El año 2015 murió de la misma forma que el gobierno del Partido Patriota (PP): en medio de un coro de miles de voces en las calles y plazas, que exigían su fin. Indignados, con toda razón, por las muestras de corrupción y despilfarro del PP, al mismo tiempo la gente moría por falta de medicinas o agua limpia en los hospitales. Al mismo tiempo que en las comunidades rurales y urbanas el Estado-gobierno no llega nunca en la forma de centros de salud, educación, arte o agua entubada, pero si en la forma de fuerzas de tarea y otros grupos armados encargados de “mantener el orden” dominante.
Muchos vieron con una mezcla de creciente desconcierto pero también de esperanza las diversas movilizaciones que culminaron con la renuncia del binomio gobernante. Otros hablaron de la “vieja política”, para referirse a la política como sinónimo de corrupción (además de hacer un juego de palabras machista para referirse a la candidata del partido UNE).
También se habló de la “nueva política” para indicar la aparentemente nueva situación, en la que dichos vicios fueron superados para siempre. Una visión a todas luces simplista de la política, el poder y la historia en Guatemala (queda preguntarnos si este análisis se debe a la ingenuidad o al cinismo).
El sorprendente triunfo electoral del partido Frente de Convergencia Nacionalista (FCN) y la transición “a tropezones”, así como un balance de las palabras, las obras y las “actuaciones” del nuevo presidente en estos primeros seis meses del año 2016, nos permiten afirmar que “la vieja política” en realidad no ha sido superada.
Pero no se trata de la “vieja política” de hace solo unos cuantos años, sino el enfermo árbol de la política que nació junto al Estado-nación guatemalteco en el siglo XIX, cuyas ramas llegan hasta estos mismos días en el siglo XXI, pero que hunde sus raíces hondamente en el suelo de la dominación colonial.
Entre muchos otros ejemplos de lo indicado, podemos mencionar la renovación de la pugna jurídica pero también política entre aquellos grupos que insisten en señalar, con las pruebas en la mano, que en Guatemala el Estado implementó políticas genocidas durante la guerra civil o Conflicto Armado Interno (CAI), y aquellos otros grupos que niegan lo anterior, con una serie de argumentos que apelan a sentimientos e ideas como el nacionalismo o un visceral anticomunismo, pero no a la lógica ni a los hechos. Recordemos que desde la época electoral, el entonces candidato del FCN, y actual presidente, tomó partido por la segunda opción, la negación del genocidio.
Esta disputa jurídica y política no solo se desarrolló en el mismo juicio por genocidio, anulado en años pasados y hoy reactivado a puerta cerrada; sino también en otros procesos como el caso de la base militar CREOMPAZ (antigua Zona militar 21 de Cobán), donde han sido localizadas cientos de osamentas de civiles torturados y asesinados, o el caso del campamento militar Sepur Zarco (en Panzós, Alta Verapaz), que fue el escenario de torturas y asesinatos a varios luchadores q’eqchi’ por la tierra y el territorio, así como de la esclavitud y violencia sexual de sus viudas durante largos años.
Tanto la Zona militar 21 de Cobán como el campamento de Sepur Zarco fueron piezas centrales, no solo de las políticas genocidas o políticas de muerte (necropolítica), sino también de las políticas de control, explotación y dominación de poblaciones, territorios y elementos naturales (biopolítica). Tanto la biopolítica como la necropolítica forman parte de la “vieja política”, que ya quisiéramos ver superada, sin embargo se renuevan y se entrelazan de múltiples formas en estos tiempos de una supuesta “nueva política”.
Hoy en día podemos ver a la necropolítica y a la biopolítica en acción, tanto en la destrucción de viviendas, cultivos y medios de vida de las comunidades desalojadas para dar paso a las plantaciones de monocultivo, como en la represión armada que acabó con la vida de Rigoberto Lima Choc (Sayaxché, Petén, 2015) o Walter Méndez (Las Cruces, Petén, 2016), entre muchos otros que no podemos mencionar aquí.
Asimismo, la necropolítica se evidencia en la persecución judicial contra los hombres y mujeres que se enfrentan a las empresas extractivas nacionales y transnacionales (mineras, petroleras, hidroeléctricas, agroindustriales). Por ejemplo las casi 100 órdenes de captura contra líderes y lideresas comunitarios de Alta y Baja Verapaz, por el “terrible crímen” de defender los territorios y la vida. O en la reciente anulación, de forma legal pero abiertamente injusta, de la consulta municipal en Cahabón (Alta Verapaz), en la cual la población votaría en relación a los usos del agua de los ríos Cahabón y Oxec.
En resumen, la máscara de la “nueva política” cubre el rostro de la “vieja política”, que aún está vigente de muchas formas. También sigue vigente la “vieja economía” extractivista (que también tiene raíces en los despojos coloniales). En estos tiempos de “nueva política”, los proyectos extractivistas de todo tipo están fortaleciéndose y consolidando su presencia territorial. Sin embargo, a cada paso han tenido que enfrentar las numerosas y diversas resistencias comunitarias en defensa de los territorios y elementos naturales como el agua. Entre muchas otras cosas, esas resistencias comunitarias nos hablan de un nuevo sentido, esta vez alternativo, de la biopolítica-, toda vez que son luchas en defensa de la vida.
Por Camilo Salvadó, Equipo PICTA – AVANCSO, Pueblos Indígenas, Campesinos, Capitalismo, Territorios y Ambiente (PICTA). La columna fue el Editorial del Noticiero Maya K’at de la Federación Guatemalteca de Educación Radiofónica FGER el 17 de agosto del 2016.