Regiones como Atacama tienen concesionado casi todo su territorio, lo que está asociado con una fuerte actividad especuladora. Senadores pidieron antecedentes al Ministerio de Minería. Empresas de otros rubros han debido recurrir a ello para blindarse.
Inmobiliarias, retailers, desarrolladores de proyectos de energías renovables y de líneas de transmisión. Todas empresas que no pertenecen a la minería, pero que se han visto obligadas a constituir propiedad minera para asegurar el normal desarrollo de sus proyectos. Esto ante el explosivo aumento de las solicitudes de concesión minera en el país en los últimos años, lo que no se relaciona precisamente con un alza del interés por desarrollar exploración o explotación de este tipo, sino que sólo con un fin especulativo.
La autoridad detectó un problema complejo: en varias regiones del país, principalmente en aquellas con mayor actividad minera, existen privados que constituyen propiedad minera en medio de proyectos de otros sectores -inmobiliarios y de ERNC, principalmente- para luego pedir compensaciones a cambio de dar su autorización a la construcción de la obra. Esta situación mantiene paralizados estos proyectos e incluso se han convertido en un impedimento para financiar estas inversiones, pues algunos bancos hoy rechazan solicitudes a empresas que no cuenten con pertenencias mineras constituidas, aún cuando su proyecto no tenga nada que ver con minería.
El vacío legal, según plantea un conocedor del tema, está obligando incluso a las generadoras que desarrollan proyectos en Aysén a blindarse y constituir pertenencia minera en las zonas donde tentativamente pasaría el trazado de sus líneas de transmisión.
Ante esta situación, la comisión de Minería y Energía del Senado, que lidera el senador RN Baldo Prokurica, citó a una sesión especial para tratar el tema al director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) Julio Poblete, quien reconoció esta práctica y la existencia de un vacío legal que permite al dueño de una concesión minera dilatar o impedir la construcción de un proyecto inmobiliario o eléctrico mediante la denuncia de obra nueva.
Además, acusó que la concesión minera se utiliza también para justificar el uso del agua destinada a un fin distinto al minero, y que las empresas eléctricas e inmobiliarias hoy se han visto obligadas a proteger sus proyectos con concesiones mineras en las regiones del norte, convirtiéndose una práctica usual.
CAMBIOS
«El gobierno se encuentra trabajando en un proyecto que busca perfeccionar la denuncia de obra nueva para minimizar su uso como mecanismo para dilatar proyectos», dijo Poblete, aunque no dio mayores luces sobre el contenido de la iniciativa. Sí explicó que el gobierno se dio un plazo de tres meses para encontrar una fórmula que evite esta situación.
Según el senador Prokurica, esto está afectando a las propias empresas mineras, pues cuando constituyen una propiedad en una zona determinada, inmediatamente hacen lo mismo los especuladores en los alrededores de ese proyecto. Ello obliga a la gran minera a que en caso de que requiera ampliar su zona de exploración o incluso iniciar explotación, deba pagar servidumbre al dueño de la concesión.