22 de Enero 2012 Por Iván Ruiz
Miles de vecinos bloquean el camino a la montaña para impedir las operaciones; el cambio de discurso de Beder Herrera y las tareas de inteligencia de la minera Osisko
Mónica Santander le cuesta caminar. Sin embargo, con 84 años sobre su espalda, no dudó en recorrer los dos kilómetros que la separaban del campamento en el que estaban instalados amigos y familiares.
Cargó unas botellas y emprendió marcha. Después de largos minutos de caminata, los vecinos apenas podían contemplar la sorpresa de verla llegar. Entre lágrimas, les dijo: «Esta lucha la ganamos entre todos. Les traje unas gaseosas para pasar la noche».
Como Mónica, son miles los vecinos que desde hace 21 días bloquean el camino provincial que conduce a Famatina, en La Rioja, para evitar que comiencen los trabajos de exploración minera en la cadena montañosa.
«El agua vale más que el oro», es la consigna de la protesta antiminera que despertó polémica por la cambiante postura del gobernador Luis Beder Herrera con respecto a la minería y generó indignación con la empresa Osisko Mining Corporation por la realización trabajos de inteligencia para la confección de «listas negras» con datos particulares de los militantes.
Las protestas contra la minería en Famatina llegaron al Obelisco. Foto: Archivo
El conflicto comenzó en agosto de 2011, cuando el gobernador firmó un convenio para que la compañía canadiense Osisko explore Famatina en búsqueda de oro. Ante el supuesto vencimiento de plazos para comenzar con las operaciones, el 2 de enero los vecinos instalaron un campamento a la vera de la ruta. Enseguida contaron con el apoyo de organizaciones sociales, ONGs y partidos políticos. En la actualidad, son unos 2000 los vecinos que bloquean la ruta. Hasta el intendente de Famatina -también kirchnerista como el gobernador- y el párroco del pueblo se pronunciaron a favor de la protesta.
«Queremos que Beder Herrera se eche atrás. Que derogue las leyes mineras», afirmó Carina Díaz Moreno, referente de la protesta, en diálogo con LA NACION. «Necesitamos preservar nuestra agua y nuestro trabajo; el cordón de Famatina abastece a gran parte de la provincia», agregó.
Díaz Moreno apuntó al gobernador como el responsable del conflicto. La acusación fue tan clara como tajante. Lo acusó de «prostitución política». Y explicó: «Quiere destruir un pueblo por dinero y para hacer negocios».
En el último lustro, la minería y la política recorrieron juntos un camino colmado de polémicas en La Rioja. Como vicegobernador, Beder Herrera impulsó la destitución de Angel Maza por un acuerdo que el entonces gobernador había concretado con Barrick Gold para la explorar Famatina.
«Vamos a sacar una ley prohibiendo la explotación a cielo abierto en la provincia», gritaba Beder Herrera antes de asumir como gobernador. Como titular del legislativo provincial cumplió con su promesa y prohibió la actividad. Sin embargo, algunos años después, ya como titular del Ejecutivo provincial, derogó esa misma norma e impulsó la minería en la provincia.
Con el objetivo de obtener mayores beneficios en la negociación con las mineras, Beder Herrera creó EMSE, una empresa estatal minera. En esta ocasión, EMSE se asoció con Osisko para operar en Famatina.
Horas antes de firmar el convenio, el gobernador lanzó: «Tienen que dejarse de joder con la minería. Es el único recurso que tenemos». El mandatario kirchnerista defendió el proyecto y prometió la creación de 200 puestos de trabajo durante la primera etapa.
Las declaraciones de Juan José Mussi, secretario de Medio Ambiente, definieron la postura de la Casa Rosada ante el conflicto en Famatina. «La minería no es un demonio», sostuvo el funcionario kirchnerista.
Héctor Duran Sabas, presidente de EMSE y única voz oficial autorizada a hablar sobre el conflicto, defendió la cambiante postura del gobernador. «No hubo contradicciones. Si sacan las cosas de contexto se prestan a malas interpretaciones. En su momento nos opusimos a la minería porque los recursos mineros no estaban en manos de la provincia. Pero este gobernador lo recuperó», sostuvo. Beder Herrera nunca respondió las insistentes llamadas de este medio.
Duran Sabas fue enfático sobre la posición del gobierno provincial en Famatina: «El contrato [con Osisko] se tiene que cumplir. El acuerdo es legal y se hizo con beneficios sin precedentes para el mundo de la minería». Y, en diálogo con LA NACION, recordó que luego de que el convenio fuera firmado, el gobernador fue reelecto con el 67% de los votos.
Además, el representante del gobierno provincial afirmó que las tareas de exploración no pueden poner en riesgo el medio ambiente.
«La exploración es contaminante. Por eso, el Código de Minería exige un estudio ambiental para realizar estas tareas. Es evidente que no conocen esta normativa, porque la provincia no exigió un estudio ambiental para la exploración en Famatina», dijo, irónico, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
Y agregó: «No se entiende cómo evitaron realizar un estudio vital para la estimación de cualquier proyecto de estas características. Es la información más básica que se puede obtener para cuidar el medioambiente».
Más allá de las diferencias sobre el daño medioambiental, el conflicto se agravó cuando los vecinos descubrieron que Osisko había realizado un trabajo de inteligencia sobre los principales manifestantes. Las pruebas quedaron expuestas el 16 de diciembre, cuando luego de una reunión con funcionarios municipales, los representantes de la empresa olvidaron una carpeta escrita a mano. En varias hojas podían leerse los datos personales de los militantes y la caracterización que la compañía canadiense realizó sobre algunos de ellos: se los tildó de «cabecillas» o «protagonistas», de acuerdo al grado de compromiso con la protesta.
Duran Sabas evitó responder sobre la responsabilidad del Estado por ser socio de Osisko, una empresa que realizó tareas de inteligencia para crear una «lista negra» de militantes sociales.
«La empresa tiene derecho a una información adecuada antes de tomar decisiones», se justificó Helene Thibaut, vocera de la empresa en declaraciones a los medios apenas se conoció la existencia de «listas negras». Gustavo Zullieger, gerente de la compañía, admitió que tenía esa información para «hablar en forma transparente».
Aunque la mayoría de los manifestantes se reparten entre mujeres y niños, las más curiosas de las acusaciones pesan sobre Felix Luna, de 82 años, que en dicha carpeta es acusado de pertenecer a la agrupación Quebracho. Tampoco se salvó Francisco Peralta, un jubilado de la misma edad, que se gana la vida como guía turístico en los valles riojanos..