Rosalinda Hernández Alarcón
Las acciones represivas contra lideresas y líderes opositoras en Guatemala van en aumento con el propósito de debilitar a las agrupaciones sociales que defienden el territorio contra el saqueo del patrimonio natural
por parte de empresas transnacionales, afirmó ayer el dirigente maya Domingo Hernández Ixcoy, cuyo domicilio fue allanado y donde desconocidos dejaron una amenaza de muerte.
En una conferencia de prensa, convocada por la Convergencia Nacional Maya Waqib’Kej, varios representantes sociales expresaron su condena a la agresión que sufrió hace cinco días Hernández Ixcoy, uno de sus líderes, tras descartar que pueda tratarse de una acto de la delincuencia común en virtud de que fue evidentemente planificado.
El Consejo de Pueblos de Tezulutlán “Manuel To”, el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, el Consejo de Instituciones de Desarrollo (COINDE) y la Asociación CEIBA también condenaron la agresión contra el dirigente maya de Waqib’Kej y le expresaron su solidaridad.
Estas agrupaciones coincidieron en demandar el esclarecimiento de la agresión referida a fin de procesar a los autores materiales e intelectuales de la misma, así como de otros hechos represivos ocurridos en los últimos seis meses, desde que llegó a la presidencia de la República el militar retirado Otto Pérez.
Claudia Jerónimo, integrante de Waqib’Kej, indicó que las amenazas contra el líder indígena no es un hecho aislado, se suma a otros: el asesinato de José Tavico Tzunun y la detención de Felipe Gutiérrez del Comité de Unidad Campesina (CUC), ambos ocurridos en el departamento de Quiché. Además agregó el asesinato de Andrés Francisco Manual, el atentado a tiros contra dos campesinos y las detenciones ilegales de 2 mujeres y 11 hombres en Santa Cruz Barillas, municipio de Huehuetenango, donde se implantó durante varias semanas un Estado de Sitio.
Anotó que otros actos represivos contra mujeres son el atentado a tiros que sufrió Yolanda Oquelí (San José del Golfo, Guatemala), los golpes contra dos activistas y la agresión contra la lideresa Lolita Chávez. Ellas tres integrantes del Consejo de Pueblos K’iche’ que ha promovido la realización de consultas comunitarias, cuyos resultados muestran el rechazo casi unánime a la instalación de minas a cielo abierto.
A decir de Daniel Pascual, dirigente del CUC, todos estos hechos represivos se están dando para imponer un modelo económico que avala las inversiones extranjeros a pesar de que las comunidades indígenas y campesinas se oponen a la instalación de proyectos mineros y de grandes hidroeléctricas en sus territorios.
Precisó que en este país se están ampliando los marcos de acción del ejército, y que en varias denuncias presentadas ante la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas para Guatemala se indica la participación de efectivos militares en hechos represivos.
“Hay un claro retroceso a la democracia en Guatemala, los vulnerables ahora somos las personas opositoras al modelo neoliberal”, declaró Hernández Ixcoy, quien añadió: “existe un fortalecimiento de las fuerzas derechistas, del poder oligárquico y de los militares”.
Al expresar su solidaridad con Hernández Ixcoy, Claudia Jerónimo explicó que el líder indígena es “un dirigente histórico e incansable por la lucha por la defensa del territorio, quien ha participado en las consultas comunitarias de buena fe contra la minería e hidroeléctricas en diferentes lugares del país”.
Para finalizar, el líder del CUC comentó que el presidente Otto Pérez se comprometió a no instalar destacamentos militares donde existiera un movimiento social opositor, pero violó su palabra al inaugurar uno en San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala, a pesar del amplio rechazo de las comunidades que quieren vivir en paz sin la presencia de fusiles ni cuarteles en su territorio.
Rosalinda Hernández Alarcón / Periodista mexicana