Organizaciones no gubernamentales de América, Alemania y Australia llamaron hoy al Gobierno de Canadá a retirar «su apoyo» a las empresas nacionales mineras que operan o pretenden trabajar en países centroamericanos y las acusaron de causar daños.
«Llamamos al Gobierno canadiense a retirar su apoyo a Pacific Rim y Goldcorp, dadas las amenazas y abusos a los derechos individuales y colectivos» de las comunidades de El Salvador y Guatemala, dijo Amanda Kistler, del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) de Estados Unidos.
Así se pronunció Kistler en rueda de prensa, tras leer un comunicado conjunto de al menos una veintena de organizaciones independientes de América, Australia y Alemania que participaron en la «Conferencia Internacional Contra la Minería de Oro», que comenzó el viernes y concluyó hoy en San Salvador.
Asimismo, pidieron a Pacific Rim y a Commerce Group «retirar sus demandas contra el Estado salvadoreño», interpuestas ante el Centro de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.
Pacific Rim ha solicitado una compensación por 315 millones de dólares a El Salvador por negarle un permiso de explotación en la mina El Dorado, en el departamento de Cabaña, al norte del país.
Mientras, el grupo minero estadounidense Commerce Group busca la anulación del falló que ganó el Gobierno salvadoreño en 2011.
La empresa canadiense Golcorp actualmente realiza exploraciones en la mina Cerro Blando, en Guatemala.
Goldcorp «ha utilizado dudosas estrategias perversas para instalarse» en el vecino país centroamericano, según la nota de los participantes en la conferencia.
Aseguraron que durante la visita de campo a la zona constataron que «la amenaza de un conflicto hídrico transfronterizo es real, dado el avance del proyecto de exploración y su ubicación» en la reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad, que es compartida por Guatemala, Honduras y El Salvador.
Por su parte, Manuel Pérez Rocha, coordinador de la no gubernamental Red para la Justicia en la Inversión Global de Washington, señaló que van a seguir luchando por tratar de «revertir el sistema inversionista-Estado».
«Es decir el sistema por el cual las corporaciones (extractivas de minería, gas y petróleo) están extorsionando a las naciones de todo el mundo para obtener ganancias de inversiones que ni siquiera han hecho», a través de demandas millonarias en organismos internacionales, principalmente en el CIADI.
Hasta el 19 de marzo de este año, en el CIADI, con sede en Washington, habían pendientes 169 casos de disputas de inversionistas, de los cuales «60 se refieren a industrias extractivas de minería, petróleo y gas», indicó Pérez Rocha.
De esos 60 casos, 23 corresponden a disputas relacionadas con petróleo, 19 con la minería, 13 con gas y cinco más con proyectos combinados de petróleo y gas, precisa el estudio «Extrayendo Ganancias en Tribunales Internacionales», elaborado por Pérez Rocha y Sarah Anderson para el Institute for Policy Studies.