hayan hecho reformas legales para aumentar las regalías, «existe un compromiso de todo el sector minero a adherirse al convenio y hacer los pagos voluntarios a partir de este año». Las nuevas tasas se ubican al nivel de Perú y Brasil, cuyo destino en buena parte «será mejorar la calidad de vida de las comunidades aledañas a las minas», opinó el empresario. Además, recordó que esta industria paga otros tributos como el impuesto sobre la renta, el único sobre inmuebles y timbres, para nutrir las arcas del Estado. »La idea no solo es contribuir con mejorar los ingresos del Estado, sino garantizar la sostenibilidad y competitividad de la industria», indicó.(FIN/2012)