La Corte Constitucional levantó la suspensión que le había impuesto por una tutela hace seis meses. El planteo fue hecho por mineros artesanales, afros e indígenas de la zona quienes habían conseguido que la Corte Constitucional suspendiera la actividad de la mina hace seis meses.
Por medio de una tutela, mineros artesanales, afros e indígenas de la zona habían conseguido que la Corte Constitucional suspendiera la actividad de la mina hace seis meses.
Luego de que la sala séptima de revisión de tutelas de la Corte Constitucional decidió, en julio de este año, suspender la explotación de oro de la empresa Gran Colombia Gold en la mina de Villonza en Marmato (Caldas), ahora la Sala Plena de ese órgano judicial anuló la sentencia y permitió que la multinacional pueda continuar con su actividad.
El proceso inició porque varios ciudadanos y organizaciones de mineros afrocolombianos e indígenas interpusieron una tutela contra la alcaldía del municipio, la Agencia Nacional de Minería y la empresa Minerales Andinos, que opera la mina y le pertenece a Gran Colombia Gold.
Los accionantes consideraban vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo y la consulta previa, entre otros, porque la compañía adquirió el título para explotar la zona baja del cerro El Burro, donde está la mina, pero no ha respetado –según ellos– un lecho de roca que protege la parte alta de la montaña, donde la comunidad hace minería artesanal.
Además, alegaron que no sabían de la resolución que ordenó el cierre y desalojo de la mina.
Con esos argumentos habían conseguido la suspensión de la actividad minera de Gran Colombia Gold en el lugar, que ahora fue echada para atrás por solicitud de Alberto Castro Saldarriaga, también dueño de un título minero en el cerro, que se consideró afectado por la decisión y pidió que se levantara hasta que su defensa fuera tenida en cuenta.
La Sala Plena de la Corte estuvo de acuerdo en que hubo una vulneración del derecho de Castro Saldarriaga al debido proceso y, en consecuencia, falló a su favor. Por eso, también ordenó su vinculación al proceso de tutela para que pueda exponer sus argumentos.
El pasado miércoles, durante la Tercera Junta Directiva para la Formalización de la Pequeña Minería en Caldas que se realizó en Manizales, la viceministra de Minas, María Isabel Ulloa, dijo que en Marmato se está haciendo un trabajo de caracterización de esta actividad.
Sobre la situación de Gran Colombia Gold, Ulloa expresó que “ahí existe un derecho de propiedad privada, ni siquiera es una titularidad, ni un contrato de concesión, donde hemos estado buscando una mediación entre la empresa y los mineros para que los trabajadores tengan regularidad para ejercer su actividad”.
Por su parte, el alcalde de Marmato, Héctor Jaime Osorio, afirmó que esta situación sigue siendo un problema en el municipio. “Si no se agiliza la formalización siempre el tema va a quedar a la expectativa. La idea es que se haga rápido para que el Ministerio de Minas legalice a los mineros en caso de que no lleguen a un acuerdo de formalización con la empresa, de modo que puedan trabajar sin problema”.
El magistrado Jorge Pretelt, ponente de la sentencia y quien presentó salvamento de voto en contra de la decisión de nulidad, consideró que el nuevo concepto se “decretó con fundamento en la necesidad de notificar a un tercero que ni siquiera había sido afectado por la decisión, lo cual constituyó un mero pretexto para dejar sin efectos una providencia que había afectado los intereses económicos de varias empresas mineras”.