La industria minera del país ha aportado más de 12 mil millones de pesos a obras de infraestructura social en los 25 estados del país en los que existe industria extractiva, recursos que fueron entregados al sector público vía el impuesto minero, constituido a partir del año 2014.
Lo anterior fue dado a conocer antes de que concluyera el 2018 por la Cámara Minera de México (Camimex), organismo que informó además que sólo en el año previo, la industria minera pagó además 28 mil millones de pesos en impuestos.
En un recuento general, la Camimex recuerda que derivado de la aplicación de los Impuestos Especial, Adicional y Extraordinario, constituidos por el Congreso de la Unión en el denominado Fondo Minero para el Desarrollo Sustentable, a partir del año 2014, en el primer año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recaudó 2 mil 589 millones de pesos, que se distribuyeron entre 199 municipios de 25 estados donde hay operaciones mineras.
Para el año 2015 el monto para el Fondo Minero ascendió a 2 mil 662 millones pesos; en 2016 la contribución del sector minero fue de 2 mil 700 millones de pesos y el año 2017, las mineras aportaron 4 mil 206 millones de pesos para obras sociales e infraestructura productiva para los estados y municipios mineros. Aún no se publica el monto total correspondiente al 2018.
La administración de los recursos del Fondo Minero “así como la selección y seguimiento a los proyectos y obras de beneficio social”, advierte la Camimex “son responsabilidad de las autoridades”. Aclaración muy oportuna, por cierto, a propósito de las múltiples obras y proyectos inconclusos por parte de gobiernos estatales y municipales, incluidos los de Zacatecas.
Al respecto, es oportuno recordar que aquel lejano 24 de Septiembre del año 2015, se instaló en Zacatecas el primer Comité Regional que decidiría qué proyectos públicos se construirán con los recursos el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de los Estados y Municipios Mineros del país (Fondo Minero).
Dicho comité quedó integrado, entre otros, por representantes de los consorcios mineros que operan en México, quienes exigieron desde entonces a los gobiernos local y federal, garantías para que sus impuestos sean aplicados con transparencia, en obras realizadas a costos razonables, que se fiscalicen y además, se reconozca públicamente a las empresas mineras que aportaron el dinero, vía impuestos.
Visitó en aquella fecha la entidad, la nada célebre Rosario Robles Berlanga, entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), -instancia que por ley administra el Fondo Minero en coordinación con la Secretaría de Economía y el BANCEFI-, quien atestiguó junto con –el tampoco nada célebre-, Miguel Alonso Reyes, en su carácter de gobernador de Zacatecas, la instalación de ese primer Comité Regional del programa.
El Fondo Minero se constituye económicamente con los recursos que provienen del impuesto especial a la minería, aprobado en octubre de 2013 por la cámara de diputados (vigente a partir del año 2014), que equivale al 7.5 por ciento de las ganancias que obtengan las empresas mineras del país en general, y un 0.5 por ciento adicional para las compañías del sector que extraigan oro, plata y platino.
Durante aquel acto protocolario de instalación del primer Comité Regional del país, Octavio Alvidrez Ortega, director ejecutivo de la compañía “Fresnillo PLC” (propiedad al igual que Peñoles del magnate Alberto Bailleres) -la primer productora de plata primaria del mundo, que cotiza en la Bolsa de Londres-, encabezó la exigencia de las empresas mineras del país, para que los gobiernos local y federal hicieran un uso transparente y eficiente de los recursos del Fondo Minero.
Solicitó además la aplicación prudente de los recursos del Fondo Minero en la inversión física, “para lograr el mayor impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, solicitando que se eviten obras que conlleven un gasto operativo para su mantenimiento, o contratación de deuda”.
En aquella sesión de constitución del Comité Regional del Fondo Minero, intervino además en representación de las Comunidades Agrarias donde existe actividad minera en Zacatecas, el campesino José Pérez Martínez, quien recordó que “las necesidades de los pueblos mineros, nunca se han cubierto en su totalidad, y cada día, a pesar de la generación de empleos y minas, estas necesidades crecen”
Leyendo con problemas el discurso que -fue evidente él no elaboró-, el campesino José Pérez Martínez, pidió a la titular de la SEDATU, Rosario Robles Berlanga, “que además del beneficio del impuesto minero creado con la reforma hacendaria, los ejidatarios contemos con la orientación y apoyo de la SEDU (sic), en la negociación de terrenos que puedan ser de utilidad para la extracción de gas, petróleo, o para la generación de energías limpias, como la solar y la elótica (sic)”.
En aquella reunión Alfonso Cantú, entonces coordinador general de minería en la Secretaría de Economía, dijo que se buscaría que los recursos del Fondo Minero “beneficien a las localidades y regiones donde se desarrolla la minería”, esto es particularmente en los 600 municipios de todo el país que tienen actividad minera.
“Este Fondo evidentemente va a ayudar de una manera importante, a la reducción de los conflictos (sociales) que hemos estado viviendo en el país en estos últimos años, que alcanzó a llegar a 60 conflictos en el territorio nacional. Y ello ¿por qué? Porque no todas las empresas eran responsables socialmente. Algunas sí compartían parte del beneficio a las comunidades, pero otras no. Con esta nueva regalía, eso cambiará, pues solo México y China eran los dos países que no cobraban este impuesto en el mundo”.
Han transcurrido desde aquella fecha más de tres años, y miles de millones de pesos que han sido recaudados por el impuesto del Fondo Minero, fueron distribuidos y “ejercidos”, por los gobiernos estatal y federal del PRI, en los estados del país con actividad minera.
Entre mayor actividad minera y riqueza se genere con esa actividad económica, mayores serán los recursos que se le asignen a esa demarcación. Y Zacatecas, hay que recordar, está entre los primeros tres estados de la república mexicana con más producción minera.
Pero al finalizar el año 2018, las obras que se debieron realizar con bolsas multimillonarias al final del sexenio de Miguel Alonso Reyes y en los dos primeros años de gobierno de Alejandro Tello Cristerna, son obras realmente miserables, pequeñas en comparación con los cientos de millones de pesos asignados a Zacatecas. En algún lugar se están quedando los recursos que aporta la industria minera, y no llegan a las comunidades.
Antes de que concluyera el año 2018, en una gira de trabajo por Mazapil, Alejandro Tello Cristerna inauguró obras por un monto de apenas 13.4 millones de pesos, “de los cuales una parte corresponde al Fondo Minero”, aclaró.
Ente las obras se informó, están la inauguración del entronque carretero Mazapil-Estación Camacho; un aula construida en el kínder Frida Kahlo en la comunidad Palmas Grandes, así como un domo de 20 por 40 metros de superficie, para la cancha deportiva de la escuela primaria de la misma comunidad. ¿Cómo está trabajando el Comité Regional del Fondo Minero en Zacatecas? ¿Quién lo fiscaliza? ¿Saldría limpio de una auditoría al Fondo Minero, el delegado federal de SEDATU, Arnoldo Rodríguez Reyes, quien coordinó y operó dicho programa?… La respuesta, quizá, nunca la sabremos.
Fuente:http://periometro.mx/2019/01/03/fondo-minero-en-zacatecas-cientos-de-millones-de-pesos-para-obras-liliputienses/