Frente a la continua criminalización de la lucha y la persecución judicial contra los dirigentes de las Organizaciones sociales y populares, como es el caso de Pepe Acacho, presidente de la FICSH, quien junto con otros 30 dirigentes en varios sitios del país, han sido acusados del delito de sabotaje y terrorismo por participar en las protestas por la defensa de la soberanía y la naturaleza, y
Frente al violento e injustificable operativo policial de desalojo a pequeños mineros en la zona de Conguimi (Kenkuim), del cantón Paquisha, provincia de Zamora Chinchipe, que interrumpió un diálogo en curso que estaba dando salidas a los problemas generados por la pequeña minería informal, en gran medida controlada por ciertos sectores de poder económico de la provincia, y causante de graves daños socio ambientales.
Dada la inoperancia gubernamental, la organización local de los shuar (Asociación Nankais) estaba exigiendo a los pequeños mineros la recuperación del suelo y la reforestación de las partes intervenidas hacia un ordenamiento de la actividad minera y la legalización de la concesión a favor de la Asociación Shuar, en cuyo proceso estaba actuando como facilitadora la gobernadora de la provincia de Zamora Chinchipe. Dentro de ese marco había un diálogo abierto, que si bien tenía dificultades, entre otras cosas operaban todavía retroescavadoras en Kenkuim, fue interrumpido por el uso de la fuerza.
¿Qué pretende con este tipo de política el Gobierno Nacional?
¿Acaso seguir limpiando de obstáculos el impulso de la actividad minera de gran escala controlada por empresas transnacionales, generando un ambiente de terror y zozobra?
En la Cordillera del Cóndor, en Morona Santiago y Zamora Chinchiipe, entre Aurelian Kinross (59%) y ECSA (21%) tienen el control de más del 80% de las concesiones. Además están Condormining Corporation S.A. (5,3%), Midasmine (3,7%), Cia. Miningsources S.A (3.43%), Cia. Condor Gold (1.63%), y otras como Elipe, Minerpacific.
El gobierno no ha tomado acciones en contra del control monopólico de las empresas transnacionales en la Cordillera del Cóndor, a pesar de que había un mandato minero cuya estricta aplicación pudo revertir todas esas concesiones al estado ecuatoriano.
No hay sabotaje ni terrorismo en acciones como las de quienes están defendiendo su territorio, sus formas de vida, su cultura, y la soberanía de su país.
Por otro lado, la actividad minera a gran escala, en territorios frágiles como los bosques de la Cordillera del Cóndor, o como los páramos de Quimsacocha, es una actividad impulsada, con proyección estratégica por este gobierno y su secretaría de planificación y generará impactos intensivos, extensivos e irreversibles, como lo han planteado, incluso, los propios estudios de impacto ambiental de proyectos como el de Mirador – ECSA, con su proyecto de minería de cobre a cielo abierto.
En ese marco nos preguntamos si las preocupaciones ambientales o legales del régimen son genuinas.
Advertimos al país, la irresponsabilidad con la que el gobierno nacional, y específicamente, el Presidente, el Ministerio de Gobierno, de Política, de Ambiente, de Recursos No Renovables, la Secretaría de los Pueblos, Senplades, están tratando este delicado tema.
Estamos convencidos que todas estas decisiones del gobierno son parte de un plan perfectamente delineado para dejar el camino libre a la explotación de la minería de gran escala en la zona, y otras del país, para beneficio de extranjeros, sin reparar en sus efectos irreversibles de tipo ambiental, social, cultural, económico que dejará para pueblos y comunidades.
Apoyamos la estrategia de diálogo y construcción conjunta de opciones frente a la gravedad del conflictivo tema de la minería informal que desde el gobierno provincial de Zamora Chinchipe se impulsaba y se propone en la actualidad a partir de la reconstrucción de un proceso participativo de desarrollo basado en el buen vivir a través de un ordenamiento territorial entre las organizaciones campesinas, indígenas, mineras informales de la provincia y todos sus pobladores.
La minería de pequeña escala debe regularse, controlarse y se debe evitar su expansión. Para ello, el gobierno está obligado a generar políticas y estrategias de transición de esta actividad económica hacia alternativas de producción sustentables.
Denunciamos al gobierno de Rafael Correa por los brotes de violencia que causa, exigimos el cese inmediato de la represión contra las comunidades de Zamora Chinchipe y la conducción de un verdadero proceso de ordenamiento territorial participativo en la Cordillera del Cóndor y en toda la región sur del país.
Exigimos al gobierno, y a las autoridades judiciales vinculadas que se archiven los procesos penales en contra de los dirigentes de las organizaciones sociales acusados de sabotaje y terrorismo por el hecho de participar en las luchas de defensa de la vida, el medio ambiente, sus fuentes de trabajo y la soberanía del país.
Expresamos en este pronunciamiento nuestra solidaridad con la dirigencia de la Federación Interprovincial de Centros Shuar, con sede en la provincia de Morona Santiago, provincia en la que se lleva a cavo este encuentro, demandamos el archivo del proceso por terrorismo y sabotaje, nos declaramos vigilantes de este proceso y otros levantados en contra de miembros de comunidades y líderes cuyo único delito ha sido la defensa de la Naturaleza.
Exigimos al gobierno, que se archive las concesiones mineras en manos de las transnacionales,
Ratificamos nuestro propósito por construir un Ecuador libre de minería a gran escala.