El E-cochaski Nº 53 Julio 12, 2010
Editorial
Los recientes desastres extractivos de las regiones de Huancavelica y Loreto nos motivaron a consultar a varios activistas ambientalistas y expertos ambientales acerca de los desafíos de la fiscalización ambiental en el país y qué hacer al respecto para superarlos. Las interesantes respuestas de ambos grupos siguen a continuación, por separado.
Los primeros son más escépticos y abarcadores, pues sostienen que en las actuales condiciones políticas y dentro de este modelo económico poco se puede hacer. En el Perú poco se trabaja el tema tecnológico o ambiental (agua). Los fiscalizadores casi siempre aceptan la versión de las empresas. Y en el caso de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los hacen y financian las empresas, que son juez y parte. Añaden que es esencial el ordenamiento territorial, así como la premisa de que las actividades extractivas siempre conllevan un riesgo alto de contaminación, a pesar del discurso de las tecnologías limpias. Ello ya ha sido comprobado por estudios sobre riesgo inevitable en minas de los Estados Unidos. Por eso es que mineras grandes, como Yanacocha, han comprado y siguen comprando tierras a los campesinos para evitar estos riesgos a la población (y aún así los afectan). El problema es que el mapa geológico que indica el potencial minero o hidroenergético no siempre coincide con regiones deshabitadas o ecológicamente “invulnerables”. Por el contrario, casi todo el potencial minero se encuentra en cabeceras de cuenca, con lo que el riesgo de afectación es bastante alto.
En el nivel institucional, sostienen que el ajuste estructural de los años 90s, con la creación de organismos de control como el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) y la tercerización de las actividades de fiscalización en la legislación minera, no ha traído mucho beneficio en términos ambientales. OSINERGMIN ha puesto muchas multas a empresas transgresoras, pero hay un porcentaje muy bajo que se hayan pagado, pues casi todas las empresas las apelan contratando a famosos estudios de abogados. Por otro lado, el perfil de OSINERGMIN es muy técnico, pues su función es constatar que no se viole ni la legislación minera ni ambiental, pero no tiene ninguna potestad coercitiva. A veces, sus funcionarios ni siquiera pueden entrar a la propiedad de las mineras. Finalmente, no hay ninguna disposición en ninguna de las legislaciones (minera, ambiental, etc.) sobre qué hacer en caso de afectación de las aguas, como pasó en el río Marañón o en el río Opamayo. Simplemente, se asume que las empresas deben enmendar lo que han ocasionado, pero esto es absurdo totalmente. No hay ninguna institución pública (salvo Defensa Civil) que se encargue de resolver el entuerto y esto es sintomático de lo poco que les importa a nuestros gobernantes lo que le suceda a la gente. Es el efecto perverso del discurso minero respecto a la eficiencia y la infalibilidad de la tecnología y en general del extractivismo, que llevan a una falta de precaución casi absoluta.
Ante ese panorama, los activistas proponen un organismo de fiscalización independiente que no esté en manos del Ministerio de Energía y Minas o de cualquier otro ministerio. Además, luego deberán subirse drásticamente las multas o cerrarse las minas. Asimismo, no debe haber actividades extractivas en zonas habitadas ni de fragilidad ecológica, simplemente por el principio precautorio. Para cumplir su función, OSINERGMIN puede contratar empresas privadas supervisoras, así como auditorías, estudios o asistencia técnica, para complementar la labor de supervisión, y los costos de todas estas contrataciones deberán ser asumidos por el titular de la actividad minera.
De otro lado, los expertos ambientales consideran que la fiscalización ambiental en hidrocarburos es más deficiente aún que la realizada en minería, siendo una de las supuestas razones de esto lo difícil de acceder a la selva. Además, OSINERGMIN, al menos en ciertos casos, es demasiado lento, pues ya conocía que las relaveras de la minera Caudalosa no marchaban bien desde el 2008, pero no tomó al respecto las medidas suficientes, como sí lo ha hecho en otros casos. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente (MINAM) pudo haber sido un buen organismo fiscalizador, pero pusieron ahí a gente que nunca había fiscalizado en su vida. Otro problema del sistema de fiscalización está en su forma de hacer seguimiento. Si no hay fiscalizadores especializados y cuando se realizan las sanciones no se ejecuta el pago de las multas, entonces es como si todo lo hecho no sirviese y se pierde credibilidad. Además, se paralizan obras pero no se exige que se haga la remediación ambiental. Tal situación estaría por cambiar en parte con la implementación de las fiscalías para delitos ambientales desde el MINAM, aunque aún no hay presos por estos casos, pero los empresarios mineros y sus ingenieros ya están muy preocupados por las posibles consecuencias penales, además del tiempo que les demanda atender estos procesos.
Algunas salidas técnicas sugeridas por los expertos para mejorar la fiscalización ambiental son: Implementar un sistema de monitoreo de la calidad del agua en ríos, que incluya las relaveras, y la calidad del aire, con las plantas de beneficio y refinerías en tiempo real. Es decir, hay que tener una red de estaciones de medición de calidad del agua y aire con sensores que reporten a un satélite y este derive al organismo de fiscalización. El inconveniente con este sistema es el alto costo de la estación, la implementación del sistema que funcione con el satélite, que también es caro, y además se debe pagar anualmente por el servicio y los costos de la transferencia de datos. La fiscalización debe ser participativa, usando el mecanismo de vigilancia ambiental por parte de la población civil, en coordinación con las autoridades. Es decir, la población debe fijarse un objetivo concreto y tener un plan de trabajo y recibir capacitación para realizar los objetivos que se planteen. La vigilancia ambiental tiene por objeto identificar situaciones irregulares, con falta de seguridad o de mantenimiento de obras, pero lo más importante es la búsqueda de soluciones. También se puede usar el voluntariado ambiental para las capacitaciones. Asimismo, la fiscalización debe estar en organismos independientes y técnicos, no supeditados al poder político (caso SUNAT), pues de otra manera no se gana el respeto del público; tener presupuesto y unas cinco oficinas macrorregionales, totalmente autónomas y con presupuesto suficiente, que estén capacitando constantemente a los pobladores para que los convierta en los guardianes del medio ambiente. Las multas deben ser más fuertes; exigir fianzas cuando se encuentra una situación anómala. El Ministerio de Salud debe ser más preventivo, y contar con más toxicólogos. Por último, las ONGs tienen que tecnificarse y ser muy cuidadosas de defender causas flagrantes.
En conclusión, el diagnóstico y el tratamiento sugerido por ambos grupos no es del todo distinto, aunque los primeros le dan más énfasis a las causas de la debilidad de la fiscalización ambiental, subrayando la predominancia actual de la lógica extractivista en los sistemas social, político, ambiental y económico. Mientras los segundos apuntan más a posibles salidas técnicas que, de hecho, es necesario tratar de implementar a corto y mediano plazo, a fin de evitar los a veces notorios desastrosos efectos de las industrias extractivas. El desafío inmediato es cómo lograr que la lógica extractivista permita implementar, luchando contra el tiempo, reformas que supuestamente no son necesarias para ella.
Raúl Chacón Pagán