En el Perú hay una fuerte presión de los grupos económicos para evitar que las reformas ambientales se produzcan bajo el argumento de que las inversiones se van a ir, afirmó José de Echave, ex viceministro de gestión ambiental.
Poderosos grupos de poder como el que se encuentra articulado en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) son los más influyentes y tienen un alto nivel de penetración en las decisiones políticas del país, expresó el investigador miembro de la asociación Cooperacción.
Lo preocupante es que en los últimos quince años -desde Fujimori hasta Humala- no ha cambiado el concepto de desarrollo y “la política minera sigue siendo todo el extractivismo posible en el más breve tiempo posible, y eso no es sostenible desde el punto de vista social y ambiental”, sostuvo De Echave.
Recordó que el Perú ocupa el cuarto lugar entre los países de América Latina con mayores inversiones de la industria extractiva y el sexto lugar en el mundo.
“Sin embargo, a diferencia de otros países todavía tenemos un sistema de certificación ambiental sectorial. Son los ministerios los que fiscalizan. El país tiene que avanzar y diseñar una estrategia de evaluación y fiscalización ambiental fuerte” señaló el especialista.
La asociación Cooperacción, a la cual pertenece De Echave, cumplió este año quince años de acción solidaria para el desarrollo en el Perú.
El poder de la minería
La minería es el sector económico más rentable, dinámico y el que capta la mayor más inversión extranjera, equivalente al 60 por ciento de las exportaciones. Da cuenta del 8 por ciento del producto bruto interno (PBI) nacional, y se calcula que dentro de algunos años la inversión crecerá en más de US$ 50 mil millones de dólares.
“Es falso que la minería se va a ir del país pues no hay minas rentables así no más en otro sitio”, señala De Echave. “Pero, evidentemente, la minería es el sector productivo que más conflictividad social produce en el Perú”.
Una reforma de etiquetas pero sin contenidos
José de Echave se mostró escéptico frente al anuncio de una minería del siglo XXI de la que habla Ollanta Humala. Afirmó que “se ha puesto la etiqueta pero no hay muchos contenidos. Todavía se hace difícil entender lo que el presidente está planteado como nueva minería.”
“Se anunció que esos cambios se presentarían en 30 días, desde el 4 junio. Estamos acabando octubre y hasta ahora no hay nada visible” indicó.
La primera reforma fue la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace), adscrito al Ministerio del Ambiente y cuya función principal será revisar y aprobar los EIA.
Sin embargo, el Senace presenta varios problemas. Por ejemplo, deja la posibilidad abierta para que los ministerios tengan la última palabra sobre la aprobación o no de los EIA de los proyectos extractivos.
“Si se considera a un proyecto extractivo como “estratégico”, la propuesta será debatida en el propio Ministerio de Energía y Minas. No todos los proyectos pasarán por el Senace”, sostiene.
“Lo que el país necesita –dijo De Echave- es que haya rigurosidad exhaustiva en la evaluación de los EIA. El reto es recobrar la confianza para que la población vuelva a creer en la capacidad del Estado para revisar los EIA y dar una evaluación real sin ningún tipo de inclinaciones hacia las industrias extractivas”, dijo.
El experto recomendó fortalecer la capacidad del personal del Estado que será encargado de evaluar los EIA. En el caso del Senace, el Estado tendrá que fortalecer la capacidad y el número de personal para la aprobación de los EIA”, dijo.
Un ministerio sin autoridad ni competencias
“El Perú es uno de los pocos países de América Latina donde los estudios de impacto ambiental (EIA) los aprueba el propio ministerio de Energía y Minas. En Chile los aprueba una autoridad ambiental independiente”
Al Minam le falta autoridad y competencias. “No concibo que un Ministerio del Ambiente no sea el que apruebe los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que es el instrumento que le dará luz verde a un proyecto minero” indica De Echave.
“Es inaceptable que el agua, tema fundamental en la agenda ambiental del país, no forme parte de sus competencias. Es evidente que le faltan competencias que cualquier autoridad ambiental debería tener” prosigue.
“De otro lado, intenta hacer cosas. Por ejemplo, tiene la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) adscrita, pero sin los recursos suficientes para una gestión adecuada, y se continúa haciendo una gestión desde Lima”.
En resumen, “el Minam tiene que ampliar sus facultades, definir e imponer la agenda ambiental con visión de país”, señala De Echave.
Retos pendientes en la gestión ambiental
Entre los retos pendientes se encuentra la institucionalidad de la gestión ambiental y sus herramientas, la ley de ordenamiento territorial, la minería informal, la transparencia financiera de cuánto aporta la industria minera -lo que debería ser una política pública- entre otros.
“Un gran tema pendiente es la tributación minera, donde debería haber una reforma sustantiva. “Hace dos campañas presidenciales se discute si el país debe colocar impuestos a la sobreganancia minera, y hemos perdidos diez años de un impuesto que es un derecho que el país debería tener por entregar un recurso que no es renovable a las empresas mineras”.
Otro tema pendiente es el tema laboral, pues el 70 por ciento de los trabajadores mineros no reciben beneficios laborales de las empresas mineras.
Un ministerio que nivele la balanza
La gestión ambiental nace en el Perú antes del gobierno de Fujimori con la aprobación del Código del Medio Ambiente. La principal reforma de Fujimori fue sectorizar la gestión ambiental y dispersarla en varios sectores.
“La gran reforma que se esperaba del gobierno de Gana Perú era que el ministerio del Ambiente deje de ser un ministerio decorativo, y que se convierta en la autoridad ambiental que el país necesita”. Lamentable esto aún no ha ocurrido, observa De Echave.
El gran problema actual es que el ministerio del Ambiente (MINAM) no ha logrado revertir los problemas de la sectorización” y lograr que la gestión sectorial se convierta en una gestión transectorial, una verdadera autoridad ambiental que trascienda a los demás sectores. Este reto sigue pendiente”, agrega.
La necesita de una autoridad ambiental fuerte radica en que el Perú es un país que tienen sectores extractivos muy fuertes y se necesita un ministerio del Ambiente también fuerte que ayude a nivelar la balanza. “El sector minero es un poder económico fuerte que necesita estar contrarrestado”, dice.
Escenarios futuros
La región Latinoamericana será escenario de una disputa muy fuerte por los recursos en los próximos quince años debido a la riqueza diversa que posee.
“Hay regiones en el mundo donde hay petróleo, gas, minería metálica o no metálica, reservas de agua dulce, pero la única región donde hay todo eso junto es América del Sur. Por eso se darán disputas globales por el control de esos recursos que cada vez son más escasos” expresó.