La Republica 08/12/2009
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) evalúa denunciar a la minera Río Blanco por las torturas cometidas a cuatro campesinos piuranos acusados de participar en el ataque al campamento «Henry´s Hill».
“Recordemos que esta comunidad -que soporta la reciente muerte de dos de sus integrantes y detenciones arbitrarias- fue la misma que en 2005 sufrió torturas dentro del campamento de la Minera Majaz y que por este caso hay un proceso que se está siguiendo en Inglaterra”, aseveró Mar Pérez, integrante de la CNDDHH.
Sostuvo que hay indicios que comprometen la actuación de la minera en el hostigamiento a los campesinos de Huancabamba. “Las camionetas en que se trasladaron los policías que asesinaron a los dos campesinos eran muy similares a las que utilizan la empresa”, afirmó.
Mar Pérez sostuvo que la utilización de armas letales por la Policía Nacional contra civiles desarmados es una realidad que se repite en todos los escenarios de conflictos a nivel nacional.
Como se recuerda, el miércoles pasado, un grupo de policías ingresó al caserío de Cajas Canchaque para detener al comunero Lorenzo Rojas García, presuntamente involucrado en los hechos ocurridos el pasado 1 de noviembre, en el campamento minero «Henry´s Hill» de la minera Río Blanco.
La población, al enterarse de la presencia policial y posible detención del rondero, salió en su defensa y es ahí donde los agentes del orden empiezan a disparar, hiriendo de muerte a Cástulo Correa Huayama (39) y a Vicente Romero Ramírez (52).
Pérez aseguró que la versión que los pobladores habrían atacado a los policías e iniciado la violencia es falsa. Indicó que, en rigor, no fue un enfrentamiento, pues los campesinos estaban desarmados. “No se puede hablar de enfrentamiento cuando una de las partes está desarmada y la otra porta armas de guerra”, anotó.
“Los responsables deben ser sancionados; pero bajo esa excusa se están vulnerando los derechos de campesinos que se oponen a la actividad minera dentro de sus comunidades, que por cierto están en su derecho como lo establece el Convenio 169 de la OIT”, sentenció. (Con información de CNR)