A menos de un mes de asumir la Presidencia de la República el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se anuncia un nuevo conflicto alrededor del proyecto minero más grande que tiene el Perú. José de Echave, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros, señala que hay una legítima preocupación por los impactos ambientales y por la concentración del proyecto Las Bambas en la provincia de Cotabambas (Apurímac). “No se ha percibido capacidad ni voluntad política de parte de las autoridades para encarar el conflicto por vías institucionales, de diálogo”, dice.
—Si la población de Cotambambas no se opone a la actividad minera, ¿cuál es el motivo del conflicto alrededor del proyecto Las Bambas?
—Una de las cosas que ha generado temor dentro de la población son las continuas modificaciones que ha tenido el proyecto minero. Son cinco modificaciones implementadas en un plazo de veinte meses. De ellas, dos han sido por procedimiento de modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y tres utilizando un nuevo instrumento que nace de los paquetazos ambientales: Informe Técnico Sustentatorio (ITS). La gran diferencia entre una modificación vía EIA y vía ITS es que los EIA tienen que pasar por mecanismos de participación ciudadana, en cambio los ITS se aprueban en quince días hábiles y no tienen procedimientos de participación y consulta. Esto ha generado malestar en la población de la zona de influencia del proyecto, debido a que varias de las modificaciones realizadas son sustantivas.
—¿Cuál es la principal demanda de los pobladores alrededor del proyecto?
—Hay una legítima preocupación, ya que un proyecto que involucraba tres regiones y cuya infraestructura se iba a distribuir a lo largo de más de 200 kilómetros, hoy en día se ha concentrado en una sola provincia. No solo se ha dejado de lado el mineroducto que iba desde la provincia de Espinar (Cusco) hasta Cotabambas (Apurímac), reemplazándolo por transporte terrestre, sino también se han trasladado las plantas de molibdeno y filtros, y el almacén de concentrados. Hay una legítima preocupación por los impactos ambientales y por la concentración del proyecto en la provincia de Cotabambas.
—¿Qué otras inquietudes plantean.
—La segunda preocupación es por un tema de infraestructura. Antes el proyecto iba a sacar el mineral a través de un mineroducto (tubo), que ahora ha sido reemplazado por carretera, es decir, el mineral está siendo transportado por camiones. Eso está provocando el incremento significativo del tránsito pesado, estamos hablando de más de 300 camiones que todos los días, ida y vuelta, salen y entran a la zona de influencia. Es tránsito pesado que se da en una carretera que no es asfaltada y donde se dan continuos accidentes.
Y lo tercero es que este proyecto ha generado expectativas al haberse terminado la fase de construcción, donde se emplearon a más de dieciocho mil personas, muchas de la zona de influencia. Ahora el proyecto ha entrado en producción y el empleo se ha reducido a cuatro mil personas aproximadamente. Esas personas, en su gran mayoría no son de la zona de influencia ya que el proyecto requiere de mano de obra calificada. Hay malestar por el poco impacto económico. La gente no percibe los beneficios de un proyecto tan grande como Las Bambas.
—¿Cómo se está manejando la mesa de diálogo?
—Se ha venido manejando de manera inadecuada, hasta el momento no se ha percibido capacidad ni voluntad política de parte de las autoridades para encarar el conflicto por vías institucionales, de diálogo. El conflicto en Las Bambas estalló en setiembre y recién en febrero de este año, es decir cinco meses después, se instaló un proceso de diálogo que ha avanzado muy lentamente y todavía no logra acuerdos sostenibles.
—¿Cómo debe abordar el diálogo el gobierno?
El gobierno debe desarrollar sus capacidades para implementar procesos de diálogo. Entre otras cosas se debe identificar cuál es la agenda legítima de la población, y buscar acuerdos que sean sostenibles, construidos sobre la base del respeto de los derechos y que permitan encaminar el conflicto por vías pacíficas y de entendimiento. No olvidemos que, en este conflicto, a diferencia del caso de Conga, la población no se opone al proyecto minero. Lo que está diciendo es que, si la empresa minera se va a quedar 25 o 30 años debe respetar sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, se demanda una suerte de contrato social para que finalmente el proyecto se pueda desarrollar beneficiando también a las poblaciones vecinas.
—¿El conflicto Las Bambas puede significar una bomba de tiempo para el gobierno de PPK?
—Si no se actúa adecuada y rápidamente, si no se enfrenta el proceso de diálogo con capacidad y la suficiente amplitud para entender la agenda existente detrás de las demandas de las poblaciones, sin duda que habrá problemas. El conflicto que hoy en día es latente podría convertirse en un conflicto activo. El Estado no debería desperdiciar la oportunidad de que estamos frente a un conflicto de convivencia, y no de rechazo a la minería. Ahí hay una extraordinaria oportunidad para que, con capacidad, se pueda enrumbar este conflicto por vías institucionales, pacíficas y dialogadas.
—¿Qué solución debe dar el gobierno en cuanto al corredor minero?
—Ya que el famoso corredor minero agrupa a las provincias de Cotabambas, Chumbivilcas y Espinar y a tres proyectos de envergadura: Las Bambas, Constancia y Antapaccay, y que seguramente seguirá dando pie a nuevos emprendimientos mineros, es necesario encontrar cuáles son los temas que preocupan a las comunidades que se encuentran a lo largo de más de los 200 kilómetros de carretera. Lo que la gente está pidiendo es que esa vía sea asfaltada y que tenga todas las condiciones para evitar problemas como los que están ocurriendo ahora: accidentes de tránsito, accidentes ambientales, afectación a las actividades económicas de las comunidades.
—¿Cuál es la importancia económica del corredor minero?
—El proyecto Las Bambas es el proyecto más grande de la minería en el país, es un proyecto de diez mil millones de dólares de inversión. Los proyectos de Antapaccay y Constancia también son proyectos de envergadura. Este corredor minero termina en la costa, en el puerto de Matarani (Arequipa), de donde está saliendo más o menos el 7,5% de la producción mundial de cobre. Hay que enfocar el corredor minero como una posibilidad y una alternativa de desarrollo y no entenderlo, como ahora, en función de los intereses de las empresas mineras. El corredor minero debería funcionar y responder a los intereses de la población, y por lo tanto debería reportar beneficios económicos y sociales a la población, minimizándose los impactos ambientales.