El gobierno peruano firmó este viernes una acta de compromiso para excluir la actividad minera en la provincia de Andahuaylas (sudeste) con lo que retornó la calma en la zona, donde el jueves hubo más de 30 heridos en medio de un contexto de descontento en varias otras regiones.
Cerca de Andahuaylas se ubica el proyecto cuprífero y polimetálico de Las Bambas, de la compañía suiza Xstrata. La protesta en esa localidad empezó contra la minería informal, rechazo que luego se extendió a toda la actividad minera.
14/11/2011. Tras la firma del acta retornó la calma al lugar y los pobladores comenzaron a regresar a sus distritos», informó a la prensa Oscar Rojas, alcalde de la provincia de Andahuaylas, donde el jueves se enfrentaron manifestantes y policías con un saldo de tres decenas de lesionados.
Rojas señaló que el documento firmado por los ministros de Agricultura, Miguel Caillaux, y de Energía y Minas, Carlos Herrera, tranquiliza a los habitantes de la zona, que estuvo paralizada durante nueve días.
Las protestas de Andahuaylas, de la provincia central Ancash y de la norteña Cajamarca pusieron en evidencia el difícil equilibrio que necesitará el gobierno de izquierda de Ollanta Humala entre las demandas de poblaciones que son su base social y la minería, que es la locomotora de la economía del país.
La violencia estalló el jueves en Andahuaylas cuando los ministros de Agricultura y el de Energía y Minas abandonaron las negociaciones que llevaban a cabo con los inconformes y dejaron la capital provincial, del mismo nombre, por temor a ser secuestrados tras negarse a firmar un acuerdo para prohibir la actividad minera en la región.
«Ha habido una visión ingenua en la clase política de que la existencia de un gobierno de izquierda, vinculado a los sectores que protestaban en el pasado, iba a disminuir los conflictos sociales», dijo el analista político Carlos Basombrío a la AFP.
El primer ministro, Salomón Lerner, señaló: «Tenemos un encargo de seguir firmes en resolver los conflictos por la vía del diálogo, la concertación y la búsqueda de consenso; pero tampoco vamos a caer en el juego de aquellos pequeños grupos interesados en sembrar el caos y la violencia».
Las protestas antimineras, presentada como reivindicaciones socioambientales, se producen en tres regiones donde se concentran las mayores inversiones de multinacionales del sector con montos totales superiores a los 8.500 millones de dólares.
«Lo que está en discusión hoy no es un tema solamente de diálogo, sino de viabilidad misma del país, porque el Perú vive de la minería. Más del 50% de los ingresos por exportaciones vienen de ese sector», subrayó Basombrío.
Cerca de Andahuaylas se ubica el proyecto cuprífero y polimetálico de Las Bambas, de la compañía suiza Xstrata. La protesta en esa localidad empezó contra la minería informal, rechazo que luego se extendió a toda la actividad minera.
En Cajamarca el proyecto aurífero y cuprífero Conga, que impulsa el gigante Newmont, contempla una inversión de 4.800 millones de dólares, pero colisiona con el rechazo de un sector de la población, apoyado por autoridades locales.
El miércoles hubo un paro de pobladores de Cajamarca, que, liderados por su presidente regional, Gregorio Santos, denunciaban que el proyecto minero afectará las fuentes de agua en su zona de influencia, esencialmente ganadera y agrícola.
En Ancash las comunidades agrícolas de Huaraz y Cátac reclaman a la empresa Antamina, que explota una de las minas de cobre más grandes del mundo, que entregue más recursos a la sociedad y que disminuya la contaminación de suelos y agua.
En junio pasado, en el departamento de Puno (sur), los pobladores cortaron carreteras hasta que obtuvieron el compromiso del gobierno de suspender un proyecto de una minera canadiense, así como toda la actividad extractiva en esa región, también agrícola. El conflicto, que duró semanas, se saldó con cinco muertos.
Perú recibió en 2010 unos 15.000 millones de dólares de la minería, lo que equivale al 7% de su PIB.
El analista Carlos Monge, consultado por IDl-Radio, señaló que «esa es la cuadratura del círculo y eso está ocurriendo en varios países de América Latina: un gobierno que con una mano empodera a la población indígena campesina, constitucionaliza los derechos a la naturaleza y la consulta, y con la otra mano vive de los recursos, entonces concesiona todo el territorio».
«Se está llegando a un punto en el que es casi imposible hacer proyectos mineros en el Perú. Es un punto complejo para el gobierno porque está en el corazón de la actividad del país», concluyó Basombrío.