Gran inquietud se ha generado al interior de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, en Huancabamba (Piura), por la realización de una serie de actividades de parte de la empresa minera Río Blanco. Se presume que detrás de la reapertura de su oficina administrativa o de la campaña asistencialista en los colegios de la ciudad (medición de la vista a los niños, regalándoles una manzana, una caja de jugo, etc.), hay un gran interés por distaer la atención de la población y evitar informar sobre los graves e irreversibles impactos ambientales que se generarían de desarrollarse su proyecto minero.
En paralelo, la Oficina de Energía y Minas del Gobierno Regional de Piura, realizó el pasado jueves 16 de octubre en el Barrio el Alto de la Paloma (Huancabamba), un taller denominado “Promoción y Difusión minera y los mecanismos de la Participación Ciudadana”, con el objetivo de convencer a la población sobre los beneficios de la minería, para poder conseguir la licencia social para Río Blanco.
Como se recordará, el Proyecto Minero Río Blanco de la empresa Río Blanco Copper S.A. (antes llamada Majaz S.A.), subsidiaria de la empresa china Zijin Tongguan, cuenta con una concesión sobre los territorios de las comunidades de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca); y este, fue rechazado por la población a través de la famosa Consulta Popular del año 2007, en la que el 97% de la población optó por un modelo de desarrollo basado en la agricultura y rechazó dicho proyecto minero por considerarlo una grave amenaza al ecosistema del páramo andino que irriga las cuencas de la región Piura, y que alberga especies de flora y fauna endémicas.
Estos hechos se inscriben en la decisión política del Estado peruano de sacar adelante todos los proyectos mineros de su cartera, decisión que se vio respaldada con la promulgación, en el mes de julio, de la Ley 30230 “Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos y Permisos para la Promoción y Dinamización de la Inversión en el País”, (denominada “ley del paquetazo ambiental”); esta ley podría producir graves impactos, sobre todo, en la seguridad territorial de las comunidades nativas y campesinas, según informó Benito Guarnizo, comunicador social de Huancabamba.
Otro elemento que se suma a la preocupación de los comuneros, es la criminalización y persecución a sus dirigentes; esta se habría reiniciado al reactivarse las investigaciones penales contra los comuneros, que datan del año 2007, disponiéndose nuevas diligencias, renovándose órdenes de captura en su contra (las que se pretendieron efectivizar el día de las elecciones municipales y regionales), etc. No debemos olvidar que las acciones de la empresa, anteriormente, han dejado el doloroso saldo de varios comuneros muertos, heridos, víctimas de tortura en el campamento de la empresa, así como cientos de criminalizados.
El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú expresa su preocupación por estos hechos, que podrían generar nuevas situaciones de violencia en la zona, y llama a las autoridades en ejercicio y a las autoridades recientemente electas, a respetar la voluntad de las comunidades campesinas afectadas.
20 de octubre de 2014