Hay 45 concesiones en cinco municipios de la Costa y la Montaña, informa el presidente del Comité de Bienes Comunales de San Miguel del Progreso, Malinaltepec, Valerio Muro Amado. Con apoyo de la CRAC-PC impedirán que empresas exploren su territorio, afirma
Al menos 18 núcleos agrarios de cinco municipios de las regiones Montaña y Costa Chica, se siguen sintiendo amenazados por empresas mineras que buscan establecerse en su región, a pesar de que 12 de esos núcleos agrarios se vieron beneficiados con un amparo que el año pasado canceló concesiones a dos mineras, una de capital británico y otra peruana.
Sin embargo, en esa zona aún hay autorizados 45 concesiones para explorar, y en su caso explotar, proyectos mineros.
El presidente del Comité de Bienes Comunales de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, Valerio Muro Amado Solano, informó que los representantes de esos 18 núcleos agrarios se reunirán el 26 de noviembre próximo para ratificar el acuerdo de no permitir la entrada de las mineras en su región y demandar a la Secretaría de Economía federal que se cancelen todas las concesiones autorizadas en esa zona.
Informó que hace tres meses, habitantes de Colombia de Guadalupe, municipio de Malinaltepec, retuvieron durante tres días a personal de la minera Media Luna que llegó al pueblo en una camioneta sin antes haber informado a las autoridades locales el motivo de su presencia en ese lugar.
El representante agrario dijo que el acuerdo es que seguirán recurriendo a esas medidas con el apoyo de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Amado Solano, asistió ayer a la conferencia de prensa en la que organismos civiles de derechos humanos informaron de la presentación de un amicus curiae (amigo de la corte) ante el Juzgado Primero de Distrito, con miras a que resuelva un amparo en contra de una declaratoria emitida por la secretaría de Economía que declara libre la tierra de San Miguel del Progreso, para que empresas o particulares puedan obtener concesiones para la exploración y explotación de recursos minerales en la zonas.
Junto con el presidente del comisariado estuvieron, también, el presidente del Comité de Vigilancia, Víctor Alvino Agustín, y el secretario de la Comisaría Agraria, Ángel Mariano Morales.
El representante agrario recordó que el amparo que anuló las concesiones mineras el año pasado benefició a San Miguel del Progreso y a otros 11 núcleos agrarios de los municipios de Malinaltepec, Acatepec, Metlatónoc, Hiliatenco y San Luís Acatlán.
En esos núcleos agrarios se encuentran las minas Corazón de Tinieblas, que pretendía explotar la empresa británica Hochschild Mining, así como la mina Reducción Norte de Corazón de Tinieblas, que pretendía explotar la minera Zalamera, de capital peruano, juntas tenían unas 50 mil hectáreas concesionadas, que afectaban a esos 12 núcleos agrarios.
El líder agrario dijo que, sin embargo, esos 12 núcleos agrarios y seis más que están al margen del amparo que canceló las concesiones que tenían Hochschild Mining y Zalamera, siguen siendo amenazados con la instalación de mineras, porque hay por lo menos 45 concesiones para proyectos mineros en la zona Costa-Montaña, que abarca desde Olinalá hasta Marquelia.
Ante ese riesgo se creó el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, una estructura orgánica integrada por esos 18 núcleos agrarios, que juntos tienen una extensión de casi 160 mil hectáreas de territorio que controlan, y en donde hay presencia de la Policía Comunitaria de la CRAC.
En ese territorio estaban los proyectos más grandes, de Hochschild Mining y de Zalamera, cuyas concesiones fueron canceladas el año pasado. Otro proyecto grande es el de la minera La Diana, una empresa canadiense que pretende aún explotar la mina Toro Rojo.
Pero Amado Solano reconoció que desde que nació el Consejo, se han detenido las actividades de exploración. Incluso, informó que había una empresa en Paraje Montero denominada Camsin que ya canceló su convenio de trabajo con las autoridades agrarias locales y se retiró.
Dijo que había otra empresa que estaba establecida en Totomixtlahuaca, pero también se retiró, ante el rechazo de los habitantes.
Pero todavía hace tres meses entró una camioneta de la minera Media Luna con trabajadores que fueron retenidos tres días en Colombia de Guadalupe. Dijo que acudió personal de la minera que aseguró que no estaban haciendo ningún trabajo de exploración, y los dejaron ir.
El dirigente agrario informó que a raíz de ese incidente, los representantes de los 18 núcleos agrarios acordaron que no van a permitir la entrada de empresas o personas ajenas o que intente explorar su región.
“Ya está ese acuerdo de que ante cualquier acto que intenten, inmediatamente se va a reaccionar”, advirtió.
Informó que el 26 de noviembre se van a reunir en Pascala del Oro, municipio de San Luís Acatlán, y que llevarán la propuesta de ratificar el rechazo a las mineras en su región y que también demandarán que la Secretaría de Economía federal cancele todas las concesiones, “porque los pueblos ya resolvieron así y enviaron sus actas rechazando las acciones mineras al Registro Agrario Nacional (RAN)”, dijo.