En Filipinas hay unos 110 grupos etno-lingüísticos, que representan casi el 15% de la población. La mayoría de ellos viven en las cadenas montañosas y en las zonas costeras [1]. Ahora bien, las regiones de Filipinas que contienen minerales se encuentran también en esas montañas. En nueve millones de hectáreas, es decir casi el 30% del territorio nacional, hay minerales que son explotados por el gobierno y por inversores mineros.
La industria minera sólo representa, en promedio, el 1,2% del producto bruto interno, mientras que las poblaciones soportan una larga lista de externalidades negativas: agotamiento de recursos, daños al medio ambiente y al hábitat natural, contaminación, problemas de salud, costos económicos [2].
Las comunidades autóctonas comprendieron hace tiempo que las minas perturbarán sus medios de vida, volverán estériles sus tierras y dejarán las montañas desnudas y condenadas al desastre. Por esa razón es que se lucha contra las minas en la región.
Indiscutiblemente, la primera preocupación de los pueblos indígenas de Filipinas es la posesión de la tierra. Las minas los llevan a desplazarse en masa de su territorio ancestral. Las agresiones del desarrollo [3], como la extracción minera, han puesto en peligro su estilo de vida tradicional, al invadir sus dominios: granjas, hogares, bosques y sitios sagrados. Además, la migración constante de habitantes de otras comunidades que vienen a buscar trabajo tiene efectos negativos sobre ellos. Una vez desmontadas y allanadas para la realización de la actividad minera, las montañas quedan expuestas a desprendimientos de tierras y otras catástrofes que afectan a los pueblos de las montañas y a los habitantes de la llanura.
Consecuencias para las mujeres
Las mujeres y los niños indígenas se ven sumamente afectados por las actividades mineras. En 2009, Emi B. Carreon, miembro de Innabuyog, una alianza regional de organizaciones de mujeres indígenas de la región de la Cordillera, presentó a la Sesión de Estudios Asiáticos sobre las Mujeres y las Minas un informe relativo a las diversas consecuencias que tiene la minería sobre los habitantes indígenas.
Desastres ocasionales, como la ruptura de depósitos de desechos, agravan la contaminación del suelo y de los ríos causada por los productos químicos tóxicos y los ácidos que salen de las minas; esta contaminación tiene graves efectos sobre la salud de la gente, y especialmente de las mujeres. La contaminación del aire, del agua y del suelo llega a los alimentos y al agua que consumen, mientras que los mineros y las comunidades que reciben los desechos tóxicos de las minas sufren graves trastornos de salud, como asma, tuberculosis, afecciones cutáneas, enfermedades gastrointestinales e incluso cáncer. Las mujeres corren además el riesgo de sufrir trastornos de salud asociados a la reproducción, como el aborto espontáneo o la malformación del niño.
En la vida hogareña, las mujeres se ven muy afectadas por las perturbaciones y desórdenes sociales causados por las minas; el pago de sobornos, que lleva a la destrucción de valores y costumbres tradicionales e incluso de la unidad familiar, es un método utilizado para debilitar a las comunidades mineras.
Además, las mujeres tienen dificultades para proveer alimentos y agua a su familia, pues los bosques ya no son su hogar; ahora deberán adaptarse a la economía monetaria, a la cual no están acostumbrados los pueblos indígenas.
Carreon señala también que, en muchos casos, ha aumentado la violencia doméstica contra las mujeres, así como el alcoholismo, la drogadicción, el juego, el incesto, e incluso el intercambio de parejas y la infidelidad.
Por otra parte, la militarización impacta a las comunidades indígenas y, con particular crueldad, a las mujeres, quienes han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, de acoso sexual, de violaciones y de torturas físicas y psíquicas [4].
También se considera que la minería lleva a la prostitución. Por ejemplo, en Zamboanga Sibugay (Zamboanga del Sur), la policía informó en 2010 sobre casos de trabajo y prostitución infantil. A.J. Jacinto, de GMANews.tv, refirió que “muchos han sido persuadidos a prostituirse a cambio de dinero – 1.500 pesos filipinos por tres horas de servicios sexuales en las chozas que sirven de guarida a los mineros luego de una dura jornada de labor” [5].
Las mujeres en la vanguardia de la lucha contra la minería
Las mujeres indígenas de Filipinas se han integrado a organizaciones que las ayudan en su lucha. Desempeñan una función capital en la educación y la divulgación de información y de recursos sobre temas diversos a otras mujeres y comunidades. Participan activamente en campañas y movilizaciones populares (cadenas humanas, arrestos masivos, manifestaciones, etc.).
Las mujeres y los niños de Barangay Anislagan, en Placer (Surigao del Norte), son un ejemplo de ello: la población vive de la agricultura, del arroz y de los cocoteros. Las mujeres han comprendido que las minas pondrán en peligro sus medios de vida, al contaminar el agua y eliminar los bosques que les quedan. Por lo tanto, han luchado contra las empresas mineras Anglo-American y Manila Mining, y están a la cabeza de la campaña por la soberanía alimentaria y contra las minas en las cuencas fluviales.
Guiadas por la organización popular Anislagan Bantay Kalikasan Task Force (ABAKATAF), presentaron una petición y participaron en elecciones locales que llevaron a la llamada Resolución de Barangay, donde manifiestan su decisión de no permitir actividades mineras en ese lugar.
Convocada por las campanas de la iglesia, toda la comunidad, hombres, mujeres y niños, organizó barricadas humanas. Esto llevó a Anglo-American a anunciar, en noviembre de 2008, su decisión de retirarse, mencionando como una de las principales razones la oposición de la población [6]. La lucha contra la compañía Manila Mining, que comenzó en la década de los 80, continúa aún hoy.
Las comunidades indígenas y las organizaciones que las apoyan siguen luchando por su derecho a la autodeterminación y por los derechos humanos. Quieren reforzar su posición, para defender su derecho a las tierras ancestrales y a elegir su propio método de desarrollo.
Esas comunidades no van a dejar de pelear mientras ven que las mineras se apoderan de su tierra. El combate será duro, pero saben que no renunciarán a lo que es suyo.
Farah Sevilla, correo electrónico farahsevilla@gmail.com, miembro de GenderCC Filipinas, encargada de actividades de investigación y defensa de derechos de Alyansa Tigil Mina (Alianza contra las minas), http://www.alyansatigilmina.net [7].
[1] Información de Koalisyon ng Katutubong Samahan ng Pilipinas (KASAPI).
[2] Publicación de Alyansa Tigil Mina: A Legacy of Disaster, febrero de 2010.
[3] La Comisión Técnica sobre la Promoción y la Acción para el Desarrollo Igualitario e Inclusivo de las Minorías Étnicas define las agresiones del desarrollo como actividades como las industrias extractivas, la hidroelectricidad, la explotación del petróleo y del gas, la industria minera, la concesión de tierras, las plantaciones, etc., a las cuales se agrega, en algunos países, la militarización, que provocan el desplazamiento de comunidades.
[4] En Abra y Mindanao fueron denunciados casos de acoso y violación.
[5] “Illegal mining breeds child labor, prostitution in Diplahan”, GMA Network, http://www.gmanews.tv/story/186685/regions/illegal-mining-breeds-child-labor-prostitution-in-diplahan.
[6] Informe del Centro de Derechos Legales y Recursos Naturales – Kasama sa Kalikasan (LRC-KsK / Amigos de la Tierra Filipinas), y su documental, que puede ser visto en http://www.youtube.com/watch?v=PnA7hqM-84U.
[7] La Alyansa Tigil Mina (Alianza contra las Minas) agrupa más de 80 organizaciones de comunidades afectadas por la minería y organizaciones populares de todo el país. Desde hace cinco años, lucha activamente contra la política gubernamental que fomenta la minería a gran en Filipinas.
Boletín Nº; 167 del WRM, junio de 2011