Por razones extras legales la Sala Penal Permanente de Huaraz decidió frustrar la audiencia en la que debía iniciarse el juicio oral en el proceso que se sigue a 17 comuneros del Cerro Condorwain por la defensa de sus recursos hídricos.
La Sala, presidida por Abraham Vílchez e integrada por los vocales María Arroyo y Vela Marroquín, anunció que la audiencia se reprogramará y la nueva fecha será informada oportunamente a los procesados.
Entre los motivos que expusieron los magistrados para la toma de su decisión señalaron la carga procesal que deben afrontar, además que no hubo la previsión del caso para el desarrollo de una audiencia tan larga y con un gran número de procesados.
Procesados mostraron su indignación
Tras la decisión de los integrantes de la Sala Penal Permamente, los procesados por el caso Condorwain se dirijieron a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ancash, para exigir a las autoridades judiciales mayor celeridad en el proceso, que lleva ya varios años y a la fecha no se ha iniciado la etapa del juicio oral.
Por ello, pidieron también al órgano de control interno que se investigue a los magistrados que una y otra vez han dilatado el proceso.
Cabe indicar que como en otras oportunidades, los procesados por el caso Condorwain recibieron el respaldo de las comunidades ubicadas en las faldas de dicho cerro. Centenares de personas llegaron hasta el frontis de la Corte Superior de Justicia de Ancash para expresar su apoyo y solidaridad para con quienes han cometido el único delito de defender sus recursos hídricos y la vida misma.
El Caso Condorwain se remonta al año 2007. El 11 de abril los comuneros participaron de una movilización contra la imposición minera en sus territorios, específicamente en el cerro Condorwain, lugar sagrado donde nacen las aguas que abastecen a las comunidades de la zona para su consumo y sus actividades agrícolas.
En ese lugar la empresa minera Barrick Misquichilca pretendía desarrollar sus operaciones, las mismas que afectarían a más de ochenta ojos de agua. El proyecto minero afectaría directamente a la comunidad campesina Santiago Antúnez de Mayolo y a los centros poblados de Acomarca, Ucru, Pacchac, Quenuayoc, Cruzpampa, Atipayán,Picup y Cochac, al impactar gravemente contra la cantidad y calidad del agua.