19 de Marzo 2012
Unas 50 organizaciones civiles , así como activistas de la desaparecida Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y profesores de la sección 22 del SNTE exigieron al gobernador Gabino Cué que esclarezca el crimen del activista Bernardo Vásquez.
Además, solicitaron la intervención del Ejecutivo estatal para que se cancele la operación de la mina de plata de la comunidad indígena de San José El Progreso.
Informaron que desde hace dos meses denunciaron agresiones hacia pobladores de San José del Progreso por su oposición a la operación de la mina La Trinidad, propiedad de la compañía México-estadunidense Cuzcatlán, por lo que exigieron dirigir una línea de investigación contra los concesarios de la factoría.
Agrega que las queja por la intimidación al activista se presentaron ante el Comité contra la Discriminación Racional de la ONU, que emitió recomendaciones, además de que la CIDH analizaba el caso.
Mientras tanto, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) requirió a los gobiernos federal y local que el “asesinato” no quede en la impunidad.
“Exigimos que el gobienro cumplan su obligación de investigar a fondo e impartir justicia. La credibilidad se agota y su oportunidad de demostrar que son capaces de impartir justicia pronta vuelve a estar en entredicho”, advirtieron.