La República 14/11/2009
Protesta. Afirman que los policías los detuvieron sin orden judicial. Piden intervención del Congreso. En el interior hay dudas de abusos, pero dicen que se solicitará un informe.
Tras el ataque al campamento minero Río Blanco Cooper (ex minera Majaz, Piura) que provocó dos muertes el domingo 1, rondas campesinas denunciaron que agentes de la Policía Nacional allanaron sus viviendas, sin representantes del Ministerio Público y detuvieron y maltrataron a campesinos.
Según la denuncia, el martes 10 miembros de la PNP llegaron a los Caseríos de El Carmen y Rosario Bajo, y detuvieron a Porfirio Clemente, y a los hermanos Godofredo y Filoteo Ibáñez Clemente, a quienes condujeron a la ciudad de Huancabamba. Porfirio, en un inicio declarado desaparecido, fue liberado dos días después.
El 11 de noviembre –según la ONG Fedepaz– fueron detenidas otras tres personas y sometidas a maltratos en el caserío de El Carmen, siendo liberados ayer y notificados para declarar ante la Fiscalía de Huancabamba.
El comunero Filoteo Ibáñez dijo que los policías allanaron su vivienda, lo enmarrocaron, golperon y apuntaron sus armas a la cabeza, acusándolo de ser cómplice del ataque a la minera.
Su hermano Godofredo confesó que lo llevaron a la base PNP de Ramón Castilla, en Huancabamba, donde lo golpearon y amenazaron con matarlo.
Fedepaz pidió a la Defensoría del Pueblo intervenir “para brindar garantías a los comuneros”. En tanto, en el Ministerio del Interior se dijo que se pedirá un informe para esclarecer la denuncia. Dudaron de que los efectivos hayan participado en torturas. “En todo caso lo que vamos a hacer es realizar una investigación”, indicaron.
La clave
Comisión. El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de DDHH, Ronald Gamarra, junto a frentes sociales de Piura, exigió la formación de una comisión investigadora en el Congreso para garantizar transparencia.