La mina tenía prohibido operar desde 2019 por orden de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, ante la falta de una consulta popular para saber si se aprobaba su funcionamiento.
Policías guatemaltecos realizaron redadas en El Estor, en la provincia costera norteña de Izabal, donde pobladores protestaron contra el proyecto minero Fénix en octubre de 2021. (Foto de archivo)
El gobierno de Guatemala restauró el jueves (06.01.2022) el permiso de funcionamiento para la mina Fénix, propiedad de una firma suiza, que tenía prohibido operar desde 2019 por decisión del máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad.
El Ministerio de Energía y Minas guatemalteco informó en un comunicado que la resolución permite volver a funcionar a la mina propiedad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group.
La mina tenía prohibido operar desde 2019 por orden de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, ante la falta de una consulta popular con comunidades aledañas para determinar si aprobaban su funcionamiento.
La compañía de capital suizo se encuentra en el municipio de El Estor, en el departamento de Izabal, unos 250 kilómetros al noreste de la Ciudad de Guatemala.
El Ministerio de Energía y Minas indicó que la consulta popular se realizó en diciembre pasado con «el pueblo indígena maya q’eqchí», de acuerdo a palabras del director de la cartera, Alberto Pimentel Mata.
Según el ministro, en cuanto al empresa minera sea «notificada» de la resolución «estará rehabilitada» para «reiniciar la explotación» de níquel.
La mina cuenta con un permiso de operaciones en un polígono de 6,29 kilómetros cuadrados en El Estor, en el departamento de Izabal, el único de los 22 que componen Guatemala con salida al océano Atlántico.
Diversas entidades han manifestado sus dudas con respecto a la consulta popular. El abogado Kelvin González, en representación del parlamento xinca, de carácter indígena, dijo desconocer «totalmente» la supuesta consulta realizada con «seudorepresentantes de comunidades indígenas».
Según el medio Prensa Comunitaria, al menos 94 representantes indígenas del pueblo que q’eqchí «fueron excluidos» de la consulta popular, que según el gobierno finalizó el 10 de diciembre.
gs (efe, afp)
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