En la última década, 82 de 125 defensores de la tierra y el agua víctimas de homicidio o desaparición han sido de pueblos originarios, principalmente nahuas, purépechas, rarámuris, triquis y wixárikas.
El retrato de Antonio Esteban Cruz está en la mesa del altar de la casa de Xiloxochil, Cuetzalan, en el gran bosque de niebla de la Sierra Nororiental de Puebla. Un copal encendido en un sahumerio se consume ante la imagen del ambientalista nahua más emblemático en la región.
Su nieta Soledad se recarga en el marco de la puerta de la pequeña habitación donde está la foto de su abuelo sonriente, con su sombrero. Voltea a verlo.
—¿Qué recuerdas de tu abuelo? —le pregunto a la niña de 10 años.
—Cuando lo mataron —su respuesta es instantánea.
Antonio Esteban fue acribillado cuatro años atrás, de cuatro balazos, a orillas del río Apulco, el que defendió cuando regresaba de hacer su labor en la parcela. Él fue el dirigente estatal de una organización que frenó el proyecto de la hidroeléctrica Cuamono, participó en la fundación del Frente Indígena Campesino de México (FICAM), y explicó en náhuatl a comunidades monolingües la devastación que provocan los proyectos extractivos.
Su asesinato es parte del listado de 125 crímenes contra luchadores ecologistas en México en la última década: 108 asesinatos, entre éstos de seis mujeres, y 17 desapariciones, entre ellas la de una mujer.
La lista posee una cifra reveladora: 82 de las 125 víctimas eran indígenas, 66 por ciento del total; es decir, dos de cada tres casos, de acuerdo con la base de datos procesada por mexico.com.
Esta base surgió al cruzar un documento de Global Witness, con otro del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), y con la tesis de la investigadora Lucía Velázquez Hernández titulada Defensores ambientales en México y derechos humanos (1995-2015), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras fuentes.
Pero ninguna de estas investigaciones se enfoca en la condición indígena de las víctimas.
El abogado mixteco Francisco López Bárcenas, autor del libro ¡La Tierra no se vende! Las tierras y los territorios de los pueblos indígenas, se muestra asombrado ante la cifra de 66 por ciento.
“¡Es altísimo!”, dice. “Y es muy probable que esos crímenes lleven en sí mismos una carga racial”.
La población indígena en México es de 12 millones y representa 10 por ciento de la población nacional.
Antonio Esteban lideraba el Movimiento Independiente Obrero Campesino y Popular-Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (MIOCUP-CNPA-MN). Tras su asesinato en 2014 fue reemplazado por el abogado nahua Manuel Gaspar Rodríguez, quien recibió amenazas desde que asumió la dirigencia ese mismo año y también fue ultimado.
Manuel Gaspar lideró la lucha contra proyectos de minería a cielo abierto, fracking, hidroeléctricas, la construcción de la subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Cuetzalan, y logró la clausura de un basurero municipal a cielo abierto. Lo mataron con un arma punzocortante el 14 de mayo de 2018.
Sandino Rivera, representante legal del MIOCUP, detalla: “semanas antes de que lo mataran recibió amenazas de muerte y, dos días antes, ambos estuvimos en un foro hablando contra megaproyectos”.
Erwin Slim, integrante del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan —que tiene un reglamento municipal único en el país que prohíbe el desarrollo de megaproyectos y protege los ecosistemas de sus 168 comunidades—, expone sobre los dos asesinatos: “si Cuetzalan es el municipio más protegido de México (contra esos megaproyectos), y pasa lo que pasa, cómo estarán de vulnerables los otros municipios del país que no tienen esta cobertura”.
Tras el homicidio de Manuel Gaspar, otros dos defensores nahuas opuestos a hidroeléctricas sufrieron crímenes en Puebla en 2018: Adrián Tihuilit fue asesinado el 1 de junio, en Zacapoaxtla, y Sergio Rivera Hernández fue desaparecido el 23 de agosto en Zoquitlán.
De acuerdo con la base de datos de mexico.com, el pueblo nahua registra el mayor número de casos a nivel nacional (45), seguido por el purépecha (19), rarámuri (8), triqui (4), wixárika (3), y con un caso, los pueblos yaqui, ayuuki, tsotsil y mixteco.
El saldo de dos sexenios
Albino Limón Hernández es militante del MIOCUP y vive en Xiloxochil. La localidad nahua está enclavada en la exuberante sierra poblana, de clima cálido y húmedo, vecina de Veracruz, en la que abundan los árboles de lima, naranjo, guanábana, plátano, guayaba, piña, pimienta y mamey. Un paraíso montañoso.
Albino muestra la lona que se mandó a hacer con las fotografías de Antonio Esteban y Manuel Gaspar en exigencia de justicia por sus asesinatos cometidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Los conoció a los dos. A Antonio Esteban, un hombre que rozaba los 65 años, de actitud tranquila y cuerpo forjado por el trabajo agrícola. Y a Manuel Gaspar, un treintañero moreno, de carácter alegre e impetuoso.
“Fueron compañeros que llevaban años luchando, anduvimos juntos, son nuestro ejemplo”, Albino expresa dolido.
Del total de 125 crímenes contra defensores, 49 ocurrieron en el gobierno de Peña Nieto y 76 en el de Felipe Calderón. En el 2011, durante el sexenio del panista, se registró el mayor número: 30. Le siguió 2017, bajo el gobierno del priista, con 19. En el último año han ocurrido 14.
El agua o la vida
En una habitación de la casa de Antonio Esteban, en la localidad serrana de Cuauhtapanaloyan, Cuetzalan, un mural plasmó al luchador cargando unas flores de tallo largo. La franja azul pintada en la base de la pared representó el caudaloso y ancho río Apulco que el nahua defendió con su vida.
—¿Por qué lo mataron? —pregunto a su hija Antonia Gabriela.
—Por defender el territorio, el agua —responde sin duda.
La base de mexico.com revela que en 65 de los 125 crímenes, es decir en la mitad, está involucrada la defensa del agua. Sea porque las víctimas se oponían a proyectos mineros, hidroeléctricos, de contaminación industrial o despojo de líquido. La defensa forestal está en 74. La tenencia de la tierra en 56.
Cuetzalan está en el corredor que va de la sierra boscosa poblana a la veracruzana y es uno de los que reciben más precipitación pluvial en el país.
En 2013, un año antes del asesinato de Antonio Esteban, la CFE comenzó a comprar permisos de operación en terrenos de Cuamono y Cuauhtapanaloyan para echar a andar su proyecto de la hidroeléctrica Cuamono en Cuetzalan, sin que hubiera la información o la consulta que por derecho constitucional tienen los pueblos indígenas.
Lo relata Violeta Valdés, del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, creado en honor del luchador.
Las comunidades se organizaron y se opusieron al considerar que el proyecto era la avanzada de la megaminería que consume millones de metros cúbicos de agua. También que anticipaba la extracción de energéticos a través de la fractura hidráulica o fracking. Este es un método agresivo de perforación que demanda entre 9 y 29 millones de litros de agua por pozo, según la Alianza Mexicana contra el Fracking.
La inconformidad en la zona confluyó en la fundación del citado FICAM el 8 de marzo de 2014, que reunió a luchadores indígenas de 16 estados con diversas causas, entre ellos a Antonio Esteban, pequeño productor de pimienta, ya consolidado como un reconocido líder regional.
Violeta Rodríguez recuerda: “Su papel fue muy importante para la organización y la cohesión de las comunidades porque él tenía la capacidad de transmitir en nahua los términos muy técnicos que venían en las manifestaciones de impacto ambiental de los megaproyectos”.
Narra que como respuesta a la creación del FICAM vino la criminalización y detención de líderes, como Enedina Rosas, comisaria ejidal de San Felipe Xonacayucan, y el intento de acribillamiento a Rodrigo Esteban Mora, hijo del dirigente, cuando cruzaba el río Apulco.
Antonio Esteban tomó posesión de una franja de terreno colindante al río Apulco con el fin de crear un asentamiento humano que resguardara el ancho afluente. Tres meses después recibió los cuatro balazos que le quitaron la vida.
Ausencias que duelen
La foto de Manuel Gaspar Rodríguez está en la mesa del altar de la casa familiar en la comunidad de Ayotoxco, municipio de Cuetzalan. Es la última que le tomaron durante su intervención en el “Foro en defensa del agua y nuestra madre tierra”, realizado en Chignautla el 12 de mayo de 2018. Lo asesinaron día y medio después, en la madrugada del 14.
“¡¡Si no hay justicia para el pueblo que no haiga paz para el gobierno!!”, reza una frase escrita en el retrato. Al lado de las veladoras hay un plato con una rebanada de pastel por motivo de un cumpleaños familiar. Su hermana Rosario lo puso aunque no es el Día de los Muertos. Sufren su ausencia ocurrida cuatro meses antes.
“Lamentablemente fue una pérdida fatal”, expresa Rosario con aflicción antes de mostrar las fotos de su hermano en la adolescencia, quien ganó varios trofeos de atletismo en competencias locales.
Puebla registra cuatro casos de crímenes contra luchadores ecologistas, pero es Michoacán el estado con el mayor número de casos: 54 de origen nahua y purépecha. Le sigue Oaxaca con 16, de los cuales 7 son de pueblos triquis, mixtecos.
En Puebla hay 310 concesiones mineras que abarcan una superficie de 182 mil 185 hectáreas. Esta área equivale al 5.3% de la superficie del estado, según un cálculo basado en datos de la Secretaría de Economía sobre Concesiones Mineras. Y el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban estima que el gobierno de Peña Nieto planeó la perforación de 10 mil 92 pozos a través del fracking en la Sierra Norte poblana.
Manuel Gaspar lideró un movimiento comunitario que frenó el proyecto El Aretón de la Minera Autlán, del grupo Ferrominero, en los municipios de Tlatlauquitepec, Hueyapan y Teziutlán. Participó en caravanas de protesta que llegaron a la capital del país, o a la capital poblana, en exigencia del derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus territorios y contra la privatización del agua.
Y también participó en el plantón de las oficinas de la CFE en Cuetzalan, que duró 10 meses, en protesta por el proyecto de la subestación eléctrica de Cuetzalan-Entronque Teziutlán, al considerar que, como en el caso de la hidroeléctrica, es parte de la infraestructura a desarrollarse en beneficio de la industria extractiva.
En enero de 2018, la Procuraduría General de la República (PGR) inició un proceso de investigación penal por el delito de oposición a la obra pública contra siete activistas de distintas organizaciones sociales, entre ellos Manuel Gaspar.
El sábado 12 de mayo de 2018, Manuel Gaspar participó en el Foro en Defensa del Agua y Nuestra Madre Tierra en Chignautla. Lo asesinaron brutalmente la madrugada del domingo con un cuchillo largo de doble filo en un hotel de Cuetzalan, a unos metros de donde iniciarían las obras de la línea de alta tensión y la subestación eléctrica de la CFE, de acuerdo con la carpeta de investigación FED/PUE//HUA/0000172/2017.
Enrique López Hernández del MIOCUP, manifiesta sobre las dos pérdidas de sus dirigentes: “este camino que hemos tomado no tiene regreso, nuestra organización está construyéndose a base del esfuerzo, el sudor, las lágrimas y sobre todo la sangre de nuestros compañeros y no podemos retroceder”.
La incertidumbre
En el movimiento ecologista de Cuetzalan hay reservas sobre lo que pasará con los proyectos suspendidos de la hidroeléctrica, la subestación eléctrica de Cuetzalan y los mineros y de hidrocarburos ante el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia.
Erwin Slim considera que el documento del proyecto de nación de López Obrador es de carácter “extractivo”.
Dice que la incertidumbre permea en defensores ambientales aunque una activista local reconocida, María Luisa Albores —ingeniera agrónoma de Chapingo integrante de la Unión de Cooperativas Teosepan Titaniske, que produce café y pimienta y es afamada en el mercado justo internacional—, será la próxima titular de la Secretaría de Bienestar de su gobierno.
Billy Kyte de Global Witness, advierte que el respeto a los derechos humanos y ambientales en México debe ser una prioridad para el presidente entrante.
“López Obrador debe asegurar justicia para los activistas asesinados, fortalecer la implementación del Mecanismo de Protección para personas defensoras, y garantizar que las comunidades puedan dar o no su consentimiento previo, libre e informado sobre el uso de sus tierras”, sentenció.
Los casos de Antonio Esteban y de Manuel Gaspar, como los otros crímenes contra defensores ambientales, seguirán impunes por tiempo indefinido.
Fuente:http://www.remamx.org/2018/12/estos-108-mexicanos-fueron-asesinados-por-defender-nuestros-bosques-y-rios/