El Gobierno peruano autorizó hoy a las Fuerzas Armadas a intervenir para poner fin al bloqueo de rutas en la frontera entre Perú y Bolivia por campesinos que se oponen a la explotación minera, y que afecta desde el 9 de mayo el comercio entre los dos países, según un decreto difundido en la gaceta oficial.
La autorización justifica la excepcional medida señalando que las Fuerzas Armadas «pueden actuar excepcionalmente en apoyo a la Policía Nacional del Perú para la protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país y servicios públicos esenciales», informa AFP.
Centenares de manifestantes bloquean la principal ruta en la frontera que comunica la región peruana de Puno con la boliviana Desaguadero, en protesta contra un proyecto minero que explotará un yacimiento de plata que consideran que contaminará ríos y cultivos.
Hay bloqueos el puente internacional de Desaguadero, que une a ambos países, y están cortadas las vías que conectan Bolivia con Puno, Pomata y el puerto de Ilo, en el vecino país.
Esto dejó a unos 700 camiones en medio de la carretera sin poder ingresar o salir de Bolivia.
El Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur exige al Gobierno de Alan García, que concluye su gestión el próximo 28 de julio, que prohíba las concesiones mineras en la
región de Puno, ubicada a más de mil kilómetros al sur de Lima, y que paralice el proyecto de la minera Santa Ana, que ya cuenta con una autorización de explotación.
La muchedumbre dice que la explotación minera produce contaminación en el lago Titicaca y el río Desaguadero, entre otros afluentes.
El martes pasado, el presidente García había anunciado que podría ordenar el desbloqueo por la fuerza.
Debido a la situación, varios choferes bolivianos retornaron a La Paz y dejaron sus vehículos en la carretera al cuidado de algunos de sus compañeros.
El alcalde de Desaguadero, Lucio Flores, dijo que los conductores bolivianos se informaron de que el conflicto se agravará en los próximos días, por eso «muchos se han venido a La Paz porque muchos son de acá (…) bueno yo creo que se han debido venir siempre el 60 por ciento».
La Cámara del Transporte Internacional de La Paz informa de que las pérdidas rondarían los 750 mil dólares.