En saludable y oportuna rectificación
21/01/2021
El día de hoy ha sido publicado el Decreto Supremo No. 001-2021-EM que deroga los Decretos
Supremos Nos. 027-2020-EM y 028-2020-EM (publicados el 8 de diciembre de 2020) que declaraban
de necesidad pública la inversión minera dentro de los 50 kilómetros de zona de frontera,
específicamente en el Valle de San Lorenzo, dentro del territorio del distrito de Tambogrande y en
menor medida en el distrito de Las Lomas, en la región Piura.
Esto se hizo, tal como se señala en dichos decretos supremos derogados, para permitir que la
empresa de capitales canadienses Nueva Arcoiris obtenga derechos mineros en esa zona de
frontera, sin que existan razones reales de necesidad pública para ello y vulnerándose la prohibición
expresa establecida en el artículo 71o de la Constitución Política del Perú.
Al mismo tiempo, con esta infundada declaratoria de necesidad pública y otorgamiento de derechos
mineros, se vulneraban derechos fundamentales de las poblaciones ubicadas en los distritos de
Tambogrande y Las Lomas (Valle de san Lorenzo) que tienen como actividad económica principal a
la agricultura y a la exportación de productos agrícolas desarrolladas de manera exitosa y que ya
antes habían rechazado el desarrollo de proyectos mineros en sus tierras.
En efecto, el 2 de junio de 2002, en la Primera Gran Consulta vecinal en Latinoamérica, el 98% de
la población del distrito de Tambogrande le dijo NO A LA MINERIA Y SI A LA AGRICULTURA, con lo
cual quedó evidenciado que la población tambograndina había decidido continuar con su modelo
de desarrollo socio-económico basado en la agricultura y en la agroexportación exitosa que había
logrado desde hacía muchos años antes, como en el caso de la producción de mango y limón.
Sin embargo con los decretos supremos ahora derogados, el actual gobierno pretendió desconocer
esta decisión libre, democrática en histórica en Latinoamérica del pueblo de Tambogrande,
otorgando 20 derechos mineros a la empresa Arco Iris sobre el territorio del distrito (que abarcaban
16,300 hectáreas).
Frente a ello, la población del distrito de Tambogrande, encabezados por su actual Alcalde Distrital,
Alfredo Rengifo, desde el mismo día de publicación de dichos decretos supremos cuestionados,
expresó su firme oposición a esta decisión inconsulta del gobierno central y exigieron públicamente
la inmediata derogatoria de los mismos, con marchas, pronunciamientos y en reuniones con la
Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro de Energía y Minas y otras autoridades
gubernamentales.Después de dichas entrevistas, Alfredo Rengifo señaló que había expresado, en nombre del pueblo
de Tambogrande, que debía de rectificarse la decisión del gobierno central y derogar los decretos
supremos en cuestión, para evitar una nueva situación de conflicto social, porque de no hacerse la
población de Tambogrande iba a exigir en manifestaciones públicas (como ya lo venía haciendo) el
respeto a la dececisión asumida en la Consulta vecinal del 2 de junio de 2002. En ese sentido,
trascendió que las autoridades del gobierno central se habían comprometido en revisar el tema
hacia el día 20 de este mes de enero.
En este caso, felizmente, el gobierno atendiendo las demandas de la población de Tambogrande, en
el cuarto párrafo del Decreto Supremo No. 001-2021-EM precisa: “ … la información
complementaria y actualizada sobre la situación socio-económica en el distrito de Tambogrande
ubicado en el departamento de Piura hace necesaria, en el marco de lo establecido en el artículo71o
de la Constitución Política del Perú, la reevaluación de la necesidad pública que sustentó la emisión
de los Decretos Supremos N° 027-2020-EM y N° 028-2020-EM …” y; en el quinto párrafo del mismo
decreto supremo agrega que el otorgamiento de derechos para el aprovechamiento sostenible de
los recurso naturales debe de realizarse en armonía “… con el bien común …”, por lo que resuelve
derogar los aquí citados decretos supremos.
En relación a ello, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, que acompañó la
lucha del pueblo de Tambogrande y la realización de la Consulta Vecinal antes citada, en forma
conjunta con otras organizaciones de defensa de los derechos humanos y del ambiente; expresa su
satisfacción y saludo al pueblo de Tambogrande por mantenerse firme y unido en la defensa de su
modelo de desarrollo socioeconómico, así como expresa su satisfacción por la oportuna
rectificación del gobierno central, en consonancia con la necesidad de respetar la genuina, libre y
democrática decisión del pueblo de Tambogrande. Asimismo, exige al gobierno mantener la misma
actitud de respeto a las decisiones de las poblaciones en otros casos similares como en el Valle del
Tambo (distrito de Cocachacra, Islay, Arequipa).
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