Santo Domingo, La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), sometió hoy por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), una acción de amparo preventivo en contra del Ministerio de Energía y Mina, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Dirección General de Minería, en defensa de la no explotación del proyecto minero Romero y Romero Sur, en la Provincia San Juan de la Maguana, por violación a la Constitución de la República y de un Precedente Vinculante del Tribunal Constitucional.
El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, aseguro que el Tribunal Constitucional dominicano ya ha dilucidado casos similares como lo fue Loma Miranda por decisión, asumida mediante la Sentencia No. TC/0167/13, la cual vincula a todos los poderes del Estado por efecto del artículo 184 de la constituciones consecuencia impide que cualquier funcionario o poder público alguno, autorice o diga que autoriza lo que el Tribunal Constitucional ha prohibido, con un carácter extensivo a los despropósitos que hoy se están planteando en San Juan de la Maguana.
El amparo preventivo para la defensa de la no explotación del proyecto minero Romero y Romero Sur, se sustenta entre otras consideraciones, en los aprestos, amenazas e inminencia de una posible autorización de las autoridades mineras y medioambientales, puesto de manifiesto en declaraciones del Ministro de Energía y Minas Antonio Isa Conde y del incumbente de la Dirección General de Minería.
El amparo depositado tiene además su fundamento en la apariencia de buen Derecho, la grave alarma social y el verdadero peligro en la demora para solucionar este problema.
Asimismo, la entidad de sociedad civil anuncio que estaría presentando en calidad de interventores forzosos a la empresa GOLDQUEST DOMINICANA S.R.L., a la Unidad Coordinadora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Senador de la Provincia de San Juan de la Maguana, Félix Ramón Bautista Rosario, a los Diputados por la Provincia de San Juan: David Herrera Díaz, Henry Modesto Merán Gil, Lucía Medina Sánchez, Nidio Encarnación Santiago y Roberto Pérez Lebrón; y a la Diócesis de la Iglesia Católica, San Juan de la Maguana, Obispo José Dolores Grullón Estrella. Toda vez que los mismos, por las trascendentes funciones que desempeñan y su participación y posiciones en la eventual explotación minera de que se trata tienen responsabilidades políticas, sociales y económicas de interés para el proceso.
Asimismo el Gobierno Dominicano, a través de la Unidad Coordinadora de Proyectos Agroforestales de la Presidencia, ha venido trabajando en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo para establecer siete proyectos exclusivamente en la región Sur, por un monto ascendente a los casi cinco mil millones de pesos, con el objetivo de impactar y potencializar positivamente más de 150 ríos y arroyos, mediante el desarrollo sostenible de las cuencas hidrográficas del sur, el cual beneficiará más de siete mil productores y generará unos doce mil empleos directos y unos cuatro mil indirectos. Que, para los fines de lugar, ya han sido aprobados unos ochocientos mil dólares.
Para Potentini resultaría contraproducente, el llevar a cabo el proyecto de explotación minera, en razón de las cuantiosas inversiones, que precisamente buscan sostenibilidad medio ambiental para la región Sur, sobre todo pretender poner en marcha todo un sistema de la industria infernal de la explotación minera, depredando el ya resentido medioambiente de la zona, resultando en consecuencia una paradoja el poner en riesgo los esfuerzos del Gobierno y de Organismos Internacionales como el BID, con los proyectos agroforestales referidos.
Finalmente, la FJT recuerda que desde el Estado Dominicano se viene trabajando en diversos proyectos, los cuales buscan propiciar un respiro económico a la región Sur, con los aprestos y diligencias para el establecimiento y aprovechamiento de un turismo ecológico en la zona, lo que sin lugar a dudas se verían sensible y gravemente afectados, por la eventual puesta en ejecución de los proyectos de explotación minera Romero y Romero Sur, en la Provincia San Juan.
El deposito del amparo se efectuó por ante la secretaria del Tribunal Superior Administrativo, encabezado por los abogados y principales directivos de la fundación, entre ellos Heriberto Rivas Rivas, Manuel Galván, Smerly Rodríguez y Grace Estela Potentini.