uego de las protestas de las últimas semanas, el corredor minero del sur, que atraviesa los departamentos de Arequipa, Apurímac y Cusco, fue declarado el 30 de agosto nuevamente en estado de emergencia. Los tramos bloqueados, que fueron despejados anoche por la policía, conducían a la mina Las Bambas, propiedad de la empresa china Minerals and Metals Group (MMG). Es la quinta vez que el gobierno suspende los derechos constitucionales en cuanto a la libertad y seguridad personal en la zona.
Miembros de la comunidad de Fuerabamba, en Cotabambas, Apurímac, cavaron zanjas en este sector para interrumpir el paso de los camiones hacia la minera ubicada en la zona conocida como Yavi Yavi, en Chumbivilcas, Cusco.
En comunicación con Ojo-Publico.com, Germán Salcedo, presidente del Frente de Defensa del Distrito de Velille, en la provincia de Chumbivilcas, Cusco, sostuvo que el paro indefinido ha sido una medida tomada ante la negativa de la compañía Las Bambas de incluirlos en la zona de influencia directa ambiental y social del proyecto.
Según Salcedo, la comunidad autorizó la construcción de un ducto subterráneo (mineroducto) por donde Las Bambas trasladaría el metal de sus operaciones. Hasta ese momento, Velille era considerada zona de influencia del proyecto; sin embargo, luego se modificó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el distrito quedó excluído.
Esos cambios en el Estudio de Impacto Ambiental no fueron consultados a las comunidades. Ahora la compañía usa la vía nacional, que atraviesa Velille, para el tránsito de camiones cargados de cobre que generan una gran polvareda y ruido en la comunidad.
«Con la polvadera pareciera que estamos en guerra todos los días. No se nos ha compensado por los daños ambientales que están ocasionando», señaló Salcedo sobre los resultados a los que llegaron en la mesa de diálogo del pasado 26 de julio, que contó con representantes del Ministerio de Energía y Minas y la Presidencia del Consejo de Ministros.
La compañía “se excusa diciendo que sus vehículos pasan por una vía nacional y que no es su responsabilidad asumir los dañor porque no se está explotando mineral aquí [en Velille]”, dijo Salcedo.
Desde el 22 de agosto los manifestantes de Fuerabamba han cavado zanjas en el corredor vial minero para impedir el paso camiones encapsulados de Las Bambas.
Henry Vásquez, responsable de la oficina de CooperAcción en Cotabambas, indicó a Ojo-Publico.com que las protestas en las que está participando Fuerabamba no se están realizando en dicha comunidad sino que han llegado hasta la zona conocida como Yavi Yavi, en Chumbivilcas, Cusco, lugar donde Las Bambas consiguió tierras para compensarlos a nivel de ganadería y agricultura.
Funcionarios de la ANA reconocieron que la cuenca de Apurímac no tenía estudios hídricos detallados cuando se entregaron los derechos de explotación de agua para la minería.
De acuerdo a la resolución publicada el día 30 de agosto en el diario El Peruano, la declaratoria del estado de emergencia en el corredor minero buscaría “evitar actos contrarios al orden interno que afecten el normal desenvolvimiento de las actividades”. La formalización de la declaratoria se efectuó a solicitud del Director General de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, señaló a Ojo-Publico.com que el estado de emergencia «es una preocupación porque una zona del país no debería estar en una situación indefinida, la limitación de derechos es una medida excepcional y no es adecuado que sea una situación constante para la población de la zona».
La Defensoría se encuentra a la espera de la respuesta a un oficio que enviaron al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que esclarezca cómo se implementó la denominación de vía nacional al tramo que atraviesa a la zona de Yavi Yavi y si se respetó el derecho a la propiedad.
Ante la participación de algunos abogados denunciados por estafa y extorsión que están asesorando a la comunidad de Fuerabamba, como informó Perú21, Alicia Abanto manifestó que «hay un vacío en la intervención del Estado y la política pública ante la necesidad de las comunidades de ser asesoradas». Sugirió además explorar la posibilidad de regular mecanismos para fortalecer el derecho a la participación en los procesos de diálogo de las comunidades.
El tema del agua en Las Bambas
Las Bambas lidera el ranking de compañías con licencias de uso de agua en la provincia. Los 24 derechos que poseen les permiten extraer agua para sus diversas operaciones, según información a la que accedió Ojo-Publico.com. Funcionarios de la ANA reconocieron que la cuenca de Apurímac no tenía estudios hídricos detallados cuando se entregaron los derechos de explotación de agua para la minería y cuando se aprobó su Estudio de Impacto Ambiental.
Como parte de la serie investigativa Los Dueños del Agua, Ojo-Público.com analizó casi medio millón de derechos de explotación de agua otorgados en medio siglo revela que el agua dulce del Perú está en manos de empresas y personas que obtuvieron licencias para extraer este recurso de ríos, quebradas y pozos.
Según información obtenida de la ANA, el proyecto Las Bambas cuenta con 26 derechos de uso de agua en Apurímac y 17 en Cusco, mientras que decenas de comunidades indígenas viven sin acceso a agua segura. El 2015, la compañía debió pagar S/ 1’070.000, y según registros analizados solo transfirió S/ 904 mil.