En sesión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la abogada Mirtha Vásquez de Grufides, denunció que el Estado peruano viene incumpliendo con las disposiciones de esta instancia, pues hasta el momento no ha otorgado las medidas cautelares y de protección que este organismo ordenó para personas como Máxima Acuña y otros ciudadanos.
Por parte del Estado peruano estuvieron presentes el embajador Juan Jiménez Mayor, ex ministro de Justicia y el procurador Iván Bazán, acompañados de dos abogados, quienes respondieron con argumentos poco consistentes. Los representantes del Estado peruano señalaron que no existen situaciones de riesgo en Cajamarca pues es una zona totalmente pacífica desde el año 2012; que en el Perú existen instituciones como la Policía Nacional y la Fiscalía que protegen a los ciudadanos y que las personas mencionadas están ligadas a intereses políticos.
El Comisionado James Cavallaro, emplazó al Estado peruano para que acate las disposiciones emitidas y para que realice acciones concretas de protección efectiva a los ciudadanos en riesgo.
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