26 de mayo de 2011
Esto es parte de lo que presenta el libro “Justicia Ambiental y Gran Minería: la discriminación de las comunidades”, que este miércoles presentó en Santiago el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA). Esta investigación multidisciplinaria se realizó vinculada fuertemente con las comunidades locales, en el contexto del trabajo que esta ONG realiza acompañando, fortaleciendo y articulando a las comunidades que enfrentan inversiones extranjeras mineras.
Según Lucio Cuenca, director del OLCA, “las compañías han comenzado sus operaciones en un contexto de permisiva Institucionalidad Ambiental, que en su primer momento funcionó como una especie de certificadora ambiental para que las compañías obtengan préstamos bancarios internacionales para comenzar a operar en Chile”.
Mientras esto ocurría con el Estado, las Multinacionales y la Banca Internacional, “las externalidades negativas ambientales, sociales, culturales y económicas comenzaban a impactar en las comunidades locales, pobres, aisladas y sin influencia política”, afirmó Cuenca.
“Este libro, junto al trabajo que hemos estado realizando, busca entonces, instalar el concepto de Justicia Ambiental, y comenzar a transversalizar la lucha contra estos megaproyectos industriales, y trasladarla a la sociedad toda, a la ciudadanía, como una forma de fortalecer la lucha de las comunidades”, agregó el director del OLCA.
Precisó también que en un contexto de transnacionalización y privatización de la minería chilena, el libro insta a “transformar la conciencia ambiental en ejercicio de los derechos”, todo esto en medio de un “modelo minero que tiene un ADN de injustica y donde la Constitución protege las operaciones mineras por sobre otros sectores económicos y por sobre las comunidades”.
CONCLUSIONES DESDE LA JUSTICIA AMBIENTAL
El concepto de “Justicia Ambiental”, surgió desde las luchas por los derechos civiles y libertades públicas de la población afroamericana de Estados Unidos en los años ‘80, cuando las comunidades de los “barrios negros” comenzaron a reclamar contra las contaminantes industrias y otros proyectos insalubres que se instalaban masiva y mayoritariamente en las zonas pobres. Luego, este concepto ha sido tomado por comunidades indígenas en Brasil y Ecuador, y aquí en Suramerica, comunidades Mapuche lo han usado también para acusar al Estado de “discriminación ambiental”, cuando todos los basurales en la Región de la Araucanía estaban en territorios indígenas.
El libro lanzado por el OLCA fue realizado luego de meses de investigación participativa con las comunidades del norte de Chile afectadas por la megaminería y donde intervinieron la filósofa, Veronica Gonzalez, la geógrafa, Daniela Escalona, y los psicólogos Mauricio Mardones y Felipe Grez. Esta multidisplinaria investigación logró, además de realizar una actualización de datos sobre la actividad minera en Chile, mostrar a comunidades vivas, que con su conocimiento ancestral, y dándole honor al término “comunidad”, se enfrentan a diario a las compañías nacionales y multinacionales y al Estado.
Según Mauricio Mardones, algunas de las conclusiones obtenidas es que “las comunidades tienen el conocimiento para enfrentar y salir del conflicto”. El psicólogo de la Universidad de Chile además recalcó que “el conocimiento académico no se compara con el conocimiento ancestral y comunitario” y que el conocimiento de la academia, “hay que ponerlo a disposición de las comunidades”.
Mardones también señaló que hay que avanzar a “cambiar la estructura de la sociedad y la Institucionalidad, pues si no se toma en cuenta esto, en los territorios donde se imponen las operaciones mineras y otros proyectos industriales, existirá solo mayor o menor compensación a las comunidades y un debate de quién es el mejor abogado que los defienda”.
En el lanzamiento de la publicación del OLCA también intervino el geógrafo y Doctor en Antropología, Raúl Molina, quién afirmó que este “es un libro de batalla, para una lectura en grupo, para discutirlo con las comunidades”. Un libro al estilo de la “pedagogía de Paulo Freire”, afirmó.
Agregó que de una u otro forma “las Transnacionales han reemplazado el rol del Estado”, y por tanto hay que preguntarse “si realmente nos representan nuestras autoridades”, por tanto lo que ocurre con los reclamos actuales contra la construcción de las represas en la Patagonia “es señal de una crisis más profunda”.
Frente a la pregunta acerca de ¿si identificaron un contrapoder contra este modelo por parte de las comunidades?, los autores coincidieron en que “el contrapoder está en el poder de organizarse de la gente, la necesidad de defender la vida, el agua, y el hacerle honor al concepto de comunidad”.
“No hay dinero que pueda contra ese tan potente contrapoder”, afirmaron.