TEQUESQUITLÁN, Jal. (apro).- Tras el bloqueo temporal a las instalaciones de la minera china Gan Bo, iniciado a principios de este mes, el presidente del comisariado ejidal, Gregorio Zamora Escobar, advirtió que la población de este lugar seguirá luchando “hasta las últimas consecuencias” en busca de que le sea cancelada la concesión a esa empresa.
Comentó que se realizarán nuevas movilizaciones sociales, a la vez que continuará el proceso por la vía jurídica con el apoyo de organizaciones ambientalistas, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
En una visita realizada a esta comunidad, el abogado Óscar González Garí, presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) e integrante de Rema, denunció que la minera oriental se instaló en esta zona con base en contratos civiles de arrendamiento de tierras, que son ilegales en materia agraria, por lo que –adelantó– se interpondrá una serie de demandas para anular esos convenios.
Asimismo, añadió, continuará el seguimiento al juicio de amparo promovido anteriormente para invalidar el procedimiento mediante el cual la minera Gan Bo obtuvo la concesión, ya que existen irregularidades en el acta de la asamblea mediante la cual la anterior mesa directiva del ejido autorizó la instalación en sus tierras.
El actual presidente del comisariado ejidal, Zamora Escobar, se quejó de que la vida en este pueblo de 2 mil 500 habitantes ha cambiado mucho desde que hace un año la empresa minera inició operaciones de extracción de hierro.
Indicó que debido a la contaminación del aire y el uso de grandes cantidades de agua por parte de esa industria, empiezan a correr riesgo los cultivos de frutas y hortalizas, así como los mantos freáticos de la zona, y con un gesto de preocupación vaticinó: “más adelante sería peor la situación para este pueblito”.
Recordó que el pasado viernes 4 los ejidatarios de este lugar bloquearon las entradas a las instalaciones de la mina, donde realizaron un plantón de protesta por los daños ambientales causados al centro de población, que se encuentra a un costado.
Sin embargo, el martes 7 arribaron a la población alrededor de 200 elementos de la fuerza pública, entre ellos granaderos y agentes estatales, que obligaron a los manifestantes a retirarse y resguardaron la mina durante una semana.
El pasado jueves 9, un grupo de ejidatarios viajó a la ciudad de Guadalajara para entrevistarse con funcionarios estatales y entregar escritos de protesta en la Secretaría de Gobernación y en el Palacio Legislativo. En este último tuvieron que bloquear una de las avenidas para ser atendidos.
“Nos quejamos ante Gobernación para que retiraran a los policías del pueblo, porque quisieron tratarnos como criminales o asesinos, y fue así como logramos que se fueran”, dijo Zamora Escobar.
Por el momento, concluyó, “vamos a esperar a ver cómo se desarrolla el proceso legal en contra de la mina, a ver si nos hacen caso, porque parece que las dependencias del gobierno están compradas por los chinos, pero nuestro ánimo es seguir en la lucha hasta el final”.