El diario estadounidense Arizona Daily Star publicó el domingo 20 el caso de los enfermos por el derrame de la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, en el Río Sonora y que el gobierno mexicano se tardó en reconocer. El diario revela las fallas del gobierno mexicano en la detección y realización de los exámenes médicos por parte de la Cofepris a los habitantes del río Sonora que presentaron síntomas, casi inmediatamente después del derrame de 11 millones de galones de químicos tóxicos.
La nota titulada “derrame masivo deja en evidencia la supervisión obsoleta del gobierno”, recoge la historia de Jonathan Cosillos , un joven de 18 años, originario de Ures, Sonora, incluido en los más de 300 casos, que finalmente el 4 de agosto Rodolfo Lacy Tamayo, presidente del Fideicomiso Río Sonora, reconoció como los enfermos por el derrame del 6 de agosto de 2014.
El diario destaca las fallas del gobierno mexicano en la detección y realización de los exámenes médicos por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en los habitantes del río Sonora que presentaron síntomas, casi inmediatamente después del derrame de 11 millones de galones de químicos tóxicos.
Así le ocurrió a Cosillo, dice el rotativo, a quien después de nueve meses de tocar puertas y de insistir con sus síntomas, le practicaron exámenes y salió contaminado por Manganeso.
“Han pasado más de un año y los nuevos casos médicos siguen apareciendo . Los investigadores y expertos en medio ambiente en México están advirtiendo que la lenta respuesta del gobierno , junto con las normas de calidad del agua anticuados , han colocado a la población bajo riesgo innecesario”, dice el diario.
La madre de Cosillo, Blanca Ruiz, confesó al diario que el sufrimiento de su hijo antes de empezar con tratamiento, fue tal, que “quería hacer compras para los ataúdes”.
El gobierno mexicano, asegura la madre, le realizó unos primeros exámenes que nunca entregó.
“Todavía me pregunto por qué (el gobierno) no me dio los primeros resultados de la prueba”, dijo Ruiz. “Tal vez él dio positivo por otros metales pesados y que no quería decirme.”
Ruiz declaró que presentó una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de Sonora, la cual fue trasladada a los funcionarios federales de la Cofepris.
“Después del derrame muchas personas fueron a su centro de salud y no fue posible detectarlos”, refirió al diario Joel López Villagómez, el director de un centro de tratamiento temporal que abrió sus puertas en marzo de 2015.
El rotativo enfatiza en que la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), es un consultorio improvisado en una casa habitación en donde se atienden a los enfermos por el derrame de Grupo México.
“Si el gobierno sabía lo que estaba pasando, ¿por qué no tomar acciones de inmediato”, destacó Ruiz al diario.
Cosillos estaba trabajando en una granja de pepino cuando el río contaminado la inundó. Él no era consciente de los riesgos que él y otros corrían y se se apresuraron a salvar su cosecha, vadeando a través del agua tóxica y bebiendo agua de los pozos suministrados por el río, dice el medio.
Una semana más tarde, comenzó a sentirse enfermo.
“Yo no quiero ir a trabajar, pero yo no quiero perder el trabajo. Yo sabía que mi familia estaba luchando “, dijo Cosillos. “Me preguntó si tenía algo que ver con el derrame del río.”
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El Manganeso es un metal pesado que puede tener graves impactos sobre el sistema nervioso, si una persona está expuesta durante períodos prolongados de tiempo, de acuerdo con Héctor Duarte Tagles, un especialista en salud ambiental en la Universidad de Sonora.
“Hay un alto riesgo si las personas comienzan su tratamiento tardío. Cuanto más tiempo algunos contaminantes se encuentran en el organismo, más difícil es deshacerse de ellos”, reveló Duarte Tagles al diario.
Adolfo García Morales, delegado de Sonora a la Secretaría de Gobernación de México, aseguró al rotativo que las autoridades buscaron activamente a los pacientes a lo largo de la cuenca del Río Sonora.
García Morales indicó que no había una sola persona que se realizó las pruebas, que no recibió los resultados.
” La unidad de epidemiología abrió hace poco, pero eso no significa que no hemos estado proporcionando atención a la población “, dijo.
Al cumplirse un año del derrame, en agosto de este año, Lacy Tamayo anunció que el nuevo centro de tratamiento UVEAS abriría el proceso de licitación para su construcción y que estará listo en 2016.
El centro dará atención a la población afectada en un máximo de 15 años.
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En octubre la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en sus manos el llevar el caso del derrame de 40 mil metros cúbicos de la mina Buenavista del Cobre en el Río Sonora, al terreno de la violación de los derechos humanos.
Lo puede hacer si dictamina que la compañía, subsidiaria de Grupo México, es considerada una autoridad y por lo tanto, tiene la obligación de velar por el medio ambiente de la región que explota.
“El pasado 18 de septiembre dimos a conocer diversas irregularidades en las que incurrió la mina y que fueron obtenidas a través de solicitudes de información. Irregularidades que hacen pensar que no se tienen los permisos necesarios para medir la contaminación a la atmósfera”, señaló Luis Miguel Cano, abogado de PODER.
El caso está a consideración de la ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán en la Segunda Sala de la Suprema Corte por interés y trascedencia.
“El precedente que pueda fijar la Suprema Corte potencialmente podría impactar todo asunto que se cuestione si ciertas empresas son responsables de violaciones a los derechos humanos”, explicó el abogado.
La resolución podría marcar el rumbo del juicio de amparo 1144/2015 que los Comités de Cuenca del Río Sonora interpusieron ante la falta del Plan de Manejo de Residuos Peligrosos de la minera.
La mina está demandada como autoridad en el juicio. En un principio la decisión fue del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, pero el tribunal consideró que “se trata de un caso de interés y trascedencia a nivel nacional”, por lo que envió el caso a la SCJN, para que decida si lo atrae o no.
La demanda de los pobladores se sustenta en la nueva Ley de Amparo de 2013, la cual considera que no sólo al Estado, cuando se violenta a los derechos humanos, sino en ciertas circunstancias también a particulares, a los que, se les podría atribuir el carácter de autoridad responsable según el artículo 5, fracción II.
El antecedente similar a un caso en la Corte con las características del Río Sonora, ocurrió con Teléfonos de México (Telmex), de acuerdo con el director de PODER Benjamín Cokelet.
Sin embargo la Corte decidió no atraer en esa ocasión el caso. De acuerdo con el abogado de la organización para Buenavista del Cobre no hay un plazo para conocer la respuesta.
La decisión podría tomarse en los próximos cuatro meses. Si SCJN decide atraer el tema de Buenavista del Cobre, el dictamen final podría llevar otros cuatro meses más.
Si la minera es considerada como autoridad violadora de los derechos humanos de los habitantes del Río Sonora, el caso marcará un precedente importante a nivel nacional para temas que involucren a empresas concesionarias y medio ambiente.