Quito, 21 de octubre de 2015
Ante la campaña del gobierno ecuatoriano para legitimar los desalojos de familias comuneras de la zona de influencia del proyecto de minería a gran escala Mirador (en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe), argumentando que estas aceptaron dinero a cambio de abandonar sus tierras, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) organizaron una misión para constatar lo acontecido.
Es importante destacar que para esta visita, se extendió una invitación pública al Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva; a la Ministra de Justicia, Ledy Zúñiga; y a la Asambleísta de Zamora Chinchipe, Sobeida Gudiño (presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos), sin embargo ninguna de estas personas concurrió, impidiendo así la participación de una delegación de las Naciones Unidas en Ecuador, quienes habrían aceptado la invitación siempre y cuando asistieran las autoridades nacionales. Una vez más se obstaculiza la búsqueda de la verdad.
Una vez en el sitio, las personas integrantes de la Misión, recabaron testimonios e información de primera mano, ratificando que el día 30 de septiembre de 2015, catorce familias comuneras, ubicadas en el sector de la vía al destacamento militar “Cóndor Mirador” de la parroquia Tundayme, fueron desalojadas forzosamente de sus viviendas por la guardia privada de la empresa Ecuacorriente S.A., apoyada por miembros de la policía nacional.
Constató que los desalojos se realizaron sin notificación previa, en tierras que poseían títulos de propiedad legalizados, y que salvo en tres casos en que las propiedades eran objeto de servidumbres, para los diez restantes, no pesaban procesos legales o de servidumbres.
De las denuncias y testimonios recogidos, se corrobora que los desalojos se produjeron en un ambiente de violencia desproporcionada e indiscriminada. Un número excesivo de policías destruyeron las casas de los comuneros y los bienes que se encontraban en su interior. Igualmente, la Misión pudo observar los hoyos profundos realizados por retroexcavadoras en las que, según las personas desalojadas, fueron enterradas los restos de las viviendas destruidas, presumiblemente para borrar las evidencias.
La CEDHU pone a conocimiento de la opinión pública el escenario de desesperación que se vive en Tundayme a raíz de los desalojos descritos previamente. Las familias afectadas viven un verdadero drama humano ya que han sido despojados de sus tierras y pertenencias fruto del esfuerzo de toda una vida y ahora no tienen a donde ir. Por el contrario, el gobierno se empeña en una campaña para legitimar estos desalojos y descalificar a quienes son víctimas del supuesto desarrollo que pregona.
Denunciamos que la falta de interés del Estado en brindar solución sustentable a la situación de personas afectadas por proyectos mineros perpetúa la indefensión de los desplazados y es un obstáculo para el pleno goce de derechos individuales y colectivos.