El día de ayer, el juzgado supraprovincial de Ica desestimó por tercera vez la acusación fiscal contra Oscar Mollohuanca, alcalde de Espinar, y un conjunto de líderes sociales de esa provincia cusqueña, acusados de generar violencia durante las protestas del año 2012 contra la minera Xstrata-Tintaya reclamando la renegociación del Acuerdo Marco y la intervención del gobierno nacional frente a las denuncias de contaminación minera. Lo que ha puesto en evidencia la decisión del juez es que todo aquello que se dijo en contra del alcalde y los dirigentes de dicha provincia eran afirmaciones sin ningún sustento.
A pesar de esto, el Primer Juzgado de Investigación de Ica le ha dado una nueva oportunidad al Ministerio Público para que reformule su acusación, aunque lo más probable es que finalmente el proceso termine archivándose en silencio, sin que nadie ofrezca disculpas a quienes fueron tratados como delincuentes comunes por el simple hecho de ejercer libremente su derecho a la protesta. Peor aún en un caso en el que el proceso fue trasladado a otra jurisdicción aduciendo falsas razones de seguridad, que no eran más que una excusa para maltratar a los procesados y complicar su defensa.
Es bueno recordar, además, que diversos medios de comunicación nacional contribuyeron a hacer mucho más complicados los esfuerzos de diálogo entre las partes, al generar una imagen totalmente distorsionada de las autoridades, dirigentes y de la población de Espinar, mostrándolos como agitadores violentistas que estaban totalmente en contra de la minería, cuando la realidad es que, desde hace muchos años, en esa provincia, se realiza actividad minera y siempre han existido procesos de negociación en busca de acuerdos para contribuir al desarrollo de Espinar.
Por ello, en Noticias SER saludamos la decisión de la Corte de Ica y confiamos en que el caso se archive definitivamente, ya que ello permitirá que el proceso de negociación del nuevo acuerdo marco entre la empresa Glencore-Xstrata y la provincia de Espinar llegue a buen puerto. Y para que sirva, además, como lección a quienes creen equivocadamente que la vía de la criminalización de la protesta es la manera de solucionar un conflicto.