Hoy por hoy muchos países de América Latina viven contextos de dominación y resistencias por la implementación de proyectos extractivos. Actualmente el modelo económico de los países de la región está profundizando la dependencia a las actividades extractivistas ligadas a la minería, hidrocarburos y el uso intensivo del suelo en monocultivos agroindustriales. Todas estas actividades están orientadas a la exportación, es decir saquear los recursos naturales para que otros se beneficien y lo que dejan como ganancia son los pasivos y la contaminación de por vida.
Ante esta realidad los diferentes gobiernos de la región están promoviendo actividades extractivas, aprobando leyes y decretos que benefician a las empresas y a las grandes corporaciones, otorgándoles más derechos y más garantías, en desmedro de las comunidades y pueblos. En muchos países los proyectos extractivos se están concentrando en zonas estratégicos con la finalidad de tener más control de los recursos naturales.
Muchos de los conflictos mineros en la actualidad están en torno al acceso y uso del agua, control de los recursos naturales y la defensa de los territorios. Los proyectos mineros y la explotación hidrocarburífera no respetan los territorios, consumen mucha agua y energía; por tanto los impactos socioambientales son alarmantes y desastrosos con grandes consecuencias para el medio ambiente, flora y fauna.
Para contrarrestar los conflictos, las empresas tienden a dividir a las comunidades, a cooptar a los líderes, dirigentes y autoridades. Prometen gran cantidad de empleos pero las mismas no son sostenibles; a inicios sí, necesitan mano de obra; con el paso del tiempo solo necesitan máquinas con sus operadores, por tanto se reduce la promesa de empleos. También prometen proyectos sociales y productivos, pero en realidad este tipo de apoyo está condicionada a los chantajes de las empresas, por lo que unos se benefician y otros no. Estos tipos de apoyo solo son paliativos y no se enmarcan dentro un plan estratégico de desarrollo de las comunidades. Por eso en muchas zonas mineras donde hubo actividad minera, al final quedan pueblos desolados, contaminados con los pasivos mineros y sin alternativas de desarrollo.
Desde esa perspectiva los mega proyectos extractivos apuntan a acaparar los territorios y los recursos naturales. Esta forma de saqueo de nuestros recursos naturales se ha perpetuado desde la colonia y hoy continúa bajo la dirección de las grandes corporaciones, en complicidad de los gobiernos y los organismos internacionales.
Frente a esta realidad, en muchos países de América Latina, los conflictos sociales ligados a los recursos naturales va en aumento. Cada vez más las comunidades y los pueblos están cuestionando este tipo de desarrollo. Como respuesta a estos movimientos de resistencia las empresas, en complicidad de los gobiernos, están instaurando sistemáticamente procesos de criminalización y judicialización de la protesta social en defensa del agua, medio ambiente y los recursos naturales. En varios países los conflictos socioambientales han causado muertes, heridos y detenidos.
Ante esta realidad, las organizaciones sociales, comunidades, académicos, instituciones y pueblos indígenas de los países de la región proponen la articulación de los pueblos y organizaciones como estrategia de resistencia frente a los proyectos mega extractivos. La lucha de los pueblos es una lucha por la vida, por la madre tierra, por el agua y por los recursos naturales.
El presente artículo fue escrito a ocasión del seminario «Extractivismo: nuevos contextos de dominación y resistencia», que se ha desarrollado en la ciudad de Cochabamba del 21 al 24 de octubre, con la participación de expertos académicos, investigadores y líderes de los países de Argentina, Colombia, Perú, Brasil, El Salvador y Bolivia. Este evento fue organizado por el Centro de Documentación e Información Bolivia CEDIB.
Limbert Sánchez
CEPA – Oruro