Exponen violaciones de derechos humanos causadas por empresas extractivas en Sudamérica

Por su parte, Oliveira compartió la tragedia ocurrida en Brumadinho en enero de este año, como consecuencia del colapso la presa de relaves de la empresa minera Vale, matando a 272 personas y causando un desastre ambiental sin precedentes. “Arturo perdió a su hermano. Soninha perdió a su hermano. La profesora Andressa perdió a Bruno, su único hijo. Jossie perdió a su hermana que estaba embarazada de cinco mesas. Yo quiero citar los nombres porque son 272 víctimas. Y a veces parece una estadística, pero no, son historias. ¿Quién nos va a devolver esas vidas? ¿Cuál es el precio? A ellos les gusta poner precio a todo. Yo quiero saber: ¿cuál es el precio”, preguntó.

En su testimonio, Relmu Ñamku relató el conflicto que enfrenta al pueblo mapuche con la empresa petrolera Chevron en Neuquén (Argentina). “Tenemos a Chevron explotando petróleo con el fracking, una técnica que está prohibida en muchos países del mundo porque contamina el agua”, denunció. Añadió además que se ha violado el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre e informado. “Cuando los pueblos dicen no, es no”, enfatizó.

En su presentación, Julia Cuadros compartió los resultados del Informe Regional elaborado por cuatro organizaciones de América Latina en el marco del proyecto “Empresas transnacionales y principios rectores: hacia mecanismos efectivos para la protección de los derechos humanos en América Latina”. El informe ha documentado un conjunto de violaciones cometidas por empresas transnacionales en América Latina, en un contexto de acelerado crecimiento de las actividades extractivas. “Se producen afectaciones a la salud de las personas, contaminadas con metales tóxicos en sus organismos, se contamina el agua, los pastos, los cultivos, el aire”. Además, en muchos casos “se criminaliza a líderes y lideresas por defender sus territorios, por defender el agua, por reclamar sus derechos. Muchos son enjuiciados. Pero también muchos pierden la vida. América Latina se ha convertido en una zona peligrosa para la vida de los defensores de derechos”.

Cuadros agregó que “las empresas matrices y sus subsidiarias deben responder ante los Estados y comunidades, sobre las violaciones a los derechos humanos producto de su actividad extractiva”. Señaló además que la actuación del sector privado debe conllevar necesariamente obligaciones jurídicas vinculantes. “Solo con mecanismos voluntarios no vamos a resolver el tema de violación de derechos por parte de las empresas”, añadió.

Por su parte, Leonidas Wiener expuso las conclusiones del informe “Impactos de las empresas mineras en los derechos humanos en el corredor minero del Sur Andino”, centrándose en los impactos generados por las operaciones de las empresas Glencore Antapaccay (en la provincia de Espinar, Cusco) y MMG Las Bambas (en las provincias de Grau y Cotabambas en Apurímac, y Chumbivilcas y Espinar en Cusco), ambos en Perú. Wiener explicó la afectación al derecho al agua y a la salud en Espinar, donde más de 700 personas presentan metales pesados por encima de los parámetros permitidos. Así mismo, en el caso de Las Bambas, la fragmentación de sus estudios ambientales ha llevado a invisibilizar los impactos ambientales de sus operaciones. En ambos casos, se afecta además los derechos a la libertad de expresión, libertad de tránsito y derecho de protesta, a través de la declaratoria constante de estados de emergencia y de convenios de seguridad suscritos entre la Policía y las empresas que restan neutralidad a la primera en su función de garantizar el orden público.

Cabe resaltar que ya las Naciones Unidas han reconocido que, en muchas ocasiones, las operaciones de las empresas pueden causar un impacto negativo en los derechos humanos de las comunidades. Por ello, el 2011 el Consejo de Derechos Humanos aprobó un conjunto de Principios Rectores que deben guiar el comportamiento corporativo para garantizar el respeto a los derechos humanos. En este marco, se vienen realizando diversas consultas regionales en las que participan tanto representantes de los Estados como las propias empresas, así como las organizaciones de afectados y víctimas de violaciones de derechos humanos, y ONG y diversas instituciones de sociedad civil. Si bien los Principios Rectores tienen carácter voluntario, se está discutiendo en el marco del sistema de Naciones Unidas la posibilidad de implementar un Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos que tenga la posibilidad de establecer compromisos de cumplimiento obligatorio por parte de las empresas.

El proyecto “Empresas transnacionales y principios rectores: hacia mecanismos efectivos para la protección de los derechos humanos en América Latina” es implementado por CooperAcción (Perú), la Asociación Civil Bienaventurados los Pobres (Argentina), Justiça Nos Trilhos (Brasil) y Pensamiento y Acción Social (Colombia), con apoyo de la Unión Europea.