Uno de los casos significativos es el proyecto San Antonio, impulsado por la empresa Ingdeshidro Eléctrica, pues este afecta a los municipios Xochitlán, Zapotitlán, Atlequizayán, Zoquiapan y Nauzontla.
La cancelación de todas las concesiones emitidas por las autoridades federales para proyectos hidroeléctricos y mineros en Puebla, es la exigencia que impulsan los organismos que conforman el frente Serranos Unidos en Resistencia Indígena.
El organismo argumentó que los permisos fueron dados de manera ilegal, según acuerdos internacionales, sentenció Raymundo García López, representante de la asociación Causa Indígena, una de las 13 organizaciones civiles defensoras de los derechos de los pueblos indígenas de la entidad que forman parte de este colectivo.
El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, establece que los pueblos originarios tienen derecho a que se les respeten sus garantías de libre determinación, al territorio, a la consulta y al desarrollo, las cuales son violentadas con este tipo de proyectos.
Esto viene estipulado en el manifiesto del frente, en el cual se indica que “la primera etapa de nuestra lucha es lograr que el Gobierno respete lo que firmó con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cancelando las concesiones”.
García López explicó que, con fundamento en los acuerdos internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas, el gobierno del estado debe llevar a cabo consultas públicas en las comunidades donde se buscan detonar este tipo de proyectos como un requisito fundamental para entregar los permisos, siempre y cuando los pobladores estén de acuerdo.
Ante esto, criticaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no tiene por qué organizar asambleas como la que se dio en Tetela de Ocampo hace un par de semanas.
Dentro del posicionamiento oficial del colectivo, se pide al gobierno federal el diseño de un programa regional denominado “Sierra Norte de Puebla, todos los Pueblos, todos sus Derechos”, para el cual se etiquete una partida presupuestal especial, con la finalidad de impulsar proyectos propios de las comunidades indígenas.
Presiones e intimidación, la forma de operar de las empresas mineras, acusan
“Las intimidaciones, amenazas y engaños son la forma de trabajar en las empresa mineras”, acusó García López, al reconocer que se han presentado casos en los que el propio gobierno, para favorecer a las transnacionales, condiciona la entrega de apoyos.
Este caso fue denunciado el fin de semana por habitantes de Olintla, donde Grupo México quiere instalar una planta hidroeléctrica; de acuerdo con versiones de los pobladores, las autoridades les han solicitado sus escrituras de propiedad a cambio de que se les den apoyos del programa Oportunidades.
El Frente de Pueblos Serranos pedirá de manera formal a la secretaria de Desarrollo Social federal, Rosario Robles, que se investigue este caso, y se sancionen a los responsables, aseguró el representante de Causa Indígena.
En otros casos, como en San Juan Tahitic, comunidad perteneciente a Zacapoaxtla, la empresa Hidroeléctrica del Apulco ha ofrecido a la población centros de salud, capillas religiosas y demás acciones de infraestructura, que debería impulsar la autoridad municipal, a cambio de que les permitan hacer los trabajos de construcción de una planta de este tipo.
Uno de los casos que más preocupa a los integrantes de este movimiento social es el proyecto San Antonio, impulsado por la empresa Ingdeshidro Eléctrica, pues este afecta a los municipios Xochitlán, Zapotitlán, Atlequizayán, Zoquiapan y Nauzontla.
Alonso Aco Cortés, originario de Huitzilan, denunció que en este caso, gran parte de las autoridades municipales ya han dado autorizaciones para los trabajos, mientras que otros evitan los cuestionamientos de los pobladores, quienes se han enterado de los proyectos por comentarios de los propios trabajadores.
Este hermetismo con respecto a los permisos y concesiones viene desde el gobierno federal, agregó García López, pues a pesar de que ya solicitaron a la Semarnat y a la Secretaría de Economía la información relacionada con éstos, hasta la fecha no les han sido entregados.
Por lo tanto, el próximo 14 de abril se llevará a cabo un foro sobre la problemática indígena en Puebla, con la finalidad de recabar las opiniones y posturas de las organizaciones locales, con miras a un encuentro similar que tendrá sede en San Lázaro el 16 de abril.