La sofisticación en la aplicación de conocimientos y en la generación de instrumentos y medios de trabajo ha permitido explotar yacimientos mineros de bajos rendimientos, intensidad que se incrementa en la medida en que los precios de los minerales aumentan y disminuyen los costos unitarios de extracción y procesamiento. Los minerales son estratégicos para la hegemonía militar y económica de los países desarrollados y para su control se ha multiplicado la inversión en países que disponen de ese tipo de recursos: en México, la inversión extranjera directa en la minería se multiplicó por seis entre el sexenio de Vicente Fox y el de Felipe Calderón y los gastos de exploración mundial de minerales se multiplicó en 3.5 veces entre los años 2005 y 2011. La supremacía de la inversión extranjera directa en la minería nacional le correspondió a Canadá, país que invirtió, entre los años 1999 y 2012, tanto como la suma de las inversiones de Estados Unidos, Islas Vírgenes y Reino Unido (Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera).
El precio de los productos mineros se ha elevado significativamente en los últimos años: el Índice de Precios de los minerales metálicos se multiplicó por 1.3 veces entre 2005 y 2011 (Fondo Monetario Internacional) en tanto que el precio del oro lo hizo en 2.6 veces en los mismos años. Esos precios garantizan amplios márgenes de ganancia para las empresas trasnacionales, aun explotando yacimientos de bajos rendimientos. A pesar de esas ganancias extraordinarias, las cuotas pagadas por las mineras por concepto de Derecho por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público fue apenas 1.2 por ciento del valor de la producción minera producida entre los años 2005 y 2010.
Las empresas mineras gozan no sólo de generosas ventajas fiscales, sino de una Ley Minera que les endosa por 50 años refrendables los recursos naturales para hacer lo que quieran: “La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades” (Artículo 6). La concesión minera incluye cualquier depósito que contenga minerales o sustancias que contengan minerales; minerales de uso industrial y no industrial, piedras preciosas; descomposición de rocas; materia orgánica y mineral que pueda traducirse en fertilizante, y carbón mineral. El agua ubicada en los depósitos y yacimientos minerales les pertenece a los concesionados y tienen preferencia sobre cualquier otro uso. La normatividad ambiental que deben observar los concesionarios mineros (Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental) es laxa y no vinculante y no incluye impactos ambientales acumulativos, la sustentabilidad del proyecto minero, los daños al patrimonio de los pueblos originarios ni el derecho de prelación derivado de la posesión del territorio.
Obsequiosos del patrimonio nacional, los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón hicieron concesiones mineras equivalentes a la cuarta parte del territorio. En tan sólo dos años (2005 y 2006) se concesionaron 15 millones de hectáreas, equivalente a la superficie censal de los estados de Puebla, Oaxaca e Hidalgo. Convertido el país en paraíso minero, la exploración, explotación y beneficio de minerales ha causado más prejuicios que beneficios: el daño en diversidad biológica, equilibrio de ecosistemas y autogestión del territorio ha sido severo.
La minería a cielo abierto remueve, tritura y beneficia el material rocoso. Para ello, desbroza el territorio concesionado, erradicando la flora y la fauna, base de sustentación de las comunidades radicadas en esas tierras. El beneficio del mineral se da en piletas, agregando cianuro de sodio (u otros materiales tóxicos) al agua para separar los minerales del material triturado. El agua utilizada en el proceso de lixiviación registra mayores niveles de acidez y de residuos tóxicos (arsénico, cianuro, cloratos), dañinos a la salud. Estas aguas se filtran y/o se descargan conteniendo residuos tóxicos, los cuales contaminan los mantos freáticos y las tierras. El agua para uso minero tiene primacía sobre otros usos, incluidos el agropecuario, industrial o para consumo humano. El beneficio de los minerales ocupa importantes volúmenes de agua, lo cual genera sobreexplotación de los mantos freáticos y una disminución del agua disponible para usos alternos a la minería.
Del total de material depositado en piletas para ser lixiviados, la mitad se convierte en algún tipo de mineral y la otra mitad es desechada (jales, relaves, colas). Los deshechos contienen minerales tóxicos y son apilados a cielo abierto, con lo cual contaminan los suelos y los excluyen de un uso potencial agropecuario. Hay casos extremos en que el mineral recuperado es muy poco con relación al removido; por ejemplo, en el caso del oro, la generación de un kilo de oro puede implicar la remoción de 10 millones de kilos de material rocoso o de tierra que contenga ese material. Praderas, potreros, bosques y montes, áreas protegidas y reservas de la biósfera se convierten en profundos cráteres y múltiples montículos de relaves.
Para desprender rocas que contengan minerales se utiliza la dinamita; el ruido generado genera daños en patrimonio edificado, en la fauna y en la salud de los avecindados del depósito minero. Además de los riesgos y enfermedades de los que laboran en la minería.
La normatividad ambiental no considera los impactos sociales, económicos y culturales de la explotación minera y mucho menos, la insustentabilidad del proyecto minero. Se destruyen más empleos que los que se generan; se expropia a los pueblos originarios de propiedades y posesiones milenarias; de su derecho de autogestión y autoabastecimiento, minando con ello las posibilidades de resistencia ante estas nuevas formas de exclusión y expoliación, degradantes de la naturaleza y del ser humano, vejatorias de su cultura y de su dignidad.
Más información
Gian Carlo Delgado Ramos, 2010, “América Latina y el Caribe como reservas estratégicas de minerales”.
Julio C. Gambina y otros, 2010, “Consideraciones sobre la cuestión minera en Argentina”.
Carlos Rodríguez Wallenius, 2010, “Minería y respuestas sociales en Mezcala, Guerrero: un análisis desde la geopolítica local”.
Letizia Silva, 2010, “Implicaciones sociales en la legislación ambiental: el proceso de evaluación del impacto ambiental de Minera San Xavier”.