Con mucha preocupación hemos recibido la noticia que el fiscal de Huancabamba ha formulado una acusación por delito contra la seguridad pública contra Mario Tabra Guerrero, pidiendo 13 años de pena privativa de libertad y una reparación civil de 5000 soles, y contra Arsenio Guevara Ojeda, pidiendo cuatro años de pena privativa y una reparación de 1000 soles. Considerando que: · Las comunidades y municipalidades de la frontera norte del Perú han expresado democráticamente su rechazo al proyecto minero Río Blanco en la zona, a través de pronunciamientos, asambleas, marchas y una consulta vecinal en la zona…
· Pese a este rechazo, y la ilegalidad de la presencia de la empresa minera Río Blanco en los territorios de las comunidades campesinas de Yanta y de Segunda y Cajas, el gobierno peruano sigue respaldando el proyecto minero incondicionalmente…
· La represión de los opositores al proyecto Río Blanco ha causado la muerte de cuatro dirigentes de la zona a manos de la policía, la tortura de 32 comuneros (incluyendo a Tabra) en el campamento minero en 2005, y decenas de heridos. Los responsables de estos actos no han sido condenados, ni denunciados hasta este momento…
· Existe una política sistemática de criminalización de la protesta en el Perú, que en la frontera norte ha llevado a cientos de denuncias contra los opositores del proyecto Río Blanco; líderes como Tabra y Magdiel Carrión Pintado afrontan más de 12 procesos penales y 6 investigaciones fiscales por sus actividades dirigenciales…
· Incluso, Carrión, Tabra y 33 otras personas -incluyendo alcaldes, abogados, comuneros y defensores del medio ambiente- fueron denunciados e investigados en el 2008 por el delito de terrorismo por haber impulsado una consulta vecinal sobre la minería…
Advertimos que hay muchos intereses económicos y políticos que pueden generar presiones sobre el juzgado de Huancabamba para condenar a Tabra y Guevara con el objetivo de debilitar la oposición contra la minería en la zona, encarcelando a un líder crucial de la lucha contra la minería e intimidando a otros dirigentes comunales en la zona. Por lo tanto, exigimos:
· Una sentencia absolutoria porque está demostrado que la protesta fue pacífica y que la violencia vino de parte del Estado. Es decir, los que marcharon el 25 de julio del 2005 ejercieron su derecho a rechazar la actividad minera en cautela y defensa de la vida que dan los páramos de Ayavaca y Huancabamba…
· Que se tome en cuenta la pericia negativa de absorción atómica, que es una prueba contundente que desvirtúa la imputación del delito de arrebato y uso de arma de fuego…
· Que el Estado peruano tome acción ante la ilegal presencia de la empresa minera Río Blanco en el territorio de las comunidades Segunda y Cajas y Yanta, y respete la elección de las poblaciones locales por un modelo de desarrollo basado en la agricultura y la cultura local…
· El pleno respeto a los derechos políticos, sociales, culturales y económicos de los pueblos y ciudadanos peruanos, y específicamente de los ciudadanos de Ayavaca y Huancabamba, poniendo fin inmediato a la criminalización de la protesta para imponer proyectos extractivos…
Nos solidarizamos con Mario Tabra –un líder social, profesor, artista e historiador regional, de enorme valor para Ayavaca y el país-, Arsenio Guevara y sus familias. Y estaremos muy atentos ante el desarrollo del juicio, vigilando por la justicia y la imparcialidad desde donde estemos.