Marlene Castillo Fernández 15/12/2020
Imagen: La República
Han pasado 14 años desde la promesa estatal de atención de la emergencia sanitaria y ambiental ante la protesta y reclamos del Pueblo Achuar en la cuenca del río Corrientes (Acuerdos de Dorissa); hecho que se convirtió en denuncia pública nacional de la afectación de la salud indígena por exposición a la contaminación ambiental y de las fuentes de agua con tóxicos derivados de 45 años de explotación petrolera (Lote 1 AB y Lote 8, distrito de Trompeteros, Loreto) sin remediación alguna en medio de la carencia absoluta de servicios de agua potable y de salud pública. Y no cambió nada. Hoy en día las cuatro cuencas del circuito petrolero reclaman atención, remediación, servicios básicos, supervisión, prevención y atención especializada.
Hasta la década de los años ochenta, hablar de la afectación de la salud humana por tóxicos en las zonas mineras era equivalente a hablar de la afectación de la salud de los trabajadores mineros, tanto que el propio Ministerio de salud reducía su labor a la salud ocupacional. Aún no era un asunto público la afectación de la salud por exposición a la contaminación ambiental (aire, agua, suelos) con metales pesados y otras sustancias tóxicas derivadas de estas actividades; el tajo devorador de Cerro de Pasco y sus explosiones alterando el aire y la paz de la ciudad era el caso emblemático entonces. Las niñas y los niños del distrito de Simón Bolívar y sus familias siguen sin justicia sanitaria y ambiental, como el niño fallecido el 2019 con un combo de metales pesados en su cuerpo tardíamente atendido en Lima. La población comunera de Espinar espera justicia sanitaria ambiental desde hace 10 años que el Estado tiene conocimiento de la afectación de la salud por metales tóxicos.
Desde el 29 de octubre de este año, el gobierno de transición y de emergencia (Ministerio del Ambiente) tiene conocimiento de la exposición de casi un tercio del total de la población peruana actual: 10 millones 162 mil y 380 habitantes de zonas ambientalmente contaminadas con metales pesados y/o metaloides (arsénico) y otros (dióxido de azufre) o petróleo crudo. Ver gráfico.
Un 20% de la población expuesta a petróleo crudo corresponde a zonas ubicadas en las regiones de Loreto (asociada a explotación y derrames), Amazonas (asociada a derrames y exploración) y Lambayeque (asociadas a derrames en Olmos). Baste con recordar que en la Amazonía existen 32 de las zonas más contaminadas con crudo de petróleo y metales pesados equivalen a 231 estadios nacionales (OXFAM 2020).
Un 50% de la población expuesta a arsénico y otras sustancias corresponde a zonas de 17 regiones, tanto las de mayor antigüedad de explotación minera concentrando pasivos ambientales, como aquellas donde principalmente operan diversos proyectos mineros en producción, así como diversas zonas de minería ilegal.
Otro 30% de la población expuesta a metales pesados y otros corresponde a zonas de Lima Metropolitana (1.2 millones personas; entre ellos gestantes y neonatos en Lima Norte), de las regiones de Callao (asociado al transporte de plomo), Ancash, Lima Provincias, así como de la minería ilegal en Madre de Dios.
Recordemos que hasta julio del 2019 existían 1,097 pasivos ambientales mineros de alto y muy alto riesgo, en un 83% concentrados en las cuencas de los ríos Llaucano (Hualgayoc-Cajamarca), Santa (Ancash), Mantaro (Junín), Rímac (Lima), Alto Huallaga y Alto Marañón.
Van tres presidentes constitucionales incluyendo al reciente Francisco Sagasti, desde la demanda de atención estatal urgente realizada por la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por metales pesados, metaloides y otras sustancias tóxicas, cuyas movilizaciones y pronunciamientos se dirigen a conseguir que el Estado cumpla con proteger y atender su derecho constitucional a la salud (Art. 7) y al acceso equitativo a los servicios públicos (Art.9) así como a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida (Art. 2 numeral 22). Han sostenido reuniones con el MINSA, han formado parte activa de la Mesa Técnica Multisectorial de la Comisión de Pueblos del Congreso sobre “Políticas para la atención y prevención integral de la afectación de la salud por contaminación con metales tóxicos y otros, asociados a la minería o hidrocarburos”, marco en el cual se logró que la PCM en la Audiencia Pública del 08 de julio 2019 se comprometiera en la creación de una Comisión Multisectorial hacia ese fin.
Pasó un año desde ese compromiso hasta que el 02 de julio 2020 por fin se creó “la Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, con el objeto de elaborar el informe técnico que contenga la propuesta del Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados” (Resolución Suprema N° 034-2020-PCM).
Así de esquivo, tardío, lento, burocrático e indolente es el Estado peruano que a dos meses de que termine el plazo de su funcionamiento, la Comisión Multisectorial no ha logrado avanzar sustantivamente en la responsabilidad que es su razón de ser: “elaborar el informe técnico que contenga la propuesta del Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados”.
Proteger y garantizar el derecho humano fundamental de la vida en estos territorios en conflicto social requiere no sólo enfrentar la crisis sanitaria COVID-19, sino también la crisis de salud humanitaria ambiental pre-existente que incrementa el riesgo para las actuales y venideras generaciones. Promover la inversión extractivista (y permitir el extractivismo ilegal), sin asegurar protección ambiental y vida saludable de la población es profundamente injusto y discriminador.
www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe