31 de mayo de 2011
Imelda García Velázquez
Funcionarios federales comparecieron en la Cámara después del accidente en una mina en Sabinas, Coahuila
* Los secretarios del Trabajo y Economía manifestaron las carencias de las minas mexicanas
* La falta de inspectores y de una legislación fuerte son dos fallas del sistema minero
* Los problemas de la minería también involucran a los legisladores, según los funcionarios
«Esperemos que ahora sí veamos a alguien en la cárcel pagando las consecuencias de estos actos»
Javier Lozano, secretario del Trabajo
CIUDAD DE MÉXICO.- La falta de inspectores que verifiquen el estado que guardan las minas y de una legislación fuerte que castigue la falta de cumplimiento de la ley son dos de las principales debilidades del sistema que propician los accidentes en las minas mexicanas.
La Secretaría del Trabajo tiene un déficit de más del 370% en el número de inspectores laborales, pues existen sólo 376 plazas para realizar ese trabajo en todo el país, cuando hay más de 827,000 centros de trabajo, aseguró este martes ante el Congreso mexicano el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.
“La buena noticia es que esto es un 72% más que como iniciamos este gobierno; la mala noticia es que con todo y este 72%, estamos apenas en una tasa de 0.87 inspectores por cada 100,000 trabajadores”, explicó el funcionario.
Este índice está lejos de los estándares internacionales, aseguró. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda que existan 4.1 inspectores por cada 100,000 trabajadores.
Lozano forma parte de un grupo de cuatro secretarios de Estado y dos directores generales que comparecen ante la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso mexicano para explicar a los legisladores el accidente del 3 de mayo pasado en el pozo habilitado como mina de carbón en Sabinas, municipio del norteño estado de Coahuila.
Javier Lozano, secretario del Trabajo; Bruno Ferrari, secretario de Economía; José Antonio Meade, secretario de Energía; Daniel Karam, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Antonio Vivanco, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y Juan Rafel Elvira Quesada, secretario del Medio Ambiente, expusieron las condiciones de la mina en la que 14 trabajadores murieron y un menor de edad quedó incapacitado.
Según datos oficiales, la minería en México emplea a más de 300,000 personas de forma directa y sostiene un millón de empleos indirectos.
Una de las principales críticas a los funcionarios federales ha sido la falta de una vigilancia a los concesionarios de explotación minera que propician malas condiciones de trabajo para los mineros: desde bajos salarios hasta escasas o nulas condiciones de seguridad para la realización de su trabajo.
Ante el cuestionamiento de los legisladores de por qué no contratar a más personal, Lozano respondió:
“No es un tema estrictamente del presupuesto, es un tema normativo; el único año que nos dejaron crear más plazas fue en 2007”, aseguró el encargado el Trabajo en México. “(En) 2008, 2009, 2010 y 2011 el decreto de presupuesto de egresos de la federación dice que, invariablemente, no se crearán plazas en nivel alguno con excepción de los rubros de educación, salud, de seguridad pública”, explicó.
«Es un tema de principio de austeridad y racionalidad que se establece desde la Cámara de Diputados”, insistió.
El funcionario reclamó que la ley no permite, por ejemplo, que un inspector cierre de forma inmediata un centro de trabajo que se considere peligroso para los trabajadores, y más bien se debe hacer un trámite que puede ser muy largo.
El pozo que funcionaba como mina en Sabinas, Coahuila, apenas con 18 días de haber comenzado operaciones, cometió 95 violaciones a la ley federal; la primera de ellas es que era explotada por una tercera persona, diferente a la que contaba con la concesión de explotación, sin notificar a ninguna autoridad.
“Pero les sale más barato pagar la multa que violar la ley (…) esperemos que ahora sí veamos a alguien en la cárcel pagando las consecuencias de estos actos”, expuso Lozano.
La comparecencia de los funcionarios federales sí contó con la asistencia y participación de legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a pesar de que en días pasados el líder de ese partido, Humberto Moreira, declaró al secretario del Trabajo como un interlocutor no válido con su partido por considerarlo un “servidor público de medio tiempo”.
Después del accidente en Pasta de Conchos, en el que 65 mineros quedaron sepultados hace cinco años, han fallecido otros 43 trabajadores en diferentes minas, plantas de beneficio y transporte de carbón, lo que revela las condiciones inseguras en las que realizan su trabajo.