Santa Rita, Brasil, 16 Nov (Notimex).- José Lopes de Oliveira no sabe cómo su familia vivirá cuando la empresa Vale termine la obra para incrementar la carga en uno de los mayores trenes de mercancías del mundo, la Estrada de Ferro de Carajas (EFC), que desde hace más de 30 años transporta millones de toneladas de mineral de hierro extraídas del Amazonas hacia los puertos del norte de Brasil.
La línea férrea, inaugurada en 1985, atraviesa en parte de sus 892 kilómetros áreas amazónicas que han sido deforestadas intensamente en los últimos años como consecuencia de la implantación de cultivos de soja y eucalipto, así como la extracción ilegal de madera y la creación de ganadería extensiva.
La línea de tren, que transporta cada año 120 millones de toneladas de mineral de hierro en forma primaria para su exportación desde el puerto de Sao Luis, en el norte del estado de Maranhao, está siendo duplicada, con un nuevo ramal que permitirá superar los 200 millones de toneladas anuales de carga, una iniciativa vivida con recelo por decenas de comunidades que el tren corta –literalmente- en dos partes.
“Nuestra vida va a ser aún peor. Los trenes, que pasan cada 20 minutos, van ahora a ser el doble”, explica de Oliveira a Notimex junto a la ferrovía minutos antes de que una inmensa hilera de vagones -que pueden sumar 330 en un solo convoy y llegar hasta 3.3 kilómetros de longitud- pasen cargados del mineral que Vale extrae de la mina de Carajás, considerada una de las mayores del planeta.
La EFC fue inaugurada durante el declive de la dictadura militar brasileña (1964-1986) que priorizó la explotación de los recursos naturales en el Amazonas sobre cualquier impacto y apoyó macroproyectos de extracción de minerales, de creación de obras con alto impacto socioambiental y la migración masiva a áreas despobladas.
Junto a la línea férrea se construyó una enorme presa hidroeléctrica para suministrar la energía necesaria para extraer el mineral de hierro que alberga la región minera de Carajás, donde se encuentra uno de los mayores yacimientos a cielo abierto del planeta y el mineral de hierro más puro y valioso del mundo.
La EFC permitió a Brasil aprovechar como pocos países el auge de los precios de las materias primas creado por el empuje económico de China en las décadas 1990-2000, ya que la línea férrea enlaza la región minera con un puerto que permite a los buques cargar el mineral y llevarlo a los polos industriales y siderúrgicos de Asia.
Sin embargo, en sus 31 años de actividad, la EFC también ha provocado un enorme impacto ambiental y social, no solo por la deforestación de regiones de bosque amazónico que causó su construcción, sino también por la muerte de decenas de personas que viven en comunidades cortadas por el tren.
La vida de decenas de miles de personas y un centenar de comunidades situadas en 27 municipios de los estados brasileños de Pará y Marañao, al norte del país y en el Amazonas nororiental, está determinada cotidianamente por el paso del tren: desde escuelas que deben parar clases por el ruido a mujeres que pierden sus bebés por quedar aisladas a causa de la parada durante horas de los convoyes.
Ahora, Vale –cuya privatización en 1997 es contestada en los tribunales- ultima la expansión de la mina de Carajás con un nuevo macroyacimiento en Canâa, a 70 kilómetros de la mina original, y avanza en la construcción de una nueva línea férrea que avanza en paralelo a la existente en un proyecto denominado S11D, valuado en 16 mil millones de dólares.
“El tren y la extracción de mineral no nos aporta nada. No ganamos nada con ello. Solo tenemos problemas como la contaminación de nuestros ríos, que usamos para la agricultura, tenemos problemas con la muerte de familiares que son arrollados por el tren al intentar cruzar, porque Vale solo quiere construir viaductos de paso cada tres o cuatro kilómetros”, protesta Jesy Lopes, cuya madre perdió hace uno años a una prima por un accidente en el tren.
Organizaciones como la red Justicia nos Trilhos (Justicia en los Raíles), que trabaja con comunidades impactadas, entre otros, de indígenas, agricultores y quilombolas (asentamientos creados siglos atrás por esclavos negros que lograron huir de sus amos), articula desde hace una década una lucha jurídica y de protestas para reivindicar los derechos de miles de afectados.
Justiça nos Trilhos ha procesado, por ejemplo, a la minera y al órgano ambiental brasileño (IBAMA) por entender que hubo irregularidades en la licencia ambiental de la construcción de la nueva línea férrea, lo que llegó a provocar la suspensión de las obras por hasta 45 días en un proceso que aún no ha concluido por parte de la justicia.
La imagen de Vale en Brasil, una de las mayores empresas del país que es controlada por el Estado, se vio dañada hace un año en el accidente minero de Mariana, en el estado de Minas Gerais (sudeste de Brasil).
Los diques de contención de una presa de residuos de mineral de hierro se rompieron y 60 millones de metros cúbicos de residuos fueron vertidos, causando la muerte de 20 personas y contaminando las aguas del Río Dulce a lo largo de cientos de kilómetros, en lo que es considerado por expertos ambientalistas como uno de los peores accidentes medioambientales de la historia del país.