La Empresa minera Glencore, gigante minero suizo que opera en Perú, va concretando el proceso de expansión de la unidad minera más grande que tiene en nuestro país: Tintaya-Antapaccay vuelve a crecer para incorporar un nuevo tajo abierto y labores subterráneas de explotación de cobre a las que denomina “Integración Coroccohuayco”. La operación se coloca sobre nuevos territorios de comunidades campesinas indígenas[1] de la provincia de Espinar, afectará más fuentes de agua y así, aportará a los varios impactos de sus operaciones vecinas Tintaya y Antapaccay.
Estos tres tajos y todos sus componentes (túneles, instalaciones, fajas transportadoras, carreteras, camino de acceso, entre otros) forman así parte de la mega operación Antapaccay-Expansión Tintaya-Integración Coroccohuayco.
El estudio de impacto ambiental de Coroccohuayco presentado por la empresa y evaluado (y acompañado) por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), describe los varios impactos ambientales (sobre el agua superficial, el agua subterránea, los suelos, los bofedales, etc.) así como los impactos sociales y económicos, comunes para una operación de esta magnitud. Como es costumbre en los estudios ambientales del sector minero en nuestro país, la empresa concluye que todos esos impactos son de poca o muy poca intensidad. El mensaje que se repite una y otra vez para la población local es que no deberían preocuparse por ellos, pues -apelando a una fe ciega que se exige de las comunidades donde se hace gran minería- todo “está previsto”, fríamente calculado.
Más allá de la calidad del estudio de impacto o de los mecanismos de participación ciudadana (que trataremos en otra ocasión) implementados por Glencore, esta vez es necesario detenernos en un aspecto que llama la atención de los documentos presentados por Glencore para justificar la viabilidad de su nuevo emprendimiento: la omisión a la realidad en donde opera.
Glencore: Coroccohuayco fuera de la realidad
En su EIA para Coroccohuayco, Glencore omite referirse a la difícil realidad local donde ha operado todos estos años y planea expandirse.
Es de conocimiento común que la población y comunidades de la provincia de Espinar mantienen una relación altamente tensa (por decir lo menos) con la empresa minera. Esta difícil relación tiene en su record varios conflictos, estallidos y crisis sociales; que han causado la muerte de 3 ciudadanos espinarenses, decenas de heridos y varios otros costos sociales. Estos conflictos han revelado la precaria situación de ejercicio de derechos que caracteriza a las operaciones mineras de Glencore en el sur de Perú.
Así Glencore, en su EIA para Coroccohuayco, omite abordar la crítica situación de riesgo y afectación al derecho a la salud de la población de sus áreas de influencia por causa de la exposición a metales pesados[2]. Glencore no menciona las demandas por la afectación del derecho al medio ambiente por contaminación minera de fuentes de agua locales que aún no han sido resueltas por falta de un (tan esperado) estudio de causalidad de calidad y concluyente, que cierre el tema[3]; tampoco aborda la vulneración de los derechos de agua de campesinos locales, por la reducción del volumen disponible del recurso y la dependencia del bombeo de la empresa para reponer los caudales de sus canales. Glencore no habla sobre la afectación a la libertad de expresión y a la protesta, limitada severamente por el contexto de represión implementado por las fuerzas policiales en convenio con la empresa. Glencore no menciona si es que y cómo se respetará el derecho a la consulta previa, al territorio y a la autonomía de las comunidades indígenas locales[4]; tampoco menciona que quizás a futuro la operación de Coroccohuayco podría causar el desplazamiento involuntario de las comunidades donde se va asentar[5]. Por último, Glencore omite hablar sobre el riesgo que significa operar – y producir más impactos- en un contexto como el que acabamos de describir.
En resumen, Glencore omite incluir en su evaluación la situación de los derechos humanos de las personas a las que a afectar con sus operaciones. Hombres y mujeres que también serán responsables, con su trabajo, territorio y recursos, de gran parte del éxito y claro está, alta rentabilidad, de sus operaciones (aunque a veces se nos haga difícil recordarlo).
Glencore está obligado a respetar derechos humanos
A pesar de lo que muchos empresarios y otros afines al sector minero peruano todavía puedan creer, la necesidad de evaluar e implementar medidas específicas para respetar derechos humanos por parte de las empresas no resulta una demanda “exorbitante” (por usar un término común del gremio). En el nuevo escenario de globalización, los compromisos de las empresas como Glencore de respetar los derechos de la gente sobre la que impactan con sus operaciones, deben ir más allá de una simple declaración de voluntades.
Como vemos, entre sus varios compromisos, ampliamente difundidos frente a la comunidad internacional, Glencore afirma actuar conforme a los instrumentos internacionales de derechos humanos que existen, evaluar riesgos e implementar varios otros mecanismos para respetar los derechos de las poblaciones donde opera. No obstante, lejos del marketing internacional, la realidad de la empresa en nuestro país es otra.
Con Corocohuayco a punto de ser aprobada, creemos que es momento de exigir a la empresa ir más allá de los marcos legales nacionales; marcos que resultan débiles frente al poder político y económico que una empresa transnacional, de la magnitud de Glencore, puede ejercer en un país con una democracia tan debilitada como la nuestra. Así, mecanismos desde el marco internacional como la necesidad de llevar a cabo un proceso debida diligencia en derechos humanos[6] resultan urgentes para Glencore en Espinar. El marco previsto por los Principios Rectores de Empresas y Derechos humanos debe guiar las operaciones de Glencore en Espinar, siguiendo lo estipulado por empresa en su propio Código de Conducta.
Por lo pronto, y esto debe llamar la atención de la empresa (y por qué no, de sus inversionistas[7]), organizaciones de la zona ya han levantado su voz de protesta frente a Coroccohuayco. Ayer martes, fecha en la que se celebró una audiencia de un proceso judicial vigente por la omisión de consulta del proyecto Antapaccay de Glencore, las comunidades afectadas y sus organizaciones se movilizaron en relación a Coroccohuayco. Junto con ellos, exigimos a la empresa a que vaya más allá de sus expectativas económicas y tome en serio su responsabilidad de respetar los derechos de las personas en cuyos territorios piensa operar.
[1] Coroccohuayco se asentará sobre territorios de tres comunidades: Huini Coroccohuayco, Pacopata y Huano Huano, cuyas tierras comprará durante la etapa de construcción. Además el área de Influencia social directa de la MEIA incluye otras diez comunidades (Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Alto Huarca, Cala Cala, Huarca, Huisa Ccollana, Huisa, Anta Ccollana y cc. Suero y Cama. MEIA Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco. Junio 2018. N° de Informe: 164-415-2145.
[2] En su Línea Base aparece únicamente como una referencia a un estudio de salud, entre otros disponibles en el área de operaciones. Lejos de abordarlo en las medidas en su plan de Gestión Social (donde trata salud, educación, alfabetización de manera general), de Manejo Ambiental u otros planes; Glencore opta por omitir este indicador.
[3] Se refiere únicamente a los estudios de la Mesa de Diálogo de Espinar- Monitoreo Participativo del 2013. Señala que este determina la causa geológica de la contaminación del agua, pero omite referirse a los estudios de causalidad pendientes para determinar la responsabilidad sobre fuentes contaminadas específicas.
[4] En la única página del tomo 9. “Otras consideraciones”, la empresa hace referencia a la existencia de comunidades indígenas en la zona de operaciones, limitándose al marco legal peruano vigente. No se tiene conocimiento si es que se promoverá el respeto al derecho a la consulta previa en la zona.
[5] Coroccohuayco implica remover el local comunal, escuela e iglesia de la comunidad. También implica la construcción de caminos mineros que cortan el tránsito usual y de pastoreo de la comunidad. Además implica el desvío de canales de riego de usuarios comunales. En suma, el cambio de la configuración de la vida comunal que podría llevar a su final desplazamiento.
[6] La debida diligencia en derechos humanos consiste un proceso que deben seguir las empresas para identificar los impactos reales y potenciales en los derechos humanos que se pueden producir al iniciar sus operaciones y la adopción de medidas para prevenirlos; yendo más allá de los marcos legales nacionales. El mecanismo de exigir una debida diligencia en derechos humanos a las empresas va cobrando fuerza en la comunidad internacional. Actualmente en Suiza, donde opera la casa matriz de Glencore, se debate una propuesta para establecer la obligación de las empresas suizas que operan a nivel transnacional de llevar a cabo un proceso de debida diligencia para sus operaciones.
[7] HSBC, entre ellos.
Fuente:http://cooperaccion.org.pe/glencore-se-expande-en-espinar-nueva-coroccohuayco-debe-respetar-derechos-humanos/