Uno de los rasgos de los propietarios del capital en el campo y en la minería durante la colonia y el porfiriato, fue el uso de personal a su disposición para reprimir cualquier connato de descontento; después en la época posterior a larevolución mexicana proliferaron en el campo los conocidos como “guardias blancas” que son una especie de policías privados que cuidaban las propiedades de los terratenientes, y así siguió la práctica con los finqueros, una especie de policías armados pagados por los propietarios de la tierra.
Esto no ha cambiado mucho: por ejemplo las compañías capitalistas que se han establecido en zonas de riego en el norte y noroeste del país, que producen hortalizas para el mercado capitalista con tecnología de punta, emplean a miles de jornaleros, la gran mayoría de ellos de habla indígena, “enganchados” en el centro y sur-sureste del país, por los llamados “coyotes”, que después son sobreexplotados en el campo, por las compañías capitalistas que producen para el mercado mundial; pero además están vigilados por policías privados, dentro de las grandes propiedades privadas de tierras o rentadas a los ejidatarios.
Esto también empieza a suceder en las millones de hectáreas concesionadas a las corporaciones capitalistas dedicadas a la minería, tanto nacionales como extranjeras.
La prueba de que existen policías privados pagados por las compañías mineras, fue la muerte hace algunos días de un joven de Mellado aquí en Guanajuato, que fue acribillado al parecer, por un guardia privado de la empresa minera, que aunque se desconoce los motivos por los cuales fue asesinado, lo que sí es evidente es que la policía pública que aunque sigue sirviendo al interés del capital, está siendo sustituida de nuevo por la policía privada en las concesiones mineras, donde proliferan las tradicionales “guardias blancas” como se les llamaba en el pasado.
Las compañías mineras que tienen a su disposición batallones de guardias privadas pagadas por ellos en sus instalaciones, cuando no les conviene utilizarlos, recurren a la amenaza con la fuerza pública, como fue el caso de la compañía canadiense Gammon Gold que opera las minas El Cubo y Las Torres en Guanajuato; fue el caso que en junio de 2010, cuando esta compañía capitalista canadiense se negó a distribuir las utilidades que por ley les correspondía a los trabajadores mineros, la prensa en esa época afirmó que “Los inversionistas aseguran que el conflicto se resolverá con la fuerza pública, como ocurrió recientemente en la mina de Cananea, Sonora”; o bien, las empresas como esta recurren a la “justicia” en busca de apoyo, y fue el caso, como se dijo en la prensa en ese conflicto: “En lugar de negociar, Gammon Gold interpuso ante la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato una denuncia penal contra los mineros por despojo” incluso la compañía dueña de la mina, “presentó una denuncia penal por despojo y anunció el despido de 397 sindicalizados”.
Así se las gastan las compañías mineras, pero tiene como recurso de represión a los guardias privados que les protegen sus propiedades en Guanajuato y en todo el país, lo que en el pasado se conocieron como las “guardias blancas” de los terratenientes, finqueros y mineros.