21 de junio 2011
El gobierno de Uruguay prepara un proyecto de ley para implementar referendos consultivos a partir de la instalación de una minera sobre la que el Ejecutivo quiere consultar a la ciudadanía, pero la iniciativa es cuestionada por la oposición luego del conflictivo tratamiento de la Ley de Caducidad.
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, indicó hoy que «el proyecto está prácticamente armado», aunque aún se «están haciendo algunas consultas», y aclaró que la iniciativa no requiere de reforma constitucional, sino que se puede instrumentar mediante la aprobación de una ley simple, según declaró el funcionario a la agencia Ansa.
La idea del Ejecutivo es poner el mecanismo en marcha para decidir sobre la instalación de la minera Aratirí, en el centro-este, y que supondría la mayor inversión privada en la historia del país.
El senador del opositor Partido Nacional Carlos Moreira consideró que si bien un referendo consultivo «no tendría efecto vinculante», el gobernante Frente Amplio «no tiene legitimidad para el planteo por haber desconocido dos pronunciamientos populares sobre la Ley de Caducidad», que impide juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.
En abril, la Cámara de Diputados trató un proyecto para anular los efectos de la Ley de Caducidad, ratificada en dos plebiscitos, y aunque el proyecto no prosperó, el Frente Amplio votó a favor, a excepción de un legislador.
«Tendría que haber una adecuada garantía para que lo que la gente vote, luego se respete», agregó Moreira, en referencia a esos dos plebiscitos sobre la Ley de Caducidad.
En el caso concreto de Aratirí, el legislador sostuvo que la empresa «realizó una inversión de 100 millones de dólares, por lo que cambiar las reglas de juego sobre la marcha parece muy peligroso».
Para el diputado del opositor Partido Colorado Fitzgerald Cantero, «el referendo debe ser vinculante y para ello es necesario reformar la Constitución».
Cantero dijo a Ansa que con la propuesta de habilitar referendos consultivos «se sustituye a la democracia representativa, cuando los gobiernos se eligen para gobernar» y agregó que «lo que se está tratando de hacer es tirarle la responsabilidad a la gente».
Mujica propuso días atrás consultar a la ciudadanía sobre el proyecto de Aratirí para la extracción de hierro, a instalarse en la confluencia de los departamentos Florida, Durazno y Treinta y Tres, y que está en fase de estudios ambientales.
En caso de recibir autorización por parte del gobierno, el emprendimiento, al que se oponen pobladores de la zona y grupos ambientalistas, supondrá la mayor inversión privada en la historia del país, 2.800 millones de dólares, y la creación de 1.500 empleos directos, según la empresa.