18 de Julio 2011
Viudas y madres de mineros acusan de impunidad e incumplimiento de la indemnización prometida por Javier Lozano Alarcón. Las viudas y madres de los 14 mineros que fallecieron en el Pocito 3, en Sabinas, Coahuila, en mayo pasado, demandaron una audiencia con Felipe Calderón, para exigir que la muerte de sus seres queridos no quede impune y que las familias sean indemnizadas y reciban la “pensión debida”.
En un comunicado de prensa, la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) denunció que las viudas y madres están desprotegidas pues la pensión que reciben es insuficiente y no les han entregado la indemnización que por ley les corresponde.
Cabe recordar que el pasado 27 de mayo, Javier Lozano, secretario del Trabajo y Previsión Social, les prometió una pensión basada en 412 pesos diarios. Sin embargo, actualmente cada familia recibe 2 mil pesos al mes (tan sólo 66 pesos diarios).
Con motivo del Día del Minero, que se conmemora cada 11 de julio, las familias también exigieron que se haga justicia para que los casos de los 14 trabajadores del carbón no queden impunes.
Por ello, junto con la OFPC demandaron audiencia con Calderón Hinojosa en la que pedirán que se resuelva éste y los siniestros ocurridos en la región, entre ellos, el rescate de los restos de 63 mineros fallecidos en Pasta de Conchos, en febrero de 2006.
En el contexto de esa fecha, las viudas y madres de los 14 mineros caídos, cuya edad promedio era de 24 años, reclamaron “una solución justa y pronta, conforme a lo prometido y la consignación de los responsables en el caso penal, acceso al expediente y el deslinde de responsables”, incluyendo a “la omisa” Secretaría del Trabajo, acusaron.
De igual modo pidieron que se sancione a Enrique Montemayor Seguy, propietario de la concesión 218000, del Pozo 3, donde ocurrió la tragedia.
En contraste, señaló la OFPC, mientras los mineros mueren en sus centros de trabajo por falta de medidas de seguridad e higiene, y las familias de los trabajadores fallecidos sobreviven con 66 pesos diarios, los consorcios nacionales y extranjeros reciben miles de millones de dólares en ganancias por la venta del carbón.
Durante la última década de gobierno del Partido Acción Nacional, se han otorgado 25 mil concesiones mineras en alrededor de 51 millones de hectáreas, equivalentes a cerca de 26 por ciento del territorio nacional.
A decir de la OFPC, que documenta las violaciones a los derechos humanos y laborales de los mineros desde 2006, aseguró que el negocio de la minería continúa en ascenso en el país y el mundo.
Prueba de ello es que en 2010 los consorcios nacionales y extranjeros obtuvieron un ingreso de más de 15 mil millones de dólares (más de 176 mil millones de pesos), 50 por ciento más que en 2009.
De acuerdo con la organización, por cada dólar de producción minera concesionada en México, 40 centavos van a parar a empresas trasnacionales, especialmente canadienses.