La noticia de la agresión de las rondas urbanas contra las trabajadoras sexuales de dos clubes nocturnos, en Cajamarca, está siendo aprovechada por ciertos sectores para mellar la credibilidad de las rondas campesinas y desacreditar una lucha justa contra el proyecto minero Conga. Así lo advirtió Rocío Silva Santisteban en el diario La República.
La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) hace hincapié en la complejidad de las rondas campesinas y recuerda que estas surgen “en los vacíos de poder del Estado, no por ausencia como suponen muchos, sino por corrupción entre los jueces, policías y operadores de justicia como sucedió en Cuyumalca, Chota, en 1976.”
Compartimos a continuación la columna publicada hoy en el mencionado diario.
¿Lobo qué estás haciendo?
El domingo en La República se publicó un reportaje sobre lo sucedido en Cajamarca con las trabajadoras sexuales de los night club Alondra y PK2 que fueron golpeadas por las rondas urbanas. A mi entender, el reportaje adolece de confusión en relación con lo que implica la institución “rondas” y en la medida que he trabajado el tema desde hace muchos años quería aclarar algunos puntos.
Ante todo quiero dejar constancia de mi indignación por lo sucedido: simplemente lo que hicieron las rondas urbanas es un delito y se tipifica de lesiones contra el cuerpo y la salud. Las fotografías de las piernas de las lesionadas las expusieron ellos mismos y dan cuenta de un atropello y violación de los derechos humanos de todas estas jóvenes y, desde que sé, las rondas siempre han respetado la Constitución y la legalidad. Me solidarizo con todas las mujeres agredidas y espero que se inicie una investigación fiscal que termine en sanción a los culpables.
Sin embargo, creo que la percepción de esta situación en el contexto del inminente inicio de trabajos mineros para desaguar la laguna El Perol, así como de las declaraciones de ayer de Vladimiro Huaroc (“Si no se rescata el Estado de derecho en Cajamarca puede devenir el descontrol”), está siendo aprovechada por ciertos sectores para mellar la credibilidad de las rondas campesinas y desacreditar una lucha justa contra el Proyecto Minero Conga, que poco a poco está siendo cercada por los contratos entre la PNP y las empresas mineras, así como por la flexibilidad que permite a la policía y los efectivos del Ejército hacer uso de la fuerza letal incluso si es con otras armas de fuego que no son las reglamentarias (Ley 30151 publicada ayer en El Peruano).
El reportaje de Óscar Miranda del domingo apenas plantea una diferencia entre las rondas urbanas y las rondas campesinas, pero ni en Lima ni en otras ciudades del Perú se percibe la diferencia. Por la forma como Miranda narra los hechos, se entiende que los ronderos urbanos, con Chuquilín a la cabeza, se imponen como moralizadores autoritarios sin, por supuesto, tener ningún tipo de acreditación para ello. Y eso es cierto, pero los ronderos que yo conozco también perciben esta actuación de las rondas urbanas como algo contrario al mandamiento ronderil. Recordemos que las rondas campesinas están reconocidas en el Art. 149 de la Constitución, y sus funciones y límites en un acuerdo de sala plena de la Corte Suprema.
El día viernes estuve en El Tambo, en las alturas de Bambamarca, y le pregunté a Manuel Ramos, uno de los líderes más reconocidos de las rondas en todo el departamento, sobre su opinión de lo sucedido en el Alondra. Ramos me dijo: “Jamás las rondas de El Tambo le han pegado a una mujer, jamás hubiéramos actuado de esa manera. Y si tendríamos que entrar a un lugar donde se ejerce la prostitución clandestina, hubiéramos sancionado a los cafichos y a los explotadores, no a las explotadas”. Entiendo que en Lima se percibe la prostitución como un ejercicio de libertad de trabajo y de uso del cuerpo como espacio de mercancía dentro de los anchos límites del mercado. Quizás esto sea cierto para un porcentaje muy reducido de trabajadoras sexuales, en términos generales en nuestro país, la prostitución implica una situación de explotación de jóvenes mujeres, sobre todo, en zonas alrededor de campamentos mineros legales e ilegales.
Pero el debate sobre la prostitución es otro tema. Regresando a las rondas y sus funciones, considero que Vladimiro Huaroc y las autoridades de este gobierno tendrán que saber que los ronderos y ronderas de Cajamarca, Piura, Amazonas, y de otros lugares, no están “jugando a la ronda”. Estamos hablando de una institución muy compleja que surge en los vacíos de poder del Estado, no por ausencia como suponen muchos, sino por corrupción entre los jueces, policías y operadores de justicia como sucedió en Cuyumalca, Chota, en 1976. ¿Las rondas campesinas administran justicia? Por supuesto que sí, desde hace más de veinte años legalmente. ¿Esto implica que el Estado ha cedido el monopolio de la administración de justicia? Claro que sí, pero en el contexto de una realidad signada por el difícil acceso a la justicia en zonas rurales.
Las rondas campesinas son una institución con varios éxitos además del control del abigeato y de echar a Sendero Luminoso. Por eso, lo sucedido así como la hipótesis de que los ronderos son aliados del narcotráfico se están blandiendo como excusa para entrar a reprimir a fuego letal a los ronderos y otros manifestantes que luchan por las lagunas de Conga.