Las irregularidades en el proyecto Pascua Lama, denunciadas por funcionarios de gobierno luego de la primera visita de fiscalización en noviembre del año pasado, quedarían sin sanción, pues la nueva ley no se pronuncia sobre procesos de sanción abiertos antes de que ella entrara en vigor.
La instalación de la nueva institucionalidad -Ministerio, Superintendencia de fiscalización y Tribunales Ambientales-, quedó parcialmente condicionada en su puesta en marcha, a la aprobación de una ley que crea los Tribunales Ambientales, la que lleva un año de trámite en el parlamento. Mientras este organismo no exista, la Superintendencia de fiscalización no puede ejercer sus funciones… así fue definido en las negociaciones entre el gobierno de Bachelet y la Derecha.
Sin embargo, era compromiso del gobierno piñerista poner en marcha la nueva institucionalidad ambiental, por lo tanto, en Septiembre, el gobierno mandó una ley “express” con un artículo único, que permitía que las facultades de la Superintendencia temporalmente las asumieran los servicios públicos y las instituciones que reemplazaron a la Conama, esta ley fue aprobada y publicada en el Diario Oficial el 13 de Noviembre, un mes y medio después de ya instalada la nueva institucionalidad.
Para sorpresa de las organizaciones ciudadanas, la ley que llenaría el vacío institucional mientras no esté en funcionamiento la Superintendencia, no contemplaría hacerse cargo de los procesos de fiscalización y sanción abiertos en la institucionalidad antigua, solo se hace cargo de los procesos abiertos a partir del 1 de octubre. O sea, procesos de fiscalización y sanción abiertos y en curso antes de esa fecha quedan nuevamente en el limbo de la impunidad.
No haber previsto esta situación, es una negligencia política grave, hay procesos en proyectos importantes que han quedado congelados (hace ya dos meses) y no se sabe hasta cuándo se mantendrían sin concluir. Nos consta que el proceso de sanción al Proyecto Pascua Lama, resuelto en enero de este año, está paralizado desde el 1 de Octubre, y ahora, a pesar de la ley “express” vigente desde el 13 de Noviembre, sigue paralizado, mientras se resuelva la diferencia de interpretación o se envíe otra ley al Parlamento.
Esto senta pésimos precedentes, sobre todo por la gravedad de los temas sujetos a sanción: captación ilegal de agua, afectación a los glaciares que tienen prohibición de dañar y otros impactos no previstos que involucran un cuarto glaciar en la zona. En reciente fiscalización comunitaria dirigentes de Alto del Carmen han denunciado que las acciones de la empresa que están dañando los glaciares han continuado.
Exigimos que la Ministra de Medio Ambiente informe lo que está pasando, de una explicación y aclare esta situación, que asuma la negligencia política y de cuenta al país sobre qué medidas se están tomando para resolver este “vacío”.