«Nos parece impresentable que la empresa minera estatal de Chile atropelle de esta manera la soberanía y el derecho a la libre determinación de las comunidades indígenas y campesinas que habitan en la provincia de Imbabura», dicen las organizaciones locales y agregan que “el contingente militar y policial hace prever que la situación de militarización en la zona se irá agudizando, como está sucediendo ya en otros lugares frente a la resistencia de la población».
Diferentes organizaciones que trabajan en América del Sur contra las operaciones de la Megaminería denunciaron que la estatal chilena CODELCO intenta imponer sus proyectos de extracción minera en Ecuador apoyados por fuerzas militares y atropellando a las comunidades locales.
«Desde comienzos de septiembre, justo en momentos en que Chile se veía inundado por declaraciones de arrepentimiento y perdón frente a los atropellos de la dictadura para imponer el extractivismo, vemos con indignación que Codelco está ingresando con fuerzas militares ecuatorianas al cantón ecológico de Cotacachi, Intag, territorio que hace más de dos décadas viene luchando contra la megaminería química a cielo abierto por no obedecer a las apuestas de desarrollo que la comunidad ha acordado», dice una comunicación que circula masivamente en la ciudadanía organizada chilena.
Agregan que «Codelco y la empresa minera de Ecuador Enami, no solo han llegado acompañado de militares, sino que éstos se han mantenido en la zona todo este tiempo, amedrentando a las comunidades, imponiendo la fuerza de las armas y provocando a quienes se oponen legítimamente a la realización de estudios de aire, agua y suelo».
Codelco ya fue expulsada de Intag en 1996, luego en 2011 y es por ello que ahora arremete de la mano de los militares.
«Nos parece impresentable que la empresa minera estatal de Chile atropelle de esta manera la soberanía y el derecho a la libre determinación de las comunidades indígenas y campesinas que habitan en la provincia de Imbabura», dicen las organizaciones locales y agregan que “el contingente militar y policial hace prever que la situación de militarización en la zona se irá agudizando, como está sucediendo ya en otros lugares frente a la resistencia de la población».
«Con seguridad se levantará un gran dispositivo propagandístico para acusar a las comunidades locales de rebelión y de terrorismo, con el propósito de justificar la política extractivista y represiva del Gobierno”, señalan.