“Muchas voces se han levantado para pedir la anulación del decreto de 2016 que creó el Arco Minero de la Zona Estratégica de Desarrollo Nacional del Río Orinoco. Se trata de un área de concesión de 111.843 m2, para minería de oro, diamantes, hierro, cobre, bauxita, coltán, entre otros recursos, que ha captado la atención de unas 150 empresas, de 35 países.”
Un decreto inconstitucional Según el Observatorio Guayana Sustentable, el decreto contraviene al menos cuatro tratados internacionales, incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y viola nueve leyes y reglamentos nacionales, así como cuatro artículos de la Constitución Bolivariana. Ecologistas, abogados, ingenieros, geólogos y expertos en minería, sostienen que el decreto no exige una evaluación ambiental y sociocultural exhaustiva, antes de la aprobación del inicio de sus actividades y que éstas podrían tener impactos negativos en los ecosistemas adyacentes al Arco.
El Estado estaría promoviendo actividades que atentan contra el Medio Ambiente, porque no está cumpliendo con el artículo 128 de la Constitución, que requiere que la política de ordenación territorial preste atención a consideraciones ecológicas, geográficas, de población, sociales, culturales, económicas y políticas y que se observan las mejores prácticas de desarrollo sostenible.
Posibles consecuencias Piden un alto total de actividades extractivas en tierras ancestrales en los estados de Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar, porque si la contaminación comienza a extenderse todo el país se verá afectado, dado que Venezuela ocupa el noveno lugar en el mundo en cuanto a biodiversidad. Esta zona en particular está cubierta por 18.000 hectáreas de bosques, posee el 80 por ciento de las reservas de agua de Venezuela y produce el 75 por ciento de la energía del país.
Además, el 85 por ciento de su territorio es tierra protegida. Los expertos sostienen que el decreto que crea el Arco Minero es inconsistente cuando se trata de la delimitación del área y se presta a la creación de “un Estado dentro de otro Estado, donde los gobiernos locales serían ignorados y sólo se cumplirían las normas militares”. Además de solicitar la derogación del decreto, el Observatorio Guayana Sustentable pide al gobierno de Nicolás Maduro, que revise el documento titulado “Manifiesto de Guayana contra el Arco Minero del Río Orinoco”, donde comunidades locales y expertos presentan una serie de Recomendaciones para hacer frente a los peligros ambientales, sociales y económicos planteados por el Arco Minero.
Los activistas dicen que es urgente actualizar y poner en práctica, el Plan de Ordenación Territorial del Estado de Bolívar, para que las actividades económicas y sociales que se desarrollan en la zona vayan acompañadas de una adecuada atención al Medio Ambiente. Cabe señalar que el estado ya está enfrentando graves amenazas ambientales causadas por una extensa industria minera ilegal.
Fuente:http://www.ecoticias.com/eco-america/137229/Fuerte-oposicion-al-decreto-del-Arco-Minero-en-Venezuela