Cecilia Remón
Ollanta Humala juramentó como presidente del Perú el 28 de julio del 2011 comprometiéndose a impulsar el diálogo para resolver los conflictos sociales que abundaban en el país. En su discurso inaugural…
el mandatario dijo que “el incremento desmedido de los conflictos, muchos de ellos absurdamente violentos, nos demuestran, día a día, que es urgente reparar las injusticias, corregir el rumbo y restablecer el diálogo en nuestra sociedad”.
El nuevo gobierno había heredado 214 conflictos sociales, de los cuales 118 eran socioambientales, particularmente contra proyectos mineros, según la Defensoría del Pueblo. Además, durante el gobierno del ex presidente Alan García (2006-2011), 195 personas perdieron la vida a consecuencia de la violencia desatada durante los conflictos.
Pero a sólo cuatro meses en el poder, Humala decidió dejar de lado el diálogo e imponer la “mano dura” para controlar las protestas sociales contra las actividades extractivas. El gran detonante del giro presidencial fue el proyecto Conga, un emprendimiento de US$4.8 millardos para extraer oro y cobre que se encuentran debajo de cuatro lagunas ubicadas en la parte sureste del departamento de Cajamarca, en la sierra norte, y que desarrollará Minera Yanacocha, de propiedad de la empresa estadunidense Newmont Mining, la peruana Buenaventura y la Corporación Financiera Internacional (IFC), afiliada al Banco Mundial.
La población de Cajamarca se ha opuesto tenazmente al proyecto ubicado en una cabecera de cuenca y que pretende trasvasar las aguas de las lagunas a reservorios artificiales. Una revisión realizada en noviembre pasado por el Ministerio del Ambiente al estudio de impacto ambiental (EIA) de Conga encontró graves vacíos, incluyendo la inexistencia de un estudio hidrogeológico, indispensable para entender el funcionamiento de las lagunas, y no haber valorizado los servicios ambientales que prestan esos ecosistemas. Estas conclusiones fueron confirmadas en abril por tres peritos extranjeros contratados por el Estado.
Una de las principales críticas que hacen expertos a los EIA es que, además de ser realizados por consultoras contratadas por las mismas empresas mineras, su aprobación esté a cargo del Ministerio de Energía y Minas, que otorga las concesiones, lo cual lo convierte en “juez y parte”.
Para Julia Cuadros, directora ejecutiva de la organización no gubernamental CooperAcción, los EIA se hacen “a gusto del cliente”, además de ser un “documento de trámite” porque luego de su aprobación nadie hace seguimiento de su cumplimiento.
Cuadros, al igual que otros analistas y expertos, considera que los EIA deben estar a cargo del Ministerio del Ambiente, pero el presidente del Consejo de Ministros, el militar retirado Óscar Valdés, afirmó a Noticias Aliadas en reunión con corresponsales extranjeros el 5 de junio que eso no ocurrirá.
Represión policial
La decisión de Humala de impulsar Conga —que desencadenó la caída del gabinete encabezado por Salomón Lerner el 10 de diciembre a consecuencia de la orden presidencial de imponer estado de emergencia en Cajamarca para controlar las movilizaciones contra el proyecto y abandonar el diálogo, y el nombramiento de ministros más sintonizados con la nueva posición gubernamental— ocasionó la radicalización de las medidas de fuerza en Cajamarca con la convocatoria a una huelga indefinida desde el 30 de mayo.
La respuesta de las autoridades gubernamentales a las protestas ha sido la declaratoria de estados de emergencia, detención de autoridades y represión policial y militar. Desde que Valdés asumió el cargo en diciembre, 17 personas han muerto en choques con la Policía y el Ejército, cinco en Cajamarca en la última semana de junio, por heridas de bala.
Hasta junio, la Defensoría del Pueblo registró 247 conflictos sociales, de los cuales 60% son socioambientales, en su mayoría contra actividades extractivas. Además, sólo en ese mes se llevaron a cabo 93 acciones colectivas de protesta.
Un mes antes de los sucesos en Cajamarca, dos personas murieron durante la represión policial contra la población de la provincia de Espinar, en el sureño departamento de Cusco, que el 21 de mayo había iniciado una huelga indefinida reclamando a la minera suiza Xstrata —que desde el 2006 opera la mina cuprífera Tintaya— que cumpla con sus compromisos a favor de los espinarenses y cuide los estándares ambientales. La empresa asegura estar respetando el convenio marco firmado en el 2003 con las comunidades y heredado de la anterior propietaria de la mina, la australiana BHP Billiton.
La presencia desproporcionada de efectivos policiales desde el primer día del paro generó un clima de desconfianza sobre la posibilidad de que el conflicto se resolviera a través del diálogo con las autoridades gubernamentales y la empresa. Pero el diálogo no estaba en la agenda del gobierno y su respuesta ante las protestas fue la declaración de estado de emergencia y la violenta detención del alcalde espinarense Óscar Mollohuanca sin que pesara sobre él ninguna orden judicial. De manera ilegal e inconstitucional, Mollohuanca fue encerrado en una cárcel de Ica, a más de 800 km al oeste de Cusco, mientras que el juez a cargo ordenó su prisión preventiva por cinco meses para “investigar” la supuesta participación del alcalde en las protestas.
El ministro de Justicia Luis Jiménez justificó la medida señalando que existen “elementos probatorios” de la participación de Mollohuanca en actos ilegales.
“Es una decisión judicial que tenemos que respetar todos”, dijo Jiménez. “Se han encontrado elementos de responsabilidad que motivan una investigación mayor… La fiscalía tiene elementos para poder vincular una responsabilidad penal”.
Según el abogado Carlos Rivera, del no gubernamental Instituto de Defensa Legal (IDL), se trató de “una detención arbitraria, fuera de la ley”. Todo indica, señaló Rivera, que el Ejecutivo presionó al Poder Judicial para que actúe. Ejemplo de ello es la resolución administrativa emitida por el Poder Judicial el 31 de mayo, un día después de la detención de Mollohuanca, a pedido del Ministerio del Interior, que ordena el traslado de procesos judiciales y de detenidos de Espinar a Ica, y de Cajamarca a Lambayeque, a 300 km de distancia.
Rivera calificó la medida de “ilegal e inconstitucional porque vulnera el derecho a un debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho al juez natural y a las garantías de imparcialidad. La causa judicial contra Mollohuanca ha sido armada de la peor manera, sobre la base de decisiones políticas. Se le ha imputado una serie de delitos que no tienen ningún sustento”.
Modelo de “mano dura”
Aunque por los vacíos e incongruencias de los cargos presentados por la fiscalía contra Mollohuanca, la sala de apelaciones de la Corte Superior de Ica revocó el 12 de junio la orden de detención contra el alcalde, este caso podría ser el modelo de intervención del gobierno para controlar los conflictos sociales.
Si bien en Espinar se inició el 21 de junio una mesa de diálogo con la presencia de los ministros del Ambiente, Agricultura y Energía y Minas, en Cajamarca la posición irreductible de los líderes locales y la población contra el proyecto Conga tornó inmanejable la situación para el gobierno, que ha preferido reprimir las protestas antes que intentar dialogar.
El analista Enrique Arias Aróstegui señaló en la revista Ideele, publicada por IDL, que “en Cajamarca el enfrentamiento es constante y se torna cada vez más violento. Los policías toman la iniciativa: a la menor sospecha, a la menor concentración [de personas] se produce una acción policial cada día más violenta conforme transcurren los días del paro. No existe la posibilidad de hacer una protesta pacífica, las concentraciones de ciudadanos son repelidas con balas de salva, gas lacrimógeno y mucho palo”.
Autoridades gubernamentales, sectores empresariales y la mayoría de medios coinciden en señalar que existe una suerte de “complot de sectores extremistas y antimineros” en este y otros conflictos.
“En el interior del país prima otra lectura de los mismos hechos”, indicó Ernesto de la Jara, presidente de IDL, en su columna del Diario 16. “Hay en la población una preocupación real por los efectos que estas empresas producen en el agua, en su integridad física y en la actividad agropecuaria de la que viven”.
“Y ante la indiferencia del gobierno y de la empresa, la protesta comienza a radicalizarse”, agrega. “Luego viene toda la parte de la represión… Pero el resultado de ella es otra: los pobladores sentirán una vez más que el gobierno se pone de manera incondicional de lado de las empresas, que estas siempre ganarán, que la vida de ellos no vale nada y que sus dirigentes y autoridades pueden ser tratados como delincuentes”.
El peligro de un desborde mayor llevó al nombramiento el 5 de julio de dos integrantes de la Iglesia Católica, el arzobispo Miguel Cabrejos y el sacerdote Gastón Garatea, como facilitadores de un diálogo entre el gobierno y las autoridades y dirigentes de Cajamarca.
Mientras tanto, diversos analistas y expertos consideran que la única forma para llegar a una solución de este conflicto es la suspensión, al menos temporalmente, del proyecto Conga, renovar el gabinete ante su incapacidad para arribar a acuerdos duraderos, y avanzar en el fortalecimiento y aplicación de las regulaciones ambientales.