“Están vendiendo en pedazos el país”, expresó el economista Hugo Noé Pino al referirse a la Ley para la Promoción del Desarrollo y Conversión de la Deuda Pública , la cual se suma a otras, que podrían comprometer los bienes y recursos naturales del Estado de Honduras.
La frase resume el sentimiento y pensar de diversos sectores, quienes consideran que en vez de este tipo de medidas, las soluciones que el Gobierno debería tomar son reducir significativamente el gasto público, resolver el problema del déficit fiscal , recobrar la confianza de los organismos internacionales de crédito y financiamiento, para así salir de la crisis financiera en que está sumergido.
Sin embargo, en analistas y expertos causa gran preocupación que la presente administración gubernamental pareciera solo tener una fórmula para enfrentar el problema y es crear nuevas maneras de ganar dinero a cambio de concesionar, alquilar o vender bienes o recursos del Estado y según analistas, la Ley para la Promoción del Desarrollo y Conversión de la Deuda Pública, que fue presentada, aprobada y ratificada en menos de una semana, es prueba de ello.
La nueva ley permite emitir títulos de valor sobre bienes o recursos naturales del Estado, con lo cual bastará que un inversionista o país preste cierta cantidad de dinero al Gobierno y así garantizará automáticamente una concesión u obtendría los ingresos futuros que produzca el bien o recurso que el Estado haya usado como garantía para recibir el dinero.
El Gobierno argumenta que esta ley es una salida viable para pagar la deuda interna del Estado hondureño, que es de casi 60 mil millones de lempiras, mientras que la deuda externa es de unos 80 mil millones de lempiras, según datos oficiales.
Sospechoso
Diario LA PRENSA habló con reconocidos especialistas en los temas que abarca la Ley de Reconversión.
Pino, quien es representante en Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y expresidente del Banco Central de Honduras, indicó que la Ley de Reconversión de la Deuda Pública le genera desconfianza.
“Lo más preocupante de esta Ley es la prisa con que fue aprobada. Además por el poco tiempo que le queda a este Gobierno para finalizar su periodo abre las sospechas de que lo que se trata de hacer es aprobar algunos negocios específicos que puedan tener algunos sectores”.
Pino además criticó el “procedimiento relámpago” con el que fue aprobada y ratificada la polémica ley. “Tampoco se han dado las explicaciones a la población de qué es lo que se está aprobando. Viendo esto y otras leyes que han aprobado creo que hasta se debería de hacer una petición para que este Congreso se abstuviera de tomar decisiones que afectarán más allá del periodo para el que fueron electos, porque con leyes de estas características lo que están haciendo es que están vendiendo el país en pedazos”.
El economista dejó clara su opinión sobre esta ley.
“Creo que es una idea equivocada que surge de la desesperación del Gobierno que no ha encontrado alternativas de financiamiento para sostener el gasto público”, explicó.
Recursos al mejor postor
La abogada Maribel Espinoza, especialista en este tipo de temas legales, advirtió sobre los riesgos de esta ley.
“Lo más preocupante del asunto, dado que este Gobierno no nos ha mostrado seriedad en sus decisiones, al final de su gestión pretende mediante esa apresurada ley y al igual que con las ciudades modelo, comprometer todos los bienes del Estado de Honduras sin dejarle al próximo Gobierno ninguna posibilidad de que estructure su plan de recuperación e inversiones en beneficio del país. El próximo gobierno quedará completamente atado por estas decisiones”.
Espinoza declaró que este tipo de leyes no se aprueban pensando en el beneficio de la población. “Cuando un bien es cedido para garantizar el pago de una obligación, todos los hondureños sabemos que si no se paga esa obligación, se produce una subasta de esos bienes para pagar esa obligación.
Estas leyes que emite con apresuramiento el Congreso es precisamente para que no haya debate público sobre ellas y queden al descubierto los intereses que las impulsan, violándonos nuestros derechos ciudadanos. Están poniendo cosas como la minería o nuestros recursos naturales a disposición del mejor postor”.
La abogada enumeró una serie de leyes que se están violentando con la medida legislativa.
“Con esa ley se viola la Constitución de la República, la Ley de Crédito Público, el Código de Comercio pues se le está entregando a la Secretaría de Finanzas un cheque en blanco, porque implementará el programa de titularización, estructurará un fideicomiso con los bienes del Estado a su gusto, sin observar las disposiciones contenidas en la Ley de Crédito Público que debe ser de rigurosa observancia”, apuntó la profesional del derecho.
“Esto ayudará a los próximos Gobiernos”: Lobo
Porfirio Lobo, presidente de Honduras, trató de justificar la controversial Ley de Reconversión de la Deuda Pública con la que se emitirán títulos de valor sobre bienes del Estado.
“Esto no ayuda a este Gobierno, sino al siguiente y los subsiguientes, porque con una deuda interna como la que recibimos y tenemos, no hay otra forma más usando lo que tenemos y no estamos utilizando”, dijo Lobo, quien agregó “se usarán los recursos naturales, pero de la parte que el Estado recibe. Se sigue el procedimiento que la Ley señala, la comunidad tiene que estar de acuerdo, no es que el Gobierno expropiará. Será de acuerdo a la Ley y la ley manda que haya un procedimiento y que la comunidad decida”.
Además, Lobo declaró que el Congreso “lo que hizo es que de las regalías que el Estado recibe de acuerdo a la Ley y siguiendo el procedimiento legal, se puede hacer un fideicomiso que sirva como garantía para cualquier Estado o grupo de inversionistas y puedan comprar la deuda interna de Honduras para reconvertirla en una deuda con un interés más bajo y en plazos más largos”.
Experto
Análisis El economista Hugo Noé Pino, representante en Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y expresidente del Banco Central de Honduras, dijo que el actual Gobierno debe buscar mejores alternativas que poner en práctica la Ley para la Promoción del Desarrollo y Conversión de la Deuda Pública, pues esta podría comprometer las posibilidades de aprovechamiento de recursos los otros próximos Gobiernos.
Opiniones
«No es aconsejable que este Gobierno implemente esta medida, pues casi termina su gestión, una muy cuestionada”: Maribel Espinoza Abogada
«Esta ley no responde para nada a intereses nacionales, sino que responde a intereses de las grandes economías”: Pedro Landa Experto en minería
«Sería mejor concentrarse en dar mejores condiciones a los bancos del país para que ofrezcan más de esa liquidez que tiene”: José Luis Moncada Expresidente Comisión Banca
«Esta ley busca generar ingresos extras para así tener la capacidad de hacer abonos extra a la deuda y reducir intereses”: Wilfredo Cerrato Ministro de Finanzas
«Esta ley es una muestra más de la mala administración de este Gobierno y dejaría inmovilizado al que gane las elecciones”: Carlos Montoya Expresidente del Congreso
«No hay que atacar esta ley pensando de forma política, hay que reconocer lo positivo que puede aportar al país”: Vilma Morales Comisión Banca y Seguros
Leyes polémicas
Coalianza CRíticas Muchos sectores cuestionan varias de las concesiones avaladas por Coalianza, pues aseguran que estas benefician en realidad mucho más a sectores privados que al país.
RED Rechazada La ley de Regiones Especiales de Desarrollo (RED), llamadas “ciudades modelo”, fue aprobada por el Congreso, pero la Corte Suprema de Justicia la declaró posteriormente inconstitucional.
MINERÍa Controversia Pedro Landa, de la Red Ambientalista, anunció que pedirán que la ley de Minería sea declarada inconstitucional por tener “grandes vacíos”. Desde su aprobación la Ley fue muy cuestionada.
ZEDE Regiones La llamada Ley de “ciudades modelo 2”, al igual que la anterior, permite que se creen zonas especiales en el país, las cuales tendrán sus propias leyes y autoridades independientes.
Reconversión MEDIDA Con la ley de Reconversión de Deuda Pública el Estado podrá emitir títulos de valor con los que podrá concesionar recursos naturales o bienes ociosos para recibir préstamos.